Con el pretexto de la reconversión tecnológica en los medios de comunicación a nivel mundial, en nuestro país los empresarios y el gobierno buscan avanzar tras objetivos políticos íntimamente vinculados: las condiciones de vida de la clase trabajadora, menos derechos laborales, menos voces críticas en los medios y más concentración mediática para poder sostener públicamente un proyecto estratégico.
La extorsión en la paritaria de TV: un caso testigo
El SAT SAID comenzó la discusión salarial exigiendo un 29% de aumento, 25 por la inflación anual y 4 por el poder adquisitivo perdido en la paritaria del año pasado (que se había cerrado en un 38% en dos cuotas). La intervención del gobierno este año, en la paritaria que se abrió con el vencimiento del acuerdo el 30 de septiembre, fue central. Al comenzar la negociación el Ministerio de Trabajo decretó una conciliación obligatoria que impidió al gremio realizar medidas de fuerza durante veinte días hábiles. El gobierno, fortalecido del triunfo electoral, primero fijó un techo de un 20% y luego los empresarios extorsionaron al gremio con la apertura de los convenios colectivos a cambio de un aumento del 23. Luego de la movilización a las puertas de las cámaras ATA y CAPIT ubicada en la Avenida Córdoba, el 16 de noviembre finalmente se realizó un paro que contó con un gran nivel de acatamiento. Ante la nula respuesta el 28 volvió a realizarse otro paro con movilización al Ministerio de Trabajo.
Puestos de trabajo, condiciones laborales y libertad de expresión
A esta situación extorsiva se llega luego de dos años de miles de puestos de trabajo perdidos en los medios de comunicación, entre ellos la TV, con casos como los de CN23 en donde se perdieron más de cien a través de retiros compulsivos y despidos. El debate que se instaló más mediáticamente luego de los discursos en la entrega de los Martín Fierro de la Radio ilustra lo que desde el SiPreBA se viene denunciando sistemáticamente y que ahora se expresa en un proyecto de ley para declarar la Emergencia Laboral en el sector. A los 2500 puestos de trabajo perdidos por cierres, despidos, retiros u otras situaciones, se suman las violaciones constantes de las leyes vigentes como los estatutos del periodista profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas o los convenios colectivos, el avance en la precarización laboral y otro elemento de carácter profesional y sobre todo político: el aniquilamiento de la libertad de expresión, la profundización de la concentración mediática y el cercenamiento de voces opositoras o críticas.
La crisis que pretenden instalar
Es cierto que los medios de comunicación atraviesan una nueva situación mundial producto de la reconversión tecnológica. Pero también es cierto que las y los trabajadores de los medios enfrentan un ataque particular en una avanzada general del capitalismo que busca reconfigurar el modelo de acumulación en toda la región. Los empresarios de nuestro país, representados en el gobierno de Mauricio Macri como pocas veces en la historia, pretenden erigirse como punta de lanza de este proceso que se extiende en América Latina. El paquete de reformas neoliberales que pretenden llevar adelante en nuestro país es un ejemplo de ello, así como también los acuerdos sectoriales como el de petroleros en Vaca Muerta o de la UOM Tierra del Fuego. Esta situación tiene su expresión especifica en los medios. No podemos descartar que, en caso de seguir avanzando, los empresarios del sector ataquen los convenios y el Estatuto del periodista con la colaboración de la burocracia de la UTPBA.
Pero además, los sectores dominantes pretenden medios masivos dóciles que instalen determinado clima de época y muestren públicamente un supuesto consenso social afín a su proyecto. Por eso hay una clara política impulsada por el Estado que tiene una «actitud prescindente» ante cada conflicto laboral o profesional en los medios de comunicación, con una clara complicidad con los empresarios. Al cierre o los inclumplimientos y el fraude de numerosos empresarios vinculados al kirchnerismo se suman también otros como de la Agencia DyN, de Clarín y La Nación que dejó a 96 trabajadores en la calle tras cerrar, ratificando una vez más que entre patrones no hay grieta. En todos y cada uno de estos casos el Estado miró para un costado.
En este escenario y desde nuestra perspectiva como trabajadores y trabajadoras, el proyecto de ley por la emergencia laboral en los medios debe ser un instrumento de acumulación que permita unificar a las y los trabajadores del sector en defensa de los puestos de trabajo y el convenio, a partir de una campaña pública de difusión y pronunciamientos y en las redacciones, como una herramienta para fortalecer la organización gremial de base, para comenzar a construir un cambio en la correlación de fuerzas.
Unidad, coordinación y lucha
En este escenario adverso, afrontar esta situación conflicto por conflicto aunque sea una necesidad inmediata es como pretender apagar el incendio de un bosque con una manguera. La coyuntura de los medios pero sobre todo por la decisión política del Estado y las patronales de avanzar brutalmente en la concentración y de liquidar las conquistas históricas de la clase trabajadora incluidos las y los trabajadores de medios, requiere de estrategias que excedan lo particular. En primer lugar, es necesaria la unidad con el conjunto de la clase y pelear codo a codo independientemente de los gremios a los que pertenezcan o su condición de asalariados y conveniados, precarizados y autogestivos.
Un ejemplo de esto es el acompañamiento del SiPreBA en determinadas situaciones a las medidas del SAT SAID, tal como sucedió en distintos momentos tanto en TN, Telefé o la TV Pública, con comunicados y pronunciamientos públicos o incluso medidas de fuerza en solidaridad y por reclamos comunes. Lo mismo ocurre con la inclusión de los medios alternativos en la ampliación y democratización del Estatuto Social del SiPreBA, que permite superar la barrera entre trabajadores convencionales y autogestivos, justo cuando la autogestión aparece como una salida económica y profesional frente a la debacle del sector, como sucedió por ejemplo con Tiempo Argentino o Infonews, entre muchos otros. En los medios públicos, los trabajadores de Telam, TV Pública y Radio Nacional nucleados en el SiPreBA ya pusieron en marcha su mesa de coordinación para resistir el ajuste y defender la comunicación pública.
En esa línea, es necesario dar un debate sobre el rol de los sindicatos de la comunicación como herramientas de lucha más allá de la defensa particular ante cada conflicto, a la vez que es imprescindible que sean parte activa de las movilizaciones convocadas por los sectores del movimiento obrero y el campo popular y se propongan enfrentar en las calles las reformas laboral, previsional e impositiva que atentarán contra sus propias condiciones de vida.