La construcción de una autovía de más de 40 km en tierras cordobesas viene siendo cuestionada fuertemente por el pueblo de las sierras dado su impacto ambiental. La traza afecta tanto zonas urbanizadas como áreas naturales y cuenta con una oposición muy extendida entre la población. Los intentos del gobierno local y el empresariado por imponer una carretera pensada como parte del flujo de mercancías a escala regional y sin ningún reparo hacia el pueblo y los bienes comunes. La necesidad de la movilización popular en defensa del medioambiente y la salud.
En estos días se está llevando adelante una audiencia pública virtual para debatir el Estudio de Impacto Ambiental que habilita la obra “Alternativa Ruta 38”, convocada por el gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente. El pueblo organizado sabe que esto no es más que un simple trámite porque estas audiencias de participación ciudadana no son más que formalismos no vinculantes. Cualquier cosa que allí se diga, quedará registrado en alguna carpeta de la secretaría de ambiente y en su escondido canal de Youtube. Sin embargo, aunque formal, la audiencia sirvió para que el pueblo trabajador de Punilla dimensione la cantidad de personas que están en contra de este proyecto y que hay reservas para dar la pelea. Estos días han sido la demostración, así como lo fue la audiencia de 2018 por el primer tramo, de que quienes defendemos nuestro suelo somos más, y significó una especie de asamblea donde se volcaron cientos de argumentos en contra del proyecto: desde la destrucción de las cuencas de agua que toma el pueblo, la destrucción del patrimonio cultural de los pueblos originarios, las miles de hectáreas de Bosque Nativo que se pierden, hasta el injustificado endeudamiento frente a necesidades verdaderas como la educación, la salud, el tratamiento de basura, la vivienda y otros. El pueblo organizado de Punilla sabe que esta autovía no es más que parte de una nueva vena que abren en Latinoamérica para saquear los recursos hacia las economías imperialistas. La audiencia deberá extenderse por más de un mes porque hay casi 700 oradores y oradoras inscriptas. Las voces están siendo alrededor de 90% en contra, 10% a favor (casi todos funcionarios). Deberíamos llevarnos la copa entonces. Pero no, porque no es más que un amistoso, sin consecuencias en el campeonato.
Al pueblo del valle de Punilla se le dice que el objetivo de esta autovía es la descongestión de la ruta 38. Pero la realidad es que esta autovía es parte del Corredor Bioceánico que va desde Porto Alegre, en Brasil, a Coquimbo, en Chile, proyectada para el flujo de mercancías de la megaminería, el fracking y el agronegocio desde el interior del continente hacia los océanos. Enmarcado en el plan más general llamado IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) implementado a través del COSIPLAN, este corredor recuerda los propósitos de la corona británica en la construcción de las vías férreas en Latinoamérica, las cuales terminaban todas en los puertos para la exportación. Pensar obras de integración suramericana con un modelo primarizado y dependiente de la economía es preparar las rutas del saqueo. Y es por eso que luchar contra esta construcción es estratégico.
El pueblo de Punilla tiene experiencia de resistencia socioambiental. Hay un sentido común de cuidado del ambiente como parte de la vida humana y de que es necesario luchar por eso. Sin embargo, existe aún, luego de muchos ejemplos que demostrarían lo contrario, cierta expectativa en la institucionalidad burguesa y sus leyes. Pero hay que ver que hasta la fecha, no hay más que evidencias de que el Estado y sus funcionarios no están dispuestos a resignar ni un centavo de sus ganancias en conceder al pueblo alguno de sus derechos a la vida y al ambiente sano. El Estado no es más que “la junta que administra los negocios de la burguesía”, y la tan mentada “participación ciudadana” no es más que una formalidad para encauzar las luchas del pueblo en canales que no van a ningún lado.
Veamos algunos ejemplos. El primero es el proceso de construcción de la Ley de Bosques. El proyecto de ley de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), espacio oficial designado por la secretaría de Ambiente de Córdoba, se construyó entre diversas organizaciones sociales y universidades y durante dos años de mucho trabajo lograron una propuesta integral. Sin embargo, pudo más el lobby de la Mesa de Enlace, encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) en la CRA y otros espacios como la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, y el 3 de agosto de 2010 Schiaretti anunció la presentación de un proyecto que no había sido evaluado por la COTBN. En la madrugada del 5 de agosto, fue aprobado por la legislatura, dejando en el recuerdo la participación ciudadana y sin provocar ninguna consecuencia legal para el gobernador ni para ningún legislador que desconoció el trabajo de las organizaciones populares.
