Un acuerdo para consolidar la dependencia
El Acuerdo de Facilidades Extendidas al que aspira nuestro país posee solo antecedentes locales durante las “relaciones carnales” del menemato (años 1992 y 1998). Este tipo de acuerdo no implica ningún tipo de quita sobre el volumen de deuda a devolver, deuda contraída durante el macrismo y señalada públicamente como instrumento de financiación de una enorme fuga de divisas. Se trata, entonces, no de investigar dicho desfalco, tampoco de reducir sus montos impagables, sino de extender los plazos de pago.
Recordemos que entre 2018 y la primera mitad de 2019, el FMI le giró al país alrededor de u$s 45.000.000.000 (45 mil millones). La Argentina deberá devolverle al Fondo casi u$s 53.000.000.000 (53 mil millones) sumando al capital girado los intereses acordados. Esto implica unos 11 o 12 puntos del PBI argentino, aproximadamente, tomando valores previos a la pandemia. En un país con un 41% de población hundida en la pobreza y con una economía golpeada por la crisis y con miles de muertxs por la pandemia, ese drenaje de dinero es un nuevo crimen. Pero más grave será el cuadro, todavía, con las recetas que el FMI prescribirá.
Señal de ajuste y piruetas discursivas
Más allá de los ensayos para presentar como políticas “contracíclicas” lo que es pura ortodoxia (ver por ejemplo Zaiat, Página / 12, “La mentira del ajuste”. 15-11-2020), la contundencia de los hechos borra cualquier disimulo en el rumbo elegido por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro Guzmán. El propio FMI es claro respecto a las implicancias del tipo de acuerdo al que el gobierno se encamina: “Cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se compromete a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. (…) En su sentido más amplio, la condicionalidad abarca tanto el diseño de los programas que respalda la institución —es decir, las políticas macroeconómicas y estructurales— como las herramientas específicas utilizadas para supervisar los avances hacia las metas descritas por el país con la ayuda del FMI. (…) Estas medidas también tienen por objetivo salvaguardar los recursos del FMI garantizando que la balanza de pagos del país sea lo suficientemente sólida para permitirle el reembolso del préstamo» (Completo en imf.org). Es decir, las metas de pago estructuran la política económica, incluyendo reformas estructurales para que se acceda a los dólares necesarios… para que el FMI se los lleve.
Buena parte de las medidas de ajuste que el Fondo reclama, ya fueron anunciadas o puestas incipientemente en ejecución: la no concreción, hasta el momento, del IFE 4, anunciada en prime time por el ministro Guzmán en C5N; el anticipo de tarifazos en luz, gas y combustibles en enero, entre otros.
Las recetas del FMI
Las eufemísticamente denominadas “recomendaciones” del organismo, que son verdaderas imposiciones, no son originales. Apuntan a la contracción del gasto público para achicar el déficit fiscal. Para ello, se avanzará sobre la mencionada quita de subsidios incluidos los que sostienen a aquellxs cuyos ingresos han desaparecido, como por ejemplo el IFE, pero también los que gravitan sobre el consumo popular del sector energético, que prevé un nuevo aumento de tarifas en enero. A su vez, el organismo insistirá con una posible unificación del tipo de cambio (es decir, formalizar y profundizar la devaluación de nuestra moneda) y con su iniciativa de reformas laboral y previsional.
En una economía dependiente y retraída, con altos niveles de desocupación y de pobreza, y aún atravesando la pandemia por covid-19, la aplicación parcial o total de estas medidas traerá un incremento significativo en las penurias de nuestra población: más hambre, más miseria, más sufrimiento y muertes que podrían evitarse.
