En un contexto provincial signado por la crisis sanitaria, económica y social, distintos sectores de trabajadores han atravesado en las últimas semanas las negociaciones paritarias de los sindicatos con el gobierno. En todos los casos no hacen más que ajustar el salario, abultar la pobreza y confirmar el pacto entre el gobierno y las conducciones burocráticas.
Les trabajadores municipales atraviesan la reducción de sus salarios, despidos, suspensiones, y causas judiciales que buscan amedrentar su organización.
Con un conflicto salarial entre la Municipalidad y el SUOEM, que viene desde el inicio de la cuarentena cuando el Intendente Martín Llaryora les redujo una hora de la jornada laboral a les trabajadores municipales, impactando en el salario.
Ahora recortó 15% del salario a les trabajadores municipales. Todo esto en medio de una negociación de la Municipalidad con acreedores internacionales por el pago de 6 millones de dólares en intereses de deuda, y con el argumento de la caída de la recaudación (igual argumento que utiliza la provincia).
El Sindicato de Empleados públicos (SEP) como de costumbre entregó una vez más los salarios, aceptando un aumento del 9% en un pago. Lo que generó el repudio y la organización de les trabajadores de la salud, quienes están en la primera línea contra el virus. Convocan a una jornada de lucha, con un paro y caravana de autos el próximo martes 10 de noviembre a las 16:00hs.
La conducción de UEPC traiciona a las bases una vez más
El martes 3 de noviembre la conducción celeste de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba aceptó la propuesta salarial del gobierno de Córdoba. Se ofrecía un 9% en tres cuotas para actives completándose el pago en el mes de enero del próximo año. Un 4% en octubre, un 3% en noviembre y 2% para enero. Para jubilades, un 8,6% con un desfasaje de 2 meses: 3,39% en diciembre, un 2% en enero y un 3,21% en marzo.
Si consideramos el dalario inicial de une docente en $34.892 y la canasta familiar que hoy ronda los $48.000, esta propuesta con claridad significa más ajuste y no un aumento para los salarios devaluados que ya vienen por debajo de la línea de la pobreza.
La conducción del sindicato, que se codea amigablemente con el gobierno, decidió empujar la aceptación del ofrecimiento con sus métodos antidemocráticos. Convocaron en contados departamentos de la provincia a asambleas de delegades escolares, salteando la convocatoria a asambleas de escuelas, instancia básica para garantizar la democracia sindical.
Les delegades por departamento, en su mayoría, llevaron el voto sin consulta a la instancia de máxima decisión. El argumento que primó fue “es lo que hay y hay que agarrar”, echando por tierra cualquier medida de lucha que se pudiera impulsar desde las bases, ante los justos reclamos que la docencia de Córdoba viene acumulando ya desde antes de la cuarentena. Como, por ejemplo, la sobrecarga laboral, la apertura de las convocatorias públicas, la falta de recursos y conectividad de docentes y estudiantes.
Pandemia y precarización van de la mano
La pandemia ha servido para un avance en políticas de precarización sin precedentes en la provincia. Aprovechando la dificultad y el llamado al cuidado de la sociedad en general se han avanzado con contratos basura, monotributos y becas. Intensifican las tareas de les trabajadores, y se desentienden de los recursos adicionales que los mismos necesitan para desarrollar sus tareas. Muestra de esto son les trabajadores de la Secretaría de Niñez y Adolescencia que viven gravísimas condiciones de precarización. “Hay más de 230 compañeras que cobran becas de entre $7.700 y $10.000 realizando tareas permanentes dentro de la SeNAF, como ser cuidadoras hospitalarias y de quienes están en las residencias. Casi el 100% de las precarizadas son mujeres”. (Nota en La Tinta). Soportan una constante persecución sindical con traslados compulsivos, el no respeto de la tutela sindical, los despidos por exigir derechos como por ejemplo una ART, cuando se trabaja en situación de calle.
Otra muestra de la precarización estatal son les trabajadores de la Salud que les toca estar en la primerísima línea de batalla contra el virus. Trabajan al límite de sus fuerzas con un básico que no llega a los 30 mil pesos y aseguran que se ofrecen para estos nuevos cargos «contratos de contingencia, monotributos, becas, o contratos de 3 a 6 meses. Expresan “Somos esenciales para brindar servicios pero descartables para que nos reconozcan”.
A pesar de ello, seguimos sosteniendo el trabajo desde nuestras casas, en los hospitales, en las oficinas o en las calles. Costeando los insumos sin aporte del Estado, con una miserable recomposición salarial del 9% aceptada por el SEP que profundiza la pérdida que vienen sufriendo nuestros salarios. Cada vez más trabajadores estamos por debajo de los $48.000 que indica el INDEC para la canasta básica. Y ni hablar de la canasta familiar calculada por les trabajadores del organismo, que asciende a $72.000.
Coordinar las luchas y avanzar en unidad serán las tareas que tendremos por delante frente a un estado decidido a aprovechar la situación de pandemia para profundizar el ajuste y la precarización.
¡Unidad de les trabajadores, para enfrentar las políticas de precarización y ajuste del estado!
