Por María del Carmen Verdú
“… La bala que mató a Mariano, salió del corazón mismo del estado. Señores jueces, es sobre un crimen de estado que deberán dictar sentencia. … La sentencia que este tribunal dicte, deberá ser ejemplar, y aleccionadora para todos aquellos que creen que encarcelando o matando obreros pueden frenar las luchas de los explotados, y aleccionadora para los que no entienden cuál es el motor de la historia”. (Cierre de nuestro alegato en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra).
El 20 de octubre de 2010, a menos de dos horas del ataque criminal sobre los trabajadores ferroviarios tercerizados que se movilizaron en reclamo por su reincorporación, mientras Elsa Rodríguez resistía en la mesa de operaciones y ya sabíamos que Mariano había fallecido, el corte en la esquina de Callao y Corrientes era masivo. Allí denunciamos, junto a los compañeros y compañeras que llegaron desde Barracas, algunos heridos, que el crimen había sido cometido de conjunto por los históricos socios antiobreros: la burocracia de la Unión Ferroviaria, la patronal UGOFE y el gobierno.
La policía bonaerense empujó a los manifestantes, a puro balazo de goma, desde Avellaneda hasta la ratonera al pie del Puente Bosch, donde operó el relevo con la policía federal, que habilitó el paso de la patota, les cubrió las espaldas tras el ataque, y les garantizó la retirada, con las armas de fuego empleadas -al menos tres de puño y una escopeta recortada-, al tiempo que impidieron que los compañeros, recuperados del ataque, los persiguieran y atraparan.
Pero no sólo el aparato represivo representó al estado, y su gobierno de entonces, en el armado del plan criminal que buscaba disciplinar a los trabajadores en lucha contra la precarización y la tercerización. Poco a poco, en el marco de la causa judicial, pudimos comprobar que el ataque fue concebido y organizado desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios amigos y desde los despachos oficiales.
Por eso, desde el principio, y especialmente desde que la generosa invitación que realizaran los compañeros del Partido Obrero nos permitiera participar de la querella en representación de Elsa y los demás heridos, nuestra intervención, en lo técnico, pero sobre todo en lo político, se centró en explicar que no sólo “Fue Pedraza”. Fue Pedraza, qué duda cabe, pero también fue la empresa precarizadora, y fue el gobierno.
Cuando nos tocó ir a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que debía resolver las primeras apelaciones de los integrantes de la patota, lo dijimos con claridad: “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Estaban presos, entonces, algunos integrantes de la patota de la UF. Faltaban otros integrantes del grupo de choque, faltaban sus jefes, José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, faltaban los policías y los funcionarios gubernamentales, como los ministros Aníbal Fernández, Carlos Tomada y De Vido, y varios de sus secretarios y subsecretarios.
La tarea del poder judicial, durante la instrucción y el juicio oral, fue la de desligar la actividad de las fuerzas de choque, de la actividad del aparato represivo del Estado, y de la actividad del gobierno nacional, como quedó probado con la inicial separación de causas, una contra la patota y otra contra la policía. En todo momento, jueces y fiscales dieron una relevancia menor a la actuación del Estado a través de la Policía Federal, a pesar de que el propio ministerio de Seguridad admitió su rol institucional cuando dio intervención, para la defensa de comisarios, subcomisarios y oficiales, a los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Finalmente, ni los empresarios ni los funcionarios ministeriales fueron tocados, a pesar de lo explícito de los diálogos telefónicos obtenidos en las escuchas, posteriores, al crimen, de los teléfonos de Pedraza y Fernández.
Logramos unificar las causas y llegar a un solo juicio oral contra la patota, sus jefes y los policías, donde se condenó a Pedraza y Fernández a 15 años de prisión; a Pablo Díaz, Cristian “Harry” Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez a 18 años de prisión, a Daniel González y Salvador Pipitó a 11 y a Gustavo Alcorcel a 8 años, mientras que los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra fueron condenados a 10 y 9 años de prisión respectivamente. Las leves penas contra el resto de los policías (comisario Hugo Ernesto Lompizano, subcomisario Luis Alberto Echavarría, oficial Gastón Maximiliano Ezequiel Conti y agente David Ismael Villalba) mostraron la decisión política de cortar allí la cadena de responsabilidades. Como tituló CORREPI en el comunicado emitido tras la sentencia, “se condenó a individuos para salvar al sistema”.
Lo confesó el presidente del tribunal oral 21, que descartó la existencia de ese plan criminal tripartito con estas palabras: “La querella del PO, la Dra. Verdú, de CORREPI nos está hablando de un plan de tres patas, empresarios, ferroviarios y gobierno… ello da cuenta más de su propia visión del mundo que de un elemento que pueda transferirse de razonamiento en razonamiento”.
Fueron varios los pases de magia usados por el tribunal para fundamentar su postura. Primero, desdibujaron la noción de tercerización de la represión, al definirla como “un gobierno que por un lado dice que no se criminaliza la protesta y por el otro lado permite que particulares lo hagan”, cuando lo que nosotros planteamos no es que el gobierno “permite que particulares repriman”, lo que sería una simple omisión no intencional, sino todo lo contrario: que bajo determinadas circunstancias, el poder político prefiere no atacar a los trabajadores frontalmente con su aparato oficial, sino que usa, como complemento o directamente en su reemplazo, a sus grupos de choque inoficiosos.
La segunda prestidigitación se centró en la interpretación benevolente que hicieron de los explícitos diálogos de los burócratas de la UF con los ministros, secretarios y subsecretarios del gobierno nacional, que no dejan duda sobre su comunidad de intereses, y su coautoría.
El tercer truco mistificador fue descalificarnos por manifestar nuestros principios y dar cuenta de nuestra propia visión del mundo, como si ellos, en el fallo, y a lo largo y ancho de su carrera judicial y su vida, hubieran hecho otra cosa que expresar sus principios y su “visión del mundo”, diametralmente opuestos a los de quienes asumimos el punto de vista de la clase obrera.
Tenían que negar el plan criminal y el uso de la tercerización de la represión por exigencia de sus mandantes. Así, condenaron a medias, para garantizar la impunidad de la patronal y el gobierno, y se negaron a ordenar que se investigue a los funcionarios del gobierno nacional, a los empresarios de UGOFE, a otros policías federales y provinciales y otros miembros de la patota. Justificaron la condena por “homicidio simple”, y no por el homicidio calificado por haber sido cometido por más de dos personas, en que “los acusadores no probaron el acuerdo previo para matar”. Fue, según los jueces, una trágica casualidad que todos, tan bien coordinados, hicieran lo que debían hacer para que el ataque se consumara.
Pero la verdad, cuando es evidente, se impone sola. El fallo en sí mismo indica que hubo un plan, y no un simple homicidio. Es imposible imaginar que la patota de Pedraza y los comisarios condenados se pusieran de acuerdo sin la venia de sus jefes políticos. Fue un fallo autocontradictorio, pero completamente lógico desde la perspectiva del sistema.
Fue, también, y centralmente, un enorme triunfo de la lucha organizada. Actuando de conjunto con el Partido Obrero y en unidad de acción con todas las organizaciones, compañeros y compañeras que se sumaron para rodear la pelea de fuerza militante movilizada, logramos arrancar una condena que, a pesar de sus limitaciones, es histórica, y en la que pudimos obtener ese resultado sin quedar atrapados en la falacia de una legalidad que no nos pertenece ni está pensada para defender a los trabajadores y el pueblo.