Mientras las disputas dentro de la coalición gobernante crecen, el ajuste y la inflación siguen su curso. Pese a los tironeos internos, ambas fracciones del Frente de Todos coinciden en algo: pagar una deuda que es una estafa y que condena a nuestro pueblo a más hambre y penurias. Ante el surgimiento de alternativas que no lo son, como constituir un “Fondo para pagarle al Fondo”, es necesario retomar acciones unitarias para luchar contra el ajuste y enfrentar al FMI, al gobierno y al empresariado que nos hambrean.
Senadores alineados con el kirchnerismo dentro del Frente de Todos (FdT) anunciaron recientemente el impulso de un proyecto que establece la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de deuda con el FMI”. El borrador del proyecto está ya en comisión en el Senado. El fondo en cuestión se conformaría con un impuesto extraordinario a quienes posean bienes no declarados en el exterior, es decir, capitales producto de acciones ilegales y evasión fiscal. El costo de blanquear esos activos sería de un 20% si sus propietarixs se avienen a hacerlo voluntariamente. Para quienes realizaron maniobras de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal a gran escala se plantea una tasa inferior a la que unx desocupadx o unx trabajadorx paga de IVA cuando consume la mayoría de los productos alimenticios de la canasta básica que aún tienen esa alícuota. Pero, fundamentalmente, lo recaudado se destinaría para saldar una deuda externa que se reconoce como fraudulenta.
Se trata de un proyecto que parecería menos una herramienta fiscal aplicable que una declaración de intenciones para diferenciarse dentro de la coalición gobernante.
¿Un fondo para pagarle al Fondo?
En nuestro país no solo hay grandes empresas y pulpos financieros que fugaron millones. Hay grupos empresarios que declaran ganancias multimillonarias pero que, al momento de comprar divisas legalmente, no pueden justificar los montos siderales de dólares a los que accedieron. Tal es el caso del Grupo Arcor, una de las principales ganadoras en el rubro alimentos, que en 2019 acumulaba ganancias por cerca de u$s 65 millones y adquirió 255 millones de dólares en el Mercado Único Legal de Cambio (MULC). Este grupo declaró en 2021 ganancias en pesos por encima de los 20.000 millones de pesos, mientras en nuestro país los precios de los alimentos trepan de manera escandalosa… algo a lo que la empresa de Pagani contribuye desde su posición monopólica en varios rubros.
En Argentina, menos de 100 empresas adquirieron de manera “legal” más de 24.700 millones de dólares entre 2016-2019, y el Banco Central dispone del listado. El propio Horacio Rovelli, economista ligado al kirchnerismo y exfuncionario, denuncia esta situación.
Si bien es correcta la propuesta del levantamiento de las normativas que hacen al llamado “secreto financiero y bursátil” que en parte nos legó la dictadura y ningún gobierno posterior desmontó, la finalidad no puede ser una medida tendiente a la recaudación fiscal para pagarle al organismo que impone los mismos lineamientos que se critican. Es decir, resulta inadmisible que se piense como progresivo idear un impuesto a quienes fugaron capitales para pagarles a quienes financiaron esa fuga. El endeudamiento, por un lado, y la evasión y fuga de capitales, por otro, son complementarios. La idea de que lo segundo es “una anomalía” y no una constante en el capitalismo, es insostenible. De la misma manera que resulta ridículo pensar que el FMI o la Embajada yanqui serán aliados y colaboradores en la tarea de detectar casos de evasión fiscal a gran escala.
Efectivamente, “los que la fugaron” la tienen que pagar. Pero no para recaudar lo que los prestamistas exigen y que fue motor de ese endeudamiento ilegal, sino para resolver de manera urgente el problema del hambre y la miseria de nuestro pueblo, en el que un 40% de pobreza y casi un 10% de indigencia sumergen a más de 17 millones de personas en una vida sumamente precaria. Si se reconoce que la deuda es con los pueblos, no se pueden impulsar medidas para recaudar fondos para los organismos usureros. El empresariado local y trasnacional, los banqueros y monopolios son los beneficiarios de esta miseria, y de ninguna manera pueden aportar a su resolución. Todo impuesto a la riqueza y ganancias extraordinarias debe aplicarse a resolver los urgentes problemas del pueblo, y no para reconocer una estafa.
Denunciar al FMI, pero no para terminar pagándole
Recientemente se anunció el lanzamiento del Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI). Desde ese espacio, y en sintonía con la propuesta del kirchnerismo de cobrarles impuestos a quienes fugaron, pero para pagar al FMI, se habla del peso de la “deuda interna” que es “con el pueblo”, pero finalmente se brinda un apoyo explícito al proyecto mencionado: “el Comité apoya propuestascomo el aporte especial de emergencia para gravar impositivamente a que quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco”. Resulta llamativo cómo en el documento del CADI se denuncia lo insignificante del valor actual del salario mínimo, pero encuentra entre sus impulsores al líder de una de las centrales que rubricó ese monto de miseria, como Hugo Yasky, diputado kirchnerista y cabeza de la CTA-T. Si bien el texto del CADI logra sumar algunas adhesiones entre luchadorxs sociales, comunicadorxs y referentes de DD.HH., se trata de un espacio que ni por composición ni por programa puede contribuir a resolver los problemas del pueblo. En cuanto al primer aspecto, hay una marcada hegemonía de diputadxs kirchneristas del frente Patria Grande, burócratas sindicales como Moyano o Yasky, pero también empresarios como Santa María (Grupo Octubre), Bilanski (de la CAME) o Fera (Marolio-Maxiconsumo). En el segundo aspecto, como se dijo, mientras se habla críticamente de la deuda externa se promueve una medida para financiar su pago y no se plantea ningún curso de acción contra el empresariado ni mucho menos contra el gobierno que la mayor parte de los firmantes integran y sostienen.
Por un frente contra el FMI y por el no pago de la deuda
Luego de la sanción de la ley que reconoce el nuevo ciclo de endeudamiento, el monitoreo y el pago al FMI, se produjo una discontinuidad en las acciones que se venían sosteniendo. Desde el espacio que unitariamente había impulsado las masivas movilizaciones contra el acuerdo del gobierno y el FMI, no hubo nuevas convocatorias. Es notorio que existen divergencias en los balances sobre la acción directa en el Congreso durante la jornada del 10 de marzo que tenemos las distintas organizaciones que integramos ese espacio. Lo preocupante es que no haya voluntad de reunir dicho frente por parte de las fuerzas políticas mayoritarias, que a la sazón son también las que vienen teniendo ríspidas disputas por los armados electorales y que protagonizaron un episodio lamentable recientemente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Mientras en muchos casos existen numerosos reparos hacia la acción directa del 10M, se ejerce y se trata de justificar la violencia entre militantes de izquierda en una rencilla de aparatos sin la menor autocrítica.
Es preciso que como izquierda y pueblo en lucha podamos superar estas y otras limitaciones. La vacancia de este espacio propicia involuntariamente el surgimiento de falsas alternativas como la que promueven Grabois, Hagman, Moyano y compañía. Urge ampliar los contornos de un verdadero frente anti FMI, que denuncie la fuga de capitales, pero que a la par que señale la complicidad del empresariado criollo, íntimamente ligado al imperialismo, promueva el desconocimiento de la deuda externa, la nacionalización del comercio exterior y un verdadero control popular sobre la producción y distribución de alimentos. Resulta inaceptable que el hambre y la especulación crezcan en un país que sigue siendo un gran productor en este rubro.
Debemos forjar la mayor unidad posible en las calles contra el FMI, el gobierno y el empresariado que nos hambrean.
