El gobierno porteño presiona para un regreso a las aulas masivo y simultáneo. La política “negacionista” de la pandemia es su signo distintivo. Pero la presión por un retorno a las clases presenciales a como dé lugar muestra una coincidencia de fondo entre los distintos gobiernos. Las declaraciones del Ministro Trotta y del propio Alberto Fernández así lo señalan: la presencialidad es la meta, dicen; y agregan que no es necesario esperar a la vacuna para concretarla. El cuidado de la salud queda así relegado ante los intereses económicos y el fuerte lobby empresarial y mediático. La docencia y el resto de lxs trabajadorxs nos enfrentamos a la necesidad de dar una pelea de conjunto en defensa de nuestra salud, ante la imposición de un regreso a las aulas que no garantiza las condiciones sanitarias más elementales.
Burbujas pinchadas
A mediados de octubre de 2020, a pocas semanas del cierre del ciclo lectivo, el gobierno porteño intentó avanzar con un regreso a las clases presenciales sin que las condiciones sanitarias y de infraestructura estuvieran dadas. Dicho intento fue un fracaso: menos de un 5% del alumnado participó de dicha propuesta, que consistió en un retorno o “revinculación” en grupos (“burbujas”) de no más de 8 o 9 alumnxs. La mayor parte de las familias, el propio estudiantado y buena parte de la docencia, con Ademys a la cabeza, rechazaron dicha propuesta. Un regreso en esas condiciones no era otra cosa que un ejemplo de oportunismo político, con una clara vocación por el márketing inversamente proporcional al cuidado por la salud. Por entonces, el nivel de contagio diario en CABA se mantenía en un promedio de unos 600 casos diarios. Hoy, a finales de enero de 2021, cuando el promedio de los últimos 15 días arroja cifras superiores a los 1000 casos diarios, el gobierno porteño plantea un regreso a las aulas masivo y simultáneo de los grupos completos. Es decir, con un aumento significativo de casos, disminuye drásticamente los cuidados. Presiona para que lxs docentes asistamos a tantos cursos como grupos tengamos a cargo. De esa manera, una sección de alumnxs de primaria puede tener en una semana a 7 u 8 docentes diferentes; uno de media a 14 profesorxs, y cada docente puede tener contacto semanal (o hasta diario) con más de un centenar de alumnxs, en especial en el caso de materias curriculares o en nivel medio. A su vez, al convocar a todo el alumnado y al plantel docente en simultáneo, el gobierno elimina por la vía de los hechos el “distanciamiento” físico, imposible de cumplir por la relación entre m2 y matrícula en la inmensa mayoría de las aulas porteñas. De las fallidas burbujas -que fueron rechazadas a finales de 2020- se pasa a un esquema que, directamente, las suprime, y se convoca a cursos completos con distintos docentes que multiplican exponencialmente el riesgo de contagio. Mientras el gobierno porteño realiza una pantomima de diálogo, mantiene congelados los salarios, no invierte en lo básico en las escuelas y presiona para un regreso masivo que sería criminal.
Lo esencial son nuestras tareas (de cuidado)
¿Cómo fue que la docencia pasó de ser un manojo de “fracasados”, según dichos de la propia ministra Acuña, a transformarse en personal esencial? ¿Cómo es que una actividad que resulta prioritaria puede ser vaciada presupuestariamente, disminuyendo las partidas para infraestructura escolar y conectividad en plena pandemia, e incrementando en paralelo el subsidio a escuelas privadas? Esta paradoja lo es solo en parte. Existe una explicación lógica y coherente para la casta política que la aplica. Las escuelas públicas son entendidas por buena parte del empresariado y los partidos políticos patronales como un reducto cuya tarea casi exclusiva se restringe al cuidado de menores.
La presión por el regreso anticipado a clases presenciales es una realidad palpable. Por un lado, las cámaras empresariales y el propio estado se muestran urgidos por un retorno a las aulas para que la mayoría de las escuelas asuma un papel de auxiliar del aparato productivo. El regreso a la actividad presencial de un importante número de actividades económicas genera una presión objetiva del empresariado para abrir las escuelas y no dispensar licencias por cuidado de niñxs a lxs trabajadorxs adultxs. Esta presión es transmitida a las familias trabajadoras, que se encuentran ante la real necesidad de resolver el cuidado de sus hijxs para afrontar la jornada laboral. A su vez, lxs propietarixs de escuelas privadas, beneficiadxs con suculentos subsidios que incluyen 370 millones de pesos recortados del Plan Sarmiento, contribuyen en esa presión. La necesidad de otorgar una contraprestación “presencial” para quienes facturan las cuotas de esas escuelas, que acaparan cerca de un 50% de la matrícula en una jurisdicción altamente privatizada como CABA, establecen un mojón hacia la baja en derechos laborales y en desmedro del cuidado sanitario.
Docentes, estudiantes y familias nos enfrentamos a planteos que tratan de forzar el regreso a la presencialidad sin garantías y de manera irresponsable, un retorno a escuelas que no están en condiciones y que durante más de 10 meses no fueron refaccionadas. No se garantiza la higiene, no se proveyó de insumos de limpieza en cantidades mínimas, no se reforzó los planteles docentes ni de auxiliares, no se garantiza el transporte escolar… todos elementos cuya concreción son responsabilidad del Estado, y no de trabajadorxs y comunidad. El esquema aperturista que plantea Larreta es inaplicable. Pero también cabe señalar la total inconveniencia de forzar un regreso a la presencialidad que ejercen diversos gobernantes, incluido el propio ministro Trotta.
