Luego de idas y vueltas en las negociaciones, de días de presión cambiaria y de declaraciones altisonantes, el gobierno y el FMI anunciaron un principio de acuerdo. Para financiar los impagables vencimientos pactados por el macrismo, el peronismo acordó un nuevo y millonario ajuste en el gasto público y el monitoreo constante del FMI. La movilización popular será determinante para intentar ponerle freno a un acuerdo que promete traer más hambre, miseria y dependencia.

 

Con los jardines de la Quinta Presidencial de fondo, Alberto Fernández anunció el viernes 28 por la mañana que se firmará el acuerdo con el FMI. En un video grabado de 5 minutos de duración en el que no dio detalle alguno y apeló a diversos lugares comunes sobre el origen de la deuda y la necesidad de crecimiento económico, el presidente anticipó el pacto con el organismo en medio de un mercado cambiario agitado. En el mensaje, estuvieron ausentes definiciones sobre las medidas e implicancias del acuerdo. Sí, en cambio, sobreabundaron los clichés: “Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles (…) Teníamos una deuda impagable y ahora un acuerdo razonable (…) Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro”.

La letra chica de este principio de “entendimiento” anunciado en estéreo entre gobierno y FMI no está a la vista aún. Lo que está fuera de discusión es que el oficialismo peronista, como partido del orden, no va ser quien rompa las amarras con el imperialismo. Por el contrario, le concederá en la práctica al FMI un cogobierno para que dictamine desde Washington el ritmo del ajuste.

 

“Los pueblos siempre vuelven” …a pagar una fiesta ajena

Según declaran los funcionarios de Economía, incluyendo al propio Guzmán, el acuerdo proyectado implica reducir más el déficit fiscal primario, que deberá pasar a un 2,5% este año, luego al 1,9% en 2023, a un 0,9% en 2024 y a 0% en 2025. Para graficar el impacto, cada punto porcentual del PBI –en valores actuales- ronda los U$S 4.000 millones. Solo en lo presupuestado para el año en curso, se estima que la poda debería rondar los 400.000 millones de pesos. Como parte del acuerdo, además, se restringirá la emisión monetaria y habrá una devaluación del peso que haga que la brecha cambiaria no supere el 30% (la cotización del dólar importador oficial y los financieros o el paralelo actualmente es de más del 100%). Desde Economía aseguran que el ajuste y la devaluación serán “graduales y sin saltos”. Lo cierto es que estos recortes que, según el oficialismo, no son tan drásticos como el FMI hubiera querido y supuestamente excluyen reformas estructurales como la laboral o previsional, se montan sobre un terreno arrasado: los niveles de pobreza en nuestro país se ubican por encima del 40%, y entre niñxs y adolescentes, superan el 50%.

Mientras se despotrica contra el macrismo, se reconoce una deuda inmoral y usuraria; además, se acepta nueva deuda para poder hacer frente a los vencimientos impagables de los próximos dos años y medio. A su vez, se avalan “misiones técnicas” del FMI que, con una frecuencia trimestral, auditarán las cuentas y el ajuste de manera vinculante. Es decir, que ante incumplimientos que el Fondo considere, podrán frenar el suministro de préstamos que sirvan para refinanciar la impagable deuda que contrajo el gobierno macrista. Se trata de un verdadero cogobierno con el FMI y el peligro permanente de una nueva crisis y cesación de pagos.

Parafraseando a la -sorpresivamente llamada a silencio- vicepresidenta y su alegato en la reciente gira por Honduras, parecería que los pueblos siempre vuelven… a pagar la fiesta del empresariado.

 

En el Fondo somos buenos

Desde algunos sectores del oficialismo, principalmente desde los ligados a AF, se pretende minimizar el alcance de estos condicionamientos no solo económicos sino políticos, que reducen a polvo los deteriorados y formales vestigios de soberanía. Se dice que el acuerdo alcanzado no es tan malo, después de todo. El propio FMI plantea: “el sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario. Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”. La mencionada quita de subsidios al sector energético, sea segmentada o no, difícilmente pueda dejar de impactar en el bolsillo popular. Ya sea mediante el aumento directo de tarifas y de combustibles, o bien como insumo industrial o de fletes, los costos energéticos en la producción y el transporte inciden de manera directa en las finanzas domésticas y en la formación de precios.

Pero también desde el propio oficialismo, mientras CFK guarda un silencio de cripta, se alzan voces que cuestionan lo obvio: el actual se trata de un acuerdo que remata cualquier perspectiva de independencia económica. La idea del citado cogobierno explícito del organismo es señalada críticamente incluso por economistas afines al oficialismo, como Andrés Asiaín o Alejandro Bercovich. Un sector del propio frente gobernante se pronunció críticamente contra el acuerdo, como el PCA o Patria Grande. Resta saber si seguirán considerándose parte de este gobierno por el cual militan diariamente, si votarán favorablemente por este acuerdo en el terreno legislativo, o si todo quedará nuevamente en un desplante verbal y una nueva deglución de sapos. Esta vez de proporciones antediluvianas.

Lo que queda claro desde el frente gobernante en su conjunto es que a esa derecha que se dice combatir cuando se hacen declaraciones, se le allana el camino en los hechos cuando se toman estas medidas de gobierno.

 

Una pequeña ayuda de mis amigos

A la espera de una aceptación formal del propio FMI, y luego de la aprobación parlamentaria, el acuerdo ya cuenta con saludos desde el poder económico, mediático, financiero y de la burocracia sindical. La dirigencia de Juntos por el Cambio y los grandes medios del establishment, como La Nación y Clarín, mostraron señales de beneplácito. También de las diversas cámaras empresarias y bancarias como AEA o ABA y ADEBA, respectivamente (ver Página 12, “Apoyo empresario al acuerdo con el FMI”; 28-01-22). La CGT también saludó el entendimiento y emitió su respaldo público, señalando que según su criterio, el acuerdo permitirá “garantizar el crecimiento del salario real de los trabajadores”.

En las semanas subsiguientes, será clave intento de blindaje que los sectores burocráticos del sindicalismo y de los movimientos sociales oficialistas tratarán de darle al gobierno. La disputa con estas direcciones será explícita. Más allá de cualquier declaración, quienes repudien verdaderamente este nuevo capítulo de entrega y subordinación al imperialismo, capítulo que se traduce en más hambre y más miseria, deben traducirlo movilizándose y aportando a la organización para enfrentar el ajuste en cada barrio, en cada lugar de estudio y de trabajo.

 

Unidad y lucha contra el FMI y el ajuste: una pelea a fondo

El próximo lunes 31, un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas y sindicales se darán cita en Parque Lezama para proyectar medidas de acción contra el FMI. Es necesario apostar a la mayor unidad de acción contra el Fondo y la deuda, y contra el gobierno que las sostiene. Tratando de evitar los hegemonismos y las disputas de aparato, la pelea contra este pacto semicolonial debe encontrarnos dispuestxs a dar una lucha a fondo contra un nuevo incremento en el ajuste. Lxs responsables del saqueo, lejos de ser juzgados y obligadxs a devolver los millones que fugaron, festejan este nuevo capítulo de endeudamiento y validación de la estafa. Como pueblo, debemos dar una respuesta masiva y contundente contra quienes nos endeudaron y contra quienes pretenden consolidar esa estafa.

La pelea contra la deuda externa será un parteaguas. Quienes verdaderamente estén de esta vereda en la lucha de clases, deberán demostrarlo en los hechos.

 

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