Un impuesto tardío e insuficiente
El llamado “Impuesto a las grandes fortunas”, cajoneado durante meses y oportunamente desempolvado ante la rúbrica de un acuerdo leonino con los máximos usureros del planeta, prevé el cobro por única vez de un aporte al patrimonio declarado y a valor fiscal de los 10.000 millonarios más ricos del país. Ese universo representa sólo el 0.02% de la población, pero reúne cerca del 49% de los bienes en manos de argentinos tanto dentro como fuera de nuestro territorio (Nota de Télam). En promedio, se les aplicará un aporte cercano al 2% de los patrimonios declarados y a valor fiscal, un monto muy por debajo del valor real de los bienes inmuebles que posean. El debate sobre esta contribución, mínima en un contexto de crisis agravado por la pandemia, y aplicado en decenas de países, bastó para que estos sectores alzaran su voz escandalizados. Sin embargo, hasta el propio FMI apela a que se apliquen este tipo de gravámenes dado el contexto extraordinario y crítico que atraviesa del capitalismo mundial: “Si bien será difícil instaurar nuevas medidas de recaudación durante la crisis, los gobiernos posiblemente deban considerar un aumento de los impuestos progresivos sobre las personas físicas más acaudaladas y aquellos relativamente menos afectados por la crisis” (En “Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2020; Cap. 1).
Los sectores privilegiados de nuestro país, vinculados al gran empresariado industrial, los monopolios comerciales y de comunicación, el agronegocio y el latifundio, han protestado airadamente contra este impuesto. Desde una posición marxista no podemos dejar de señalar el carácter contradictorio que la iniciativa entraña: por un lado, la justeza conceptual de que los megamillonarios paguen un impuesto extraordinario; por otro, lo imposible de desconocer el carácter reducido de su monto, su limitadísima aplicación (por única vez, y ni siquiera mientras dure la pandemia), como tampoco que, de no mediar una modificación, el destino de lo recaudado derivaría en un 45% a subsidiar a otros sectores del empresariado y a la exploración gasífera desde la empresa mixta YPF, incluido el fracking (Art. 7 del borrador). En este sentido, para quienes somos de izquierda, el debate sobre la posición en Diputados de la bancada del FIT-U adquiere un carácter táctico. La votación positiva en general y el rechazo al Art. 7, o la lisa y llana abstención ante este borrador contrapuesto al del FIT-U, son posibilidades concretas. Lo que debería quedar excluido en el análisis es tributar al macartismo o cualquier tipo de condena hacia la izquierda, sea sutilmente o de manera más abierta, acción que está encarando meticulosamente la totalidad de la coalición gobernante. Que la clase capitalista pague más impuestos es una necesidad insoslayable; pero también lo es que la aplicación de esos gravámenes no sea efímera, que sea progresiva, que afecte a sociedades empresariales y no sólo a personas físicas, y que no financie a otros sectores del empresariado sino que se vuelque íntegramente a la vivienda popular, a la salud y educación públicas, a las obras de infraestructura estatales.
La necesidad de una alternativa de clase
El giro ortodoxo del gobierno peronista muestra que la vereda angosta en la que se mueve le deja cada vez menos espacio entre sus márgenes para administrar la crisis otorgando alguna concesión hacia los sectores populares. Esta coalición gobernante, votada por muchxs laburantes, lejos de representar los intereses objetivos de sus votantes vino a aplicar políticas más conservadoras que las desarrolladas durante el período 2003-2015. La crisis mundial profundizada por la pandemia, el alto nivel de endeudamiento, pero también la definición política de pagar a rajatabla dicha deuda y sostener la subordinación al FMI y el empresariado local, marcan una línea de intervención que está en la propia genealogía del armado gobernante. La salida para lxs de abajo no puede implicar que depositemos expectativas en quienes, puestos a elegir, entre el pueblo pobre y los usureros internacionales optan por los segundos; en quienes al momento de definirse, no vacilaron en desalojar los asentamientos a escopetazos para favorecer los especuladores inmobiliarios, como en Guernica; en quienes mantienen el ingreso de lxs jubiladxs en menos de la mitad de la canasta de pobreza… e igual suerte corre el salario mínimo, y peor aún el ingreso de millones de trabajadorxs precarizados y cooperativistas. La alternativa al saqueo no puede ser negociar de manera claudicante con los saqueadores. Debe ser, necesariamente, romper las cadenas que nos hunden en esa subordinación. Y esa tarea la puede realizar solamente un gobierno dirigido por la clase trabajadora, independiente de cualquier variante patronal.
Debemos organizar en las calles el repudio al FMI y al ajuste del gobierno.
¡Fuera el FMI! ¡La deuda es con los pueblos!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Impuesto progresivo a la riqueza!