La salida debe contemplar un regreso a las clases presenciales solo si las condiciones sanitarias (descenso de circulación viral, avance del esquema de vacunación) y las edilicias y de infraestructura lo permiten. Mientras tanto, urge exigir medios para que el alumnado pueda acceder a contenidos en línea de manera gratuita y para que las familias trabajadoras dispongan de licencias por cuidado de niñxs.
La educación sigue siendo un problema nacional
El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ha declarado en múltiples medios de comunicación que la norma para el ciclo lectivo 2021 sería la presencialidad. En un año electoral, los gobiernos de variado signo tratan de cosechar votos demagógicamente en base a un volátil humor social, ofreciendo una respuesta que dista de ser una solución para las familias que deben resolver su organización diaria. Así, el presidente Alberto Fernández se ha manifestado también en este sentido en diversos medios. Sus declaraciones acerca de que “no podemos perder otro año” salen a disputar un sentido común de centroderecha, según el cual durante 2020 parece no haber existido la labor docente. Lejos de garantizar una inversión acorde a una situación excepcional como la actual para dotar de equipamiento tecnológico u obras de infraestructura a escuelas que el estado nacional apenas subvenciona de manera diferida, se pone el eje en forzar el dictado de clases presenciales sin explicar cómo se piensa garantizar esto. Lejos de cualquier cuestionamiento a los beneficios del dictado de clases presenciales, eje que está fuera de discusión, el gobierno nacional, los provinciales y porteño junto con los grandes medios de comunicación, plantean un falso debate en términos pragmáticos, como si la pandemia no existiese y el dictado de clases a distancia fuera parte de una discusión meramente didáctica.
Mientras el Ministro Trotta realiza una gira por las distintas jurisdicciones, reuniéndose con ministros de educación locales para monitorear el regreso a clases, los problemas se acumulan y las respuestas no aparecen. Trotta mantiene reuniones con representantes de confesiones religiosas, entidades privadas y asociaciones de familias que hacen un explícito lobby por el regreso a clases sin preocuparse por las condiciones materiales de millones de alumnxs que asisten a escuelas desmanteladas por la desinversión estatal. Lejos de ser un “tercero” que media entre intereses en disputa, el ministerio viene impulsando acciones en este mismo sentido, plasmadas en el documento “A las aulas” de fines de 2020. En este texto se hace eje en el regreso físico a las escuelas, se recogen recomendaciones de la OEI y el G20 para educación y se mencionan políticas estatales implementadas entre las que figura de subsidio al sector privado, como la entrega de ATP a escuelas particulares. En su gira, el ministro Trotta visitó a Mariano Arcioni, gobernador de Chubut que mantiene una demora de más de un mes en el pago de salarios a la docencia y otros estatales; se reunió con Rodolfo Suárez, gobernador mendocino cuya gestión otorgó por decreto un aumento insignificante a la docencia (20% en 3 cuotas) y reniega de las paritarias con el SUTE; visitó a Manzur, Alicia Kirchner y Rodríguez Saá en sus provincias. El tono de su gira no varía, se trate de propios o ajenos: la vuelta a clases es la meta, sin importar demasiado los reclamos de la docencia o las familias en cada jurisdicción. Para muestra, basta ver qué elementos de sus declaraciones pone de relieve el propio Ministerio que él dirige. Por un lado, la insistencia acerca de que “la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad pero nos permite intensificarla”; por otro, la presión que implica que “la presencialidad debe ser obligatoria”, según sus propias palabras.
La política de Trotta no es solamente “ambigua”; es parte del engranaje que ejerce presión sobre la docencia para un regreso que no cuenta con condiciones seguras y deja terreno fértil a sectores abiertamente negacionistas como la ministra Acuña y el elenco de Juntos por el Cambio en CABA.
El camino es la lucha en unidad y con perspectiva de clase
La profundidad de esta pandemia y de la crisis económica en la que estamos nos obliga a pensar en una pelea de conjunto: con la mayor amplitud, en cuanto a aquellxs que estén dispuestxs a enfrentar estas políticas de ajuste y regreso sin garantías sanitarias, pero también junto con otros sectores de la clase trabajadora para una solución integral. Lejos del corporativismo, debemos exigir políticas sanitarias para el conjunto del pueblo, como una vacunación masiva para todxs lxs trabajadorxs; licencias de cuidado para niñxs y dispensa para trabajadorxs en riesgo, sin importar su oficio o rama. Mientras el modestísimo “aporte extraordinario” a los mega millonarios no se instrumenta siquiera, sigue siendo urgente un subsidio de emergencia que le permita a las familias que han perdido sus ingresos afrontar esta pandemia con cuidados sanitarios elementales, algo que los exiguos e interrumpidos IFE no garantizaron. La provisión de elementos de higiene, informáticos y alimentos en cantidad y calidad en las escuelas es una exigencia que el estado puede y debe solventar: la prioridad absoluta debería ser el cuidado de la salud, y no las recetas de ajuste del Foro de Davos y el FMI. El regreso a la presencialidad debe ser debatido en cada lugar y rechazado allí donde implique un riesgo para nuestra salud y la de las familias. Urge estrechar lazos entre las organizaciones sindicales democráticas y la comunidad, junto con las organizaciones sociales. Se trata, nada menos, de defender nuestra salud y la vida de trabajadorxs, alumnxs y familias por encima de las ganancias de cualquier empresarix.
-Marisábel Grau; Secretaria de Prensa de Ademys. Miembro del Colectivo de Trabajadorxs de la educación Haroldo Conti y de Venceremos-PT.-

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