El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández declaraba el inicio de la cuarentena. El objetivo que el gobierno enunciaba era «cuidar la salud de los argentinos», y a la par “garantizar el funcionamiento de la economía”. Este solo enunciado ya anticipaba la imposibilidad de cumplir con ambas premisas en los marcos de una economía capitalista y, más aun, dependiente como la de Argentina. Subsidios para el empresariado (ATP), aportes exiguos y discontinuados para trabajadorxs informales o sin ingresos (IFE), apertura gradual de rubros económicos y relajamiento de las medidas sanitarias. La pandemia mundial de COVID-19 implicó una profundización de las contradicciones del propio sistema: riqueza cada vez más concentrada y pobreza cada vez más extendida, en un escenario local donde las muertes ya son más de 53.500, los contagios superan los 2.186.000 casos y la vacunación masiva demora su concreción.
La “cuarentena”, un año después
A un año de ese anuncio que prescribía la restricción de varias actividades económicas mediante la llamada “cuarentena”, la mayor parte de lo entonces afirmado desde el gobierno nacional ha quedado en el olvido, o se ha ido desdibujando hasta no ser más que un esbozo borroso. Con una oposición patronal que, por derecha, presionaba para una mayor apertura, y un afán recaudatorio propio, las restricciones a la circulación de bienes y personas aplicadas por el gobierno fueron cada vez más laxas hasta derivar en el nivel de apertura casi total que se vive actualmente.
La pandemia y su costado “solidario”, de “ayudar a quienes menos tienen”, no derivó en aplicar una contribución que obligue a los ricos a pagar impuestos progresivos de manera sostenida. Promulgado en diciembre de 2020 y reglamentado a finales de enero de 2021, el tributo por única vez -mal llamado “impuesto a las grandes fortunas”- ha generado un esquema de recaudación incierto cuya aplicación es sumamente lenta, y con un alcance porcentualmente bajo para un puñado de millonarios… Con casi un año de debate, y un monto inferior a lo necesario, la aplicación de esta contribución es aún un enigma. Ésta y otras medidas no han sido más que un derrotero de renuncias frente a los sectores más concentrados, mientras que al mismo tiempo, se consolidó una política de restitución de la “normalidad”, dejando cada vez más en el olvido aquella declamación sobre el cuidado de la salud.
La pandemia es la desigualdad
Desde el primer momento de la cuarentena, el carácter de clase de las medidas de gobierno quedaba en evidencia -como no puede ser de otra manera-, cuando se invitaba a que las empresas dispusieran, según conveniencia, trabajo a distancia o asuetos, y se les permitía aplicar suspensiones o quitas salariales. En cuanto al trabajo remoto, muchas firmas aplicaron esta modalidad sin garantizar equipamiento ni conectividad. Un ejemplo de esta avaricia patronal que en plena pandemia mostró cómo se aprovechaba para flexibilizar y reducir costos, puede encontrarse en empresas de telefonía como Personal, o de cable e internet como Telecentro, que no garantizan la gratuidad en el servicio para el teletrabajo a sus propixs empleadxs.
Entre quienes más sufrieron en esta pandemia se encuentran sin dudas lxs laburantes del sector precarizado. Trabajadorxs desocupadxs, organizadxs en cooperativas en algunos casos, cuentapropistas o trabajadorxs de changas en otros, vendedores ambulantes, etc. vieron en el IFE un magro y discontinuo ingreso de apenas $10.000 en solamente tres entregas bimestrales. Su cuarto pago nunca se concretó, de la mano de la flexibilización de la circulación de personas y la apertura de actividades, por un lado, y el acuerdo del gobierno con el FMI, por otro. A esa poca ayuda oficial se sumaron las peores condiciones de transporte, la falta de prevención en lugares de trabajo y la imposibilidad de sostener aislamiento sin ingresos. De esta manera, la pobreza por ingresos que el INDEC reconoce en la actualidad es superior al 30% de la población (13,6 millones de personas), aunque las mediciones de consultoras y universidades hablan de una cifra cercana al 40% de habitantes.
Mientras se siguió ajustando las jubilaciones, modificando una vez más el cálculo en los haberes hacia la baja, se continuó subvencionando al empresariado con los mencionados ATP que cubrían una porción de la masa salarial de empresas varias, incluidas multinacionales o concesionarias de servicios privatizados, y se permitió a grandes pulpos aplicar despidos pese a la supuesta prohibición para hacerlo.
En un año en que se le echó en sus espaldas a la clase trabajadora el mayor peso de la carga de la pandemia, el gobierno nacional exhibió su esencia no sólo en relación a la concreción de un “aporte solidario” como ya fue dicho, sino en todos sus amagues inconclusos ante sectores del poder económico concentrado. El caso Vicentín es probablemente el más emblemático de estos pasos en falso: de un proyecto de supuesta expropiación se pasó al actual salvataje a los accionistas en una cerealera que posee un inexplicable pasivo de más de u$s 1.000 millones. En similar sentido puede mencionarse la política tributaria sumamente permisiva, pese a las declaraciones altisonantes, hacia el empresariado minero, los exportadores de carne, soja o maíz. Es decir que mientras el pueblo perdió frente a la inflación y se ajustó el cinturón, los mismos de siempre siguieron “llevándosela en pala”.
Pero si esto de por sí no alcanzara, el acuerdo con el FMI, celebrado por todo el establishment y presentado desde el oficialismo como una negociación virtuosa, no deja de ser otro compromiso de condena para las mayorías populares que ven cómo se valida una nueva y descomunal estafa. Mientras el gobierno señala en lo discursivo a los responsables, compromete millonarias sumas en “honrar” una deuda deshonrosa que solamente en los años de macrismo se incrementó a un ritmo de más de u$s20.000 millones por año, destacándose el préstamo del FMI por más de u$s50.000 millones. Sobre esa deuda, a la par que se la caracteriza verbalmente como parte de un engranaje de fuga de divisas, se pautan los pagos diferidos en el tiempo pero sin quita ni investigación alguna.
El costo es en miseria y en vidas, lo paga el pueblo
En un país que se ubica entre los primeros 13 en cantidad de víctimas fatales por el covid, y entre los 22 primeros en cuanto a muertos por cantidad de habitantes (1197 muertes por millón), urge discutir la producción local de vacunas y el no pago de patentes a las farmacéuticas capitalistas. Es necesaria la inmunización masiva de la población, sin privilegios ni para los políticos o sindicalistas amigos del poder, como ha fomentado el gobierno nacional (Frente de Todos) o las gobernaciones como la de Corrientes (Cambiemos), ni mucho menos para las empresas de medicina prepaga, como ocurre con Larreta en CABA.
Los recursos existentes deben ponerse al servicio de las mayorías populares, no para las minorías que nos explotan.
Por la vacunación masiva de la población, aplicando la producción local en manos del Estado de las vacunas y renunciando al pago de patentes a las transnacionales.
Por un ingreso de emergencia equivalente a la canasta familiar para las y los trabajadores, y el resguardo sanitario mientras haya niveles elevados de circulación viral.
No a las clases presenciales mientras no haya vacunación masiva ni inversión en infraestructura escolar.
Impuestos progresivos a la riqueza; no al pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.
La deuda es con pueblos, no con el FMI.
13-03-2021
