La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) surgió en 1953 a partir de la unificación de la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (SPEC). EPEC es sinónimo de empresa estatal, siendo la cuarta empresa de energía más grande del país. En ella trabajó Agustín Tosco, referente indiscutido del sindicalismo combativo de la década del ´60 y ´70 que comandó el Sindicato de Luz y Fuerza y posteriormente la CGT de los Argentinos.
Esa misma empresa estuvo a punto de ser privatizada en los años 2000 y 2001, en el primer mandato del gobierno de José Manuel De La Sota. Carlos Caserio, hoy senador nacional por el PJ, era el ministro de Obras Públicas y tenía como misión ofrecer la empresa a nivel internacional. Sin embargo, no pudieron concretar la privatización de EPEC por la férrea defensa de los/as trabajadores/as que, nucleados en el histórico Sindicato de Luz y Fuerza, lograron defender la continuidad de la empresa en manos estatalesy proteger los 500 puestos de trabajo que el gobierno quería recortar para “hacer más rentable” la empresa.
La lucha popular del Argentinazo en el 2001 hizo que el proyecto privatizador quedara en un cajón y la EPEC siguió siendo estatal, aunque la idea de vender la última joya de la abuela siempre se mantuvo en la cabeza de los jefes del PJ local.
El avance del peronismo sobre EPEC y sus trabajadores/as
Hoy, 18 años después de ese intento fallido de privatizar EPEC, el gobierno provincial avanza en el plan de vaciamiento, acusando a las y los trabajadores de ser responsables del desfalco, instalando en la opinión pública la crítica hacia la parte obrera de EPEC que ganó uno de los convenios colectivos de trabajo más favorable del país gracias al esfuerzo de años de lucha.
El Directorio impulsó -y la Legislatura oficialista aprobó- la reducción del beneficio de energía diferenciada y la eliminación de fondos compensadores. EPEC hace meses que ha dejado de pagar la deuda que tenía con CAMMESA, empresa mayorista, lo cual lleva a acumular intereses de deuda. La colocación de deuda por 1.800 millones de dólares no ha alcanzado a cubrir los rojos de una pésima administración de la empresa.
La forma de cubrir los huecos dejados por el directorio ha sido el pedido sistemático de aumentos tarifarios, que el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos) ha aprobado sin chistar.
Números que (supuestamente) no cierran
A principios de junio informaron a la sociedad que EPEC no cuenta con el dinero para pagar los salarios. Castigando a quienes participaron de las distintas medidas de fuerzas, los salarios se están pagando en cuotas y el principal argumento que esgrime el gobierno es que “los números no cierran”.
Sin embargo, el Directorio de EPEC se da el lujo de usar los cargos de mayor remuneración para pagar favores políticos. Un ejemplo de ello fue la creación de un nuevo cargo en la orgánica de la empresa y posterior designación de Jorge Leiva, hijo de un fiscal de la Cámara de Acusación que tenía en su fuero las denuncias de corrupción por pago de coimas de empresas brasileras a funcionarios provinciales en la causa Odebrecht. El salario previsto para este nuevo cargo es de $129.000 de bruto.
El vaciamiento continuó con la tercerización de la lectura de medidores y tres empresas se disputan quién se quedará con el negociado. También se suma al cierre de tres centros de atención para pasar a la modalidad de pago electrónico, donde se benefician empresas como Pago Fácil, propiedad del presidente Macri. Por oponerse a esta modalidad fue desplazado de su cargo, pese a tener fueros gremiales por ser delegado, Héctor Agustín Tosco, hijo del histórico dirigente.
Defendamos la EPEC
Hasta ahora el Sindicato de Luz y Fuerza es quien más impulsó históricamente la lucha por la defensa de EPEC. Pese a los históricos vínculos con el PJ, la conducción burocrática del sindicato ha tenido que movilizar por el nivel de ofensiva gubernamental. Es importante acompañar la lucha de Luz y Fuerza, exigiendo la continuidad de EPEC como empresa estatal, proponiendo que exista una dirección obrera y de los y las usuarias para garantizar los plenos derechos laborales y el acceso a la energía con tarifas populares para el pueblo trabajador.