Al día siguiente de las inmensas movilizaciones que año a año sacuden al país levantando las banderas de nuestros y nuestras 30 mil, y en las que venimos denunciando el carácter reaccionario y ajustador del gobierno nacional, se produjo un hecho lamentable. Este 25 de marzo vimos a funcionarios de gobiernos municipales y provinciales marchar en columnas repletas de curas y sectores asociados al capital concentrado y a las fuerzas represivas del estado, manifestándose en contra del acceso a un servicio de salud pública integral para las mujeres y personas con capacidad de gestar
Bajo una convocatoria mentirosa con el lema “a favor de la vida” vimos hijos de represores y apropiadores de niños y niñas manifestarse a favor de seguir perpetrando sentencias de muerte a las mujeres pobres que nos atrevemos a pensar por nosotras mismas desafiando el mandato obligatorio de maternidad.
Teniendo en cuenta que realizarse un aborto en una clínica privada cuesta alrededor de diez mil dólares y que una caja de Misoprostol cuesta cerca tres mil pesos, a las mujeres trabajadoras y personas con capacidad de gestar que ganamos sueldos miserables nos condenan a recurrir a métodos inhumanos que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida.
No nos parece casualidad ver a los sectores más acomodados manifestándose a favor de una política que ataca brutalmente a las mujeres de las clases populares. Tampoco nos sorprendemos al ver al intendente de San Miguel, Jaime Méndez, y a la Directora de Políticas de Género del municipio, Raquel Fried, marchando contentos y orgullosos junto a grupos neonazis como el encabezado por Biondini o junto a la defensora de genocidas Cecilia Pando. Y es porque su ideología reaccionaria comparte el odio hacia las clases populares y a sus organizaciones; el Intendente Jaime Méndez es funcionario de Cambiemos, la fuerza que impulsa desde el gobierno nacional la Doctrina Chocobar que recientemente asesinó cobardemente a un niño de tan sólo doce años en Tucumán.
El pasado 8 de marzo las calles de San Miguel se habían colmado de mujeres y disidencias para exigir que el Estado Municipal destine recursos en defensa de nuestra atención integral. Reclamos que van desde refugios y equipos de acompañamiento para mujeres que sufren violencia, hasta consultorías amigables de salud sexual y reproductiva que no nos discriminen a las lesbianas, gays, travestis y trans. Es una vergüenza que el municipio, en lugar de escuchar los reclamos de quienes vivimos en San Miguel, destine recursos a movilizar toda la estructura municipal en contra de nuestros derechos.