El oficialismo nacional, el bonaerense y el porteño, compiten. No solo electoralmente, por ser éste un año impar. Se trata también de quién logra quedarse con la bandera de la presencialidad escolar. Sin importar los costos en vidas de trabajadorxs, o el impacto sobre la salud pública y lxs menores sin vacunar, tanto el Frente de Todos como Juntos se tratan de mostrar como los representantes del derecho a la educación… para la que no garantizan condiciones mínimas, ni siquiera en las jurisdicciones más ricas de nuestro país. En este punto, tampoco parece haber grieta: las escuelas deben estar siempre abiertas; lxs pibxs, amontonados allí, incluso sin distanciamiento.

 

En la víspera de una tercera ola

El mismo día en que el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak reconoció en rueda de prensa que la variante “Delta” de Sars-CoV-2 circulaba comunitariamente en su territorio (ver Télam, 24/8), el gobernador Kicillof anunció una mayor apertura escolar en esa provincia, reduciendo el distanciamiento físico entre el alumnado (ver, también, Télam, 24/8). Así, para una franja etaria que en su inmensa mayoría no tiene ni una dosis de vacunación, se flexibilizará o directamente eliminará una de las medidas de cuidado. Los argumentos del gobierno para para este paso atrás se basan principalmente en una estadística: la caída consecutiva en las cifras de contagios 13 semanas. Pero, como con todo razonamiento falaz, se omite un análisis que examine las causas para enmarcar ese dato y las consecuencias casi seguras de reducir medidas de protección entre población sin inmunización: la inevitable circulación viral en la franja de edad de menores de 18 años. No hace falta un análisis matemático sofisticado para prever esto sino, simplemente, leer los diarios para ver lo que ocurre en otros países que recorrieron este mismo camino, como Israel, España o EE.UU. Sólo basta observar que en esos territorios, incluso con mayores tasas de aplicación de vacunas, la combinación de la circulación de la variante “Delta” con la reducción de medidas de protección generó un panorama crítico que preanuncia lo que, más que probablemente, suceda en nuestro país. Empujando medidas sin planificación y una eliminación de cuidados prematura, los gobiernos porteño, bonaerense y nacional parecen trabajar fervientemente para la llegada de una tercera ola.

 

Todos Juntos por la presencialidad sin resguardos

El gobierno porteño viene siendo pionero en la materia. El 16 de julio, a la par que se iniciaba el receso invernal en el AMBA, Larreta anunciaba ante la prensa y sin ningún tipo de justificación epidemiológica, que a partir de agosto eliminaría gradualmente el distanciamiento en las aulas. Las razones médicas para semejante acción cargada de temeridad nunca aparecieron, pero ni al gobierno porteño ni a los monopolios de prensa pareció importarles tal cosa: la presencialidad escolar sería completa.

Luego de algunas semanas de pirotecnia verbal, el ministro Trotta y el gobernador Kicillof pasaron de cuestionar corrosivamente esa apertura irresponsable y criminal de Larreta, a asumir como propias su hoja de ruta y a acomodar el discurso con todo tipo de piruetas. Encuestas y presión del empresariado mediante, aquello que eran apelaciones del ministro de educación nacional para que Larreta “cumpla las normas” y no elimine el distanciamiento en las aulas (ver La Nación, 31/7), pasó a ser en menos de un mes un nuevo estandarte para el oficialismo nacional. Como viene demostrando el Frente de Todos, el gobierno puede hacer gala de una asombrosa versatilidad para desdecirse, recular o dar golpes de volante en clave regresiva. Parecería que al peronismo le cuesta sostener las controversias con su oposición de derecha hasta en clave discursiva, y que las coincidencias en sus medidas terminan por imponerse.

 

La política de la inconsistencia

Uno de los espejos en el que quienes gobiernan nuestro país desean mirarse, también en este rubro, es el de EE.UU. «Siguiendo experiencias de Estados Unidos, lo que nos disponemos a hacer es que la distancia óptima, en vez de ser de 1 metro y medio, sea de 90 centímetros entre una persona y otra», afirmó Kicillof en la citada conferencia de prensa del 24 de agosto. Allí, reconoció que incluso esa distancia -reducida a menos de 1 metro- podría ser inferior si las características de las aulas así lo imponían. Todo sea por más horas de clases presenciales en simultáneo y sin “burbujas”. Lo que entonces no dijo el gobernador es que EE.UU., gracias a medidas como la citada y otras similares, logró récords en casos de coronavirus en niñxs y adolescentes, recientemente. A fines de julio, los picos de contagios llegaron a 72.000 menores infectados en una sola semana (ver CNN, 03/08). Pese a la contundencia de estas cifras, EE.UU. se esfuerza en pregonar que la pandemia se ha superado. Con semejantes razonamientos, y en medio de disputas entre sectores de su burguesía que promueven la apertura más o menos gradual y otros directamente negacionistas, el país del norte viene desprendiéndose de manera precipitada de normas de cuidado, incluyendo el distanciamiento o el uso de tapabocas.

