A fines de octubre el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó un “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” y las «Pautas Mínimas de Actuación para Registros Personales y Detención en la Vía Pública de Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” que se orienta hacia la criminalización de las personas trans, travestis y disidentes sexuales.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Patricia Bullrich y el antecedente de este proyecto, fueron las acciones impulsadas por la ex ministra Nilda Garré que obligó a las fuerzas armadas a hacer un curso de “inclusión” en 2011 “para respetar la identidad de género”.
Siguiendo esta falsa retórica de los derechos humanos, el Ministerio de Seguridad, aprueba este protocolo a pocos días de realizarse la histórica marcha del Orgullo Gay, como advertencia al movimiento para «resguardar el orden» y seguir imponiendo las reglas de la heteronormatividad.
En rigor el Protocolo firmado por Bullrich no presenta grandes innovaciones respecto al sancionado por el Ministerio de Seguridad en épocas de Nilda Garré (Resolución Nº 1181/2011), salvo por la adecuación a algunos procedimientos a la ley de Identidad de género sancionada con posterioridad (Ley 26.743/2012). En realidad, el protocolo debe ser leído en un contexto de recrudecimiento represivo impulsado desde el gobierno para imponer sus políticas de ajuste en contra de nuestro pueblo, donde el colectivo de disidencia sexual, representamos uno de los sectores sociales más vulnerables a las políticas de hambre y desempleo.
El protocolo establece que las fuerzas represivas deben referirse a las “Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” según el nombre de pila y género elegidos, que deberán ser alojadas según el género autopercibido o en una celda separada si existiese riesgo a su integridad. También se agrega que deben ser requisadas (“registro de la persona sin vestimenta”) por personal femenino, negando la vasta y compleja diversidad de géneros y las relaciones de poder que la atraviesan y reglamentando así la desnudez forzada que ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006.
Por otra parte, indica que la detención debe seguir “el modelo de Uso Racional de la Fuerza”, el cual remite también a una resolución firmada por la ministra Garré en 2012 sin que todo ese esfuerzo por el “cambio cultural” de todas las fuerzas represivas haya modificado los objetivos y acciones cotidianas de la institución: usar la fuerza del Estado para disciplinar los sectores populares y las disidencias políticas y sexuales.
Durante los últimos años hemos visto un creciente ejercicio de violencia estatal y paraestatal sobre las mujeres y las disidencias sexuales. Sólo en este año fuimos testigxs de la represión del 8M tras el Paro Internacional de Mujeres, la persecución policial de las dos adolescentes que se besaban en una plaza de Morón, las muertes de las compañeras trans Angie y Pamela en el penal de Florencio Varela, las razzias en Constitución por las que se llevaron detenidas a más de 40 travestis, el travesticidio de Ayelén Gómez en Tucumán años después de haber sido violada por dos policías provinciales aún impunes, la criminalización de Higui por ser lesbiana y defenderse de un intento de violación, la detención de Mariana por besar a su esposa en Constitución y la reciente golpiza a tres mujeres trans en La Plata realizada por efectivos de la policía local.
El protocolo no es más que otro intento del gobierno por normativizar la represión. La incorporación al Ministerio de Seguridad de la trans Mara Pérez Reynoso sólo apunta a legitimar su orientación represiva. El oficialismo incorpora en sus filas a personas del movimiento disidente, que no nos representan, con ese único fin, mientras miles de trans y travas que exigimos la implementación del cupo laboral trans/travesti para una vida digna y libre de violencia machista, sólo encontramos rechazo.
El protocolo insiste en mantener los prejuicios de géneros mientras que garantiza la persecución de las mujeres trans o travestis que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por realizar actividades de superviviencia en la calle. No se debe olvidar que su sanción se enmarca en la plena vigencia de numerosos códigos de faltas y contravencionales que condenan “actos de homosexualismo” o “vestirse con ropas del sexo opuesto” como es el caso del Código mendocino y otros Códigos contravencionales de faltas que estuvieron vigentes hasta hace pocos años atrás, que haiblitaban a las detenciones por identidad de género u orientación sexual, como fueron los códigos de las provincias de Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Fe y Formosa.
El Protocolo retrata con claridad que el gobierno está más preocupado en la persecución de personas disidentes que en garantizar sus derechos y hacer lugar a los reclamos por cupos laborales y por la reparación histórica ante la cotidiana represión estatal.
El sábado 18, en una nueva manifestación de la Marcha del Orgullo, vamos a las calles por la derogación de este código represivo y todas las normas contra el colectivo LGBTTTBIQ+, por el cupo laboral trans /travesti ya y trabajo genuino, por el fin de los crímenes de odio y para exigir justicia por Diana Sacayán.