Una manifestación a Casa de Gobierno expresó esta tarde el dolor y la indignación por lo sucedido ayer, martes 29 de junio, en la Escuela Albergue Nº 144 del Paraje San Roque, que se llevó la vida de dos trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento y dejó a una docente hospitalizada, luchando por su vida. La explosión puso al desnudo el abandono, la corrupción y la política criminal de ajuste y precarización que lleva adelante el estado provincial desde hace años. La crueldad de este hecho pone al descubierto los verdaderos intereses de los gobiernos.
La escuela N° 144 está ubicada a 60 km de la ciudad de Añelo, epicentro de Vaca Muerta, el paraje rural rodeada de pozos de gas y petróleo, es el escenario de una actividad económica dependiente que mueve millones de dólares diarios, y solo deja contaminación y muerte. La prioridad es extraer los recursos exportables en beneficio de las transnacionales mientras las cuentas las paga la clase trabajadora.
Mediante una movilización en repudio convocada por los sectores opositores a la conducción de ATEN y acompañada por organizaciones sociales, ceramistas, y partidos de izquierda exigieron la renuncia de la ministra de educación Cristina Storioni. Frente al pedido de la comunidad educativa, la ministra se negó a hacerse presente en el lugar de la explosión por considerarse “persona de riesgo”. La misma que obliga a los/as trabajadores/as a exponer su vida en la presencialidad y en edificios carentes de condiciones de seguridad, se pone al resguardo de la pandemia y del peligro edilicio, pero no dudo en responsabilizar a las trabajadoras de la educación frente a los hechos que la ubican como principal responsable.
La conducción de ATEN por su parte, se niega a convocar a asambleas y a realizar acciones contundentes que pongan al desnudo la precariedad en la que el MPN mantiene el sistema de educación y salud. La directiva a cargo del TEP, se limitó a convocar a un paro provincial y se apostó en las puertas del hospital en silencio y en vigilia, a la espera de que el mismo gobierno asesino inicie una investigación.
La familia de los trabajadores victimas del asesinato laboral del Estado, Mónica Jara y la comunidad educativa no necesitan investigaciones ni vigilias. Las deudas con el sistema público de salud y educación se hacen evidentes con este hecho. En estos momentos se hace imprescindible aunar fuerzas en la calle para denunciar el crimen de Estado y exigir la renuncia, el juicio y el castigo a las/os responsables políticos. Para que la desidia no se haga costumbre es necesario canalizar la justa bronca ante el reclamo de inversión en infraestructura y condiciones dignas de enseñar y aprender.