Otro ejemplo lo vimos durante la pelea contra la construcción del puente sobre el lago San Roque. Les abogades del pueblo presentaron amparos judiciales para que algún juez dictaminara alguna medida cautelar para poder frenar la obra. Era patente el avasallamiento al pueblo: paredones inmensos en los patios de las casas de les vecines, inundaciones en casas donde antes no sucedía, expropiaciones forzadas, ruidos constantes en un lugar que era completo silencio. No sólo nadie les advirtió como sería el cambio, sino que fueron les propies vecines quienes iban denunciando las irregularidades en la obra. Decenas de cartas y pedidos a diferentes oficinas y autoridades y denuncias a todo medio que se dispusiera a publicarlas, aquellos que nos están vendidos al poder. Sin embargo, la construcción siguió su curso pasando por arriba de los barrios y el poder judicial nunca se expidió. El expediente siguió archivado durante toda la construcción del puente y autovía. Quedó demostrado que el poder judicial tampoco estaba dispuesto a escuchar al pueblo. Nuevamente vemos para quién juega el Estado.
Asimismo, hace poco, la instalación de las líneas de alta tensión en Bialet Massé constituyó un nuevo ejemplo de la verdadera cara de la democracia y el Estado. Con una orden judicial trucha e incumpliendo con todo procedimiento, la policía reprimió y desalojó el campamento de vecinos y vecinas que querían protegerse de la contaminación que generará cáncer en las comunidades. El intendente de la localidad, Marcelo Oliva, es cómplice de la destrucción de un barrio entero por los planes del Gran Capital internacional, que ya declaró estos territorios como sacrificables. En esta ocasión, el Estado demuestra otra vez para quién trabaja.
En este marco, hay sectores que aún nos quieren llevar por el lado de la institucionalidad del Estado. El nuevo Partido Verde, encabezado por el kirchnerista de Ciudad Parque Pablo Riveros, intenta nuevamente hacernos creer en la legislatura. Entran en las mismas lógicas de los partidos patronales no solo en su orientación institucionalista, sino también en las prácticas de aparateo y luchas por cargos dentro del Estado. Aunque expresen buenas intenciones del tipo “llegar para hacer algo”, no son más que oportunistas que buscan acomodarse, como se puede leer en la salida de uno de sus principales impulsores Medardo Avíla, quien se retiró del espacio por haber creído que se trataba de un espacio “independiente” pero que pronto descubrió su verdadero objetivo: ir a la cola del proyecto burgués del Frente de Todos para obtener cargos en la disputa de su interior. Hace poco, el Partido Verde anunció una coordinación con el espacio de Unidad Popular de Claudio Lozano, director del Banco Nación, quien prometía luchar contra el pago de la deuda externa y que luego de dos años en el cargo no ha podido más que anunciar investigaciones y analizar datos para algún archivo del banco. Nos prometen (igual que hizo Lozano) que cuando ganen (algún día) llevarán proyectos de ley a favor del ambiente. Y nosotres le preguntamos a estos nuevos agentes del Estado: ¿es posible que la legislatura apruebe un proyecto de ley para que sea el pueblo quien defina cómo quiere vivir a través de la participación popular? ¿O tendrán que limitarse a alguna reforma de la ley de ambiente para que la “participación ciudadana” (esa que no tiene injerencia en las decisiones) se respete? ¿Qué proyecto de ley ambiental puede contener una modificación tal que logre que Schiaretti y el capital de la construcción no sigan avanzando en la construcción de la autovía para el saqueo de nuestros bienes comunes? ¿Qué proyecto de ley ambiental que pueda aprobarse en la legislatura puede contener una modificación que obligue a las empresas distribuidoras de electricidad a desarmar las líneas de alta tensión en Bialet? ¿De verdad creen que un proyecto de ley puede terminar con la impunidad del poder capitalista que actúa con represión y salteándose leyes que ya existen? ¿Qué tan idealista e ingenuo se puede ser? O ¿qué tan indigno que nos proponen conformarnos con migajas?
Recordemos que “le ciudadane” es aquel sujete a quien el Estado reconoce y otorga tales o cuales derechos. Es un sujeto individual que no puede exigir más que los derechos individuales que ya tiene por ley. Por eso nosotres debemos ejercer la “participación popular” que es la participación de las organizaciones del pueblo que luchan por derechos colectivos que el Estado niega. Después de tantos ejemplos en los que el Estado hace con las leyes lo que necesita el capital, aunque tenga que incumplir esas mismas leyes, debemos ver la necesidad de confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos más que nunca seguir el ejemplo del pueblo chubutense y mapuche que con sus acciones directas está obligando al Estado a retroceder. O el ejemplo de les trabajadores de la salud neuquinos que con la autoorganización superó a las burocracias sindicales. El pueblo de Punilla debe recuperar ese espíritu de lucha que corre por su historia: desde el Cordobazo hasta la lucha contra el cierre del ferrocarril en Cruz del Eje, pasando por la cantidad de luchas socioambientales que han dejado una invaluable experiencia, con el ejemplo de la gran victoria contra Monsanto en Malvinas Argentinas. Sabemos que la única herramienta que puede enfrentar al poder del capital es el pueblo organizado y en pie de lucha. Ya no más espejitos de colores, en Punilla NO PASARÁN.