En esta misma sintonía, el pasado miércoles 26 de agosto, sesionó el Consejo Federal de Educación integrado por ministras y ministros de educación de las 24 jurisdicciones y al ministro nacional de esa cartera. En una reunión donde la mayoría de lxs funcionarixs no asistió sino que se conectó virtualmente, el órgano resolvió incrementar la presencialidad escolar.

Las “voces de especialistas” que fueron tenidas en cuenta son las que recurrentemente vienen desplegando un poderoso poder de lobby en favor de la apertura de escuelas sin garantizar condiciones seguras: Unicef, la OMS y la Sociedad Argentina de Pediatría. Así como en CABA ni las autoridades sanitarias ni educativas lograron argumentar cómo harán para que los pasos dados no contribuyan a un aumento significativo de contagios, lo mismo ocurre con los referentes de Nación.

Para coronar este retroceso en las medidas de resguardo, no faltó la rúbrica de las burocracias sindicales de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA. Estas entidades presentes en la sesión del CFE, las mismas que firman acuerdos salariales insuficientes que presentan como “recuperación salarial” o boicotean la huelga autoconvocada de la docencia en Salta, avalaron también esta flexibilización.

¿Cuál será la reacción gubernamental ante una escalada de casos en menores? ¿Cuál la repercusión social? ¿Los gobiernos podrán permanecer indemnes a una nueva andanada contagios? La demagogia electoral en curso parece prometer resultados beneficiosos a corto plazo, ante un humor social que expresa cansancio por las medidas de resguardo y muestra ansiedad por superar la pandemia. Pero se trata de una especulación sumamente peligrosa, con altas probabilidades de ser desmentida en un plazo también corto, y que cuyo desengaño se mida, nuevamente, en vidas.

 

El sistema hace escuela

El derrotero gubernamental viene demostrando continuidades. A la presión negacionista de Larreta y Juntos, la complementa el zigzagueante itinerario del Frente de Todos, cuya política es la de gestionar administrando los contagios para evitar el colapso, pero no para enfrentar seriamente la pandemia. Al día de hoy, nuestro país sigue entre los 11 que más muertes por covid por habitante tiene en todo el mundo.

En febrero de este año, la política nacional en educación fue la de flexibilizar el llamado “semáforo epidemiológico” en pos de garantizar la presencialidad escolar… en puertas de una segunda ola de contagios. Así se plasmó en las resoluciones 386/21 y 387/21 del Consejo Federal de Educación. Pero también se debe buscar un mismo espíritu en las resoluciones y disposiciones de firma conjunta que las carteras Trabajo y Salud a nivel nacional emitieron para garantizar la concurrencia a los lugares de trabajo para personas con comorbilidades con tan solo una sola dosis de vacunación, a quienes se les fueron quitando las dispensas con las que podían realizar teletrabajo.

¿Qué factores ordenan este escenario? Por un lado, la voracidad por la ganancia empresaria, que requiere una reactivación de la producción y el consumo. Para esto, es imprescindible aumentar la productividad y reducir el “ausentismo”. En este caso, yendo en contra de las medidas de prevención mínimas y “trabajando a tope”. En este punto el gobierno coincide con el empresariado no solo por su perspectiva de clase, sino por su necesidad de incrementar recaudación fiscal y sostener un presupuesto a medida del FMI. Sobre esto se montan, además, las mencionadas políticas demagógicas ante una porción del electorado que consiente que la pandemia puede clausurarse por decreto, y que basta con negarla o anunciar que en primavera llegará mágicamente “la vida que queremos”.

Ante el problema del ritmo desacelerado de vacunación para las segundas dosis, en lugar de intensificar una serie de cuidados complementarios, se ha optado por reducir los existentes. Las escuelas públicas siguen siendo concebidas tanto por oficialismo y oposición de derecha como un espacio de contención y cuidado, subsidiario del aparato productivo. Las privadas, por su parte, ejercen su enorme poder de presión para poder retener a su clientela y feligresía, teniendo amplia libertad para otorgar contraprestaciones sin protocolo alguno, incluso asumiendo el alto costo de fomentar el contagio entre sus usuarios.

La lucha contra una apertura irrestricta e irracional debe exceder el plano gremial. A las esforzadas resistencias sindicales en curso, las debe vertebrar una perspectiva unitaria que dé dimensiones nacionales a la pelea. Pero también, una proyección política anticapitalista que conciba a la educación como herramienta emancipadora, y no como mero apéndice de un aparato productivo en el que lo principal es la ganancia empresaria, incluso cuando el costo sea la vida de trabajadorxs y estudiantes.

 

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