El gobierno de Cambiemos afronta una nueva crisis a partir de la revelación del robo de identidades para costear su campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires en 2015. De «la transparencia y la honestidad» al lavado de plata y al FMI.
Resultado de la investigación del periodista Juan Amorín de El Destape se conoció que la campaña electoral de la alianza oficialista en el mayor distrito electoral del país tuvo, al menos, mil aportistas que desconocían absolutamente haberlo hecho. La lista va desde beneficiarios/as de planes sociales hasta intendentes como el del Mar del Plata, pasando por monotributistas, trabajadores/as estatales y un largo etcetera. Con el correr de los días el listado fue creciendo a través de su difusión en las redes sociales contra el cerrojo de los grandes aparatos mediáticos.
El gobierno intentó minimizar el tema y mantenerse en silencio pero ante la escalada viral se vio obligado a tener que desplazar a la contadora general de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, quien fue la responsable financiera de la campaña y había sido solo designada una semana atrás como la persona que debía auditar las cuentas provinciales. Sin embargo, no sólo Inza es responsable del fraude en el balance electoral, sino la propia Vidal en su calidad de presidenta del partido en el distrito. La salida de una funcionaria de segunda linea es un intento para que sean «perejiles» que paguen los costos políticos y preservarse a sí misma.
El oficialismo también intenta presentarse como la víctima de una legislación deficiente. En realidad, el PRO y todos los partidos patronales explotan al máximo los límites de la ley de financiamiento partidario con la vista gorda de la Justicia que, en cambio, suele hacer recaer todo su peso en los partidos más pequeños. Detrás del manto discursivo de la honestidad, sale a la luz el verdadero financiamiento del gobierno de los CEO’s a través del lavado de dinero y la utilización de identidades falsas.
Naturalmente surge otra pregunta básica: ¿de dónde sale el dinero que se lavó con los aportistas truchos? El gobierno ni se interesa en disimularlo cuando en su queja por los falencias de la ley propone una reforma que habilite los aportes de las empresas y personas jurídicas. Más claro imposible: el PRO quiere blanquear el financiamiento partidario de las grandes patronales que luego se expresan en las políticas que aplican contra la clase obrera. Por supuesto esto convertiría a la competencia electoral en una farsa todavía mayor a su expresión actual pues los partidos patronales contarían con una enorme cantidad de recursos de las empresas contra el financiamiento estatal tardío muchas veces o incluso nulo para las fuerzas más chicas.
El tema no es casual, aunque haya explotado inesperadamente, a la coyuntura política que vive el país. Un sistema político sostenido por el financiamiento empresario es el complemento de un acuerdo con el FMI y su ofensiva contra los derechos y condiciones de vida de la clase trabajadora.
En este panorama, nuevamente se contrapone el modelo de los partidos patronales inmiscuidos en numerosas tramas de financiamiento ilegal -como ocurrió también en España recientemente- con las fuerzas de izquierda y populares que nos sostenemos con el aporte y apoyo de las y los laburantes. Esa es la alternativa a profundizar frente a los negociados y corruptelas de las organizaciones del sistema.