Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, la herencia de la dictadura en Perú.

A comienzos de noviembre de 2020, la destitución del corrupto Marín Vizcarra por parte de un parlamento tan corrupto y cuestionado como él, fue el detonante de inmensas y radicales movilizaciones en Perú. La dictadura de Fujimori como raíz de la situación actual.

La descomposición del sistema político

Protagonizadas por jóvenes, las movilizaciones masivas en Lima y en otras ciudades del país arrancaron en noviembre y aún continúan. La crisis potenciada por la pandemia del Coronavirus convirtió lo que ya era una situación de exclusión y miseria de las mayorías, en algo insoportable. Durante varios meses Perú estuvo a la cabeza de países con la más alta tasa de mortalidad a causa de décadas de baja inversión en salud, de salarios de hambre para el personal sanitario, una cantidad ínfima de camas en hospitales y menos aún de cuidados intensivos, y sólo un laboratorio capaz de analizar muestras. Luego de una breve reducción del colapso sanitario durante octubre y noviembre, al día de la fecha ya son varias ciudades que tienen un nivel de ocupación del 100% unidades de terapia intensiva.

Mientras más del 70% de la población peruana vive en la informalidad, es decir, que está obligada a vivir al día, las grandes empresas (muchas multinacionales) y la “clase política” amasan enormes fortunas. El grado de descomposición del sistema político es tal que todos los presidentes desde 1985 están presos, procesados, o investigados por corrupción: Alberto Fujimori (1990 – 2000) preso, Alejandro Toledo (2001 – 2006) preso en EEUU y en proceso de extradición, Alan García (1985 – 1990; 2006 – 2011) suicidado cuando avanzaba la causa en su contra, Ollanta Humala (2011 – 2016) en libertad vigilada. Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018) fue destituido por su vinculación con la causa Odebrecht. Tras la renuncia de la vicepresidenta de PPK, asumió Martín Vizcarra. Su destitución encendió la indignación de cientos de miles de peruanos y peruanas hartas de las componendas de espaldas al pueblo. Aunque como bien decían en las movilizaciones, la salida a las calles “no es por Vizcarra, es por nosotros”. Manuel Merino, presidente por cinco días tras la vacancia contra Vizcarra, asumió el gobierno y desplegó la represión contra el movimiento popular hasta ser obligado a renunciar por la movilización.

La dictadura fujimorista

La realidad actual de Perú no puede comprenderse sin remitirse a la dictadura fujimorista. Electo por sufragio en 1990, Alberto Fujimori tomó como parte de las medidas iniciales de gobierno la eliminación de subsidios a bienes de primera necesidad y el establecimiento de “estado de emergencia”.

El 5 de abril de 1992 dio el autogolpe: disolvió el Congreso, suspendió garantías y derechos, y puso en práctica un plan sistemático de terrorismo de estado. Asesinatos, cárcel, tortura y desapariciones. Matanzas realizadas con la cobertura de medio de comunicación totalmente comprometidos con la lucha contrarrevolucionaria. Esterilización forzosa de aproximadamente 200 mil mujeres indígenas, pobres y muchas de ellas analfabetas. Torturas, violaciones, negación del derecho a la justicia a partir de la clandestinidad. La lista de atrocidades es inmensa.

La adecuación del Perú a las nuevas condiciones del capitalismo neoliberal bajo hegemonía yanqui se desarrolló (como en Chile, como en Argentina, como en tantos otros lugares) sobre el terreno creado y defendido por el genocidio. Doctrina de la Seguridad Nacional y reformas estructurales a favor del gran capital son dos caras de una misma moneda, y Perú no fue la excepción. En ese marco se produjeron la privatización de las empresas estatales abriendo el terreno a la explotación privada, la liberación del comercio exterior, la adecuación a los mandatos de los organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París.

Esa nueva correlación de fuerzas orgánica (no coyuntural) a favor del capital y del imperialismo se cristalizó en la Constitución de 1993 que sigue vigente hasta el día de hoy. El nuevo entramado jurídico e institucional tuvo una clara orientación de clase. Las transformaciones estructurales cercenaron derechos del pueblo conseguidos durante décadas.

La despolitización forzada y sus límites

Esa década larga fujimorista transformó al país andino. La “paz” del capital fue el silencio forzado y la desmovilización obligada conseguida a punta de bayoneta. Golpeó y fragmentó duramente a las diversas expresiones del movimiento popular. Los efectos sociales, políticos, ideológicos y subjetivos de un proceso semejante son profundos. No resulta sencillo para las clases trabajadoras y el pueblo pobre recomponerse, encontrar nuevos caminos de organización, retomar la senda de la lucha por la dignidad negada.

Los gobiernos que referíamos al comienzo estuvieron marcados una gran apatía de las mayorías, o por una ilusión momentánea que rápidamente se veía (una vez más) traicionada. El desparpajo de los poderosos se desplegó de forma obscena. Pero a contramano de lo que muchos desearían, la historia no se detiene y el momento en que los pueblos dicen “basta” termina llegando. Esa es la situación que atraviesa Perú hoy.

El reclamo por una nueva constitución, es fundamental. Sin embargo, hay que notar que el imperialismo neoliberal ha logrado imponer mil y una formas de encorsetar las posibilidades de legales a partir de acuerdos internacionales, cláusulas de juicios, etc. La veintena de acuerdos de libre comercio de Perú firmados desde los 2000 en adelante tienen que ser evaluados en esa doble dimensión, por un lado, reforzar una estructura económica y productiva totalmente subordinada a las necesidades del capital global; junto a ello, reducir las posibilidades de definición soberana.

Por tanto, el contenido y la dinámica de la transformación no puede supeditarse a las posibilidades de hacerse eco de las necesidades del pueblo parte de una institucionalidad política y económica. El ataque contra la clase trabajadora y el pueblo está en la base de esa transformación neoliberal del Perú. La miseria planificada y el cercenamiento de derechos son parte de la prenda de cambio del estado y su burocracia con el sector empresario. La fuerza de lxs de abajo es la que se expresa en las calles, en las barriadas, en el Perú indígena, moreno, negado por el Perú colonial, racista y patriarcal que defiende al capitalismo y se agacha ante el imperio.

La lucha de los y las trabajadoras de las empresas de agroexportación en curso, sobre la que versa una nota siguiente, sintetiza todos estos elementos y los desafíos del presente.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor, ingresá tu comentario
Por favor, ingresá tu nombre aquí