El pasado 15 de octubre, la Lof Gallardo Calfu hizo pública su recuperación ancestral de territorio en la localidad de El Foyel (Rio Negro), y su arraigo en el lugar. Se trata de una superficie de 600 hectáreas, que vienen siendo reclamadas por la comunidad desde el año 2013, y que les fueron arrebatadas en el marco de una estafa que sufrió Sixto Gallardo Calfu por parte de Miguel Arturo Soriani, actual apropiador. Bajo el slogan de “poner fin al problema de las tomas”, la gobernadora de Río Negro ordenó un desalojo exprés, sumando un capítulo más a la historia de avasallamientos cometidos por los gobiernos patagónicos sobre el pueblo mapuche.
La recuperación ancestral de territorio llevada adelante por la comunidad Gallardo Calfu forma parte de una estrategia de integración desplegada por distintas comunidades en un marco de resignificación identitaria. Al sostener que la ausencia del territorio es sinónimo de destrucción no solo de la identidad como pueblo mapuche sino incluso de los valores básicos de la comunidad. El problema del capital y sus lacayos es que la recuperación de territorio que realizan las comunidades mapuche avanza sobre el corazón de la acumulación: la propiedad privada.
La comunidad busca recuperar el territorio que les fue arrebatado a sus ancestros como parte de una estafa. Aunque la expulsión no fue completa, ya que en 1985 un miembro de la comunidad –Elías Gallardo- se niega a firmar un deslinde de tierras, quedando de esta forma arrinconado en una pequeña parcela dentro del terreno apropiado por los estafadores. Por este motivo, la comunidad decide avanzar con la recuperación del territorio que les fuera expropiado con anterioridad siendo reprimidos y algunos de sus miembros con detenciones arbitrarias. Las comunidades aseguran que esta política represiva solo dará paso a la radicalización de las formas de lucha de los pueblos originarios.
La historia como farsa
Luego de la mal llamada “Campaña del Desierto”, verdadero intento de exterminio, y al proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, le siguió la instauración de un nuevo patrón de ocupación y utilización de los recursos, en el contexto de la incorporación de la Argentina al mercado mundial en calidad de proveedora de materias primas. Este sistema económico basado en las exportaciones de productos primarios, significa la total dependencia al capital internacional junto al deterioro de los términos de intercambio y sus consecuencias en la balanza comercial. De esta forma, y a partir de la alianza indispensable entre Estado y Capital, surge el latifundio, amo y señor del patrón de apropiación y uso del territorio patagónico. Es bien sabido, que gran parte de las más de 44 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios terminaron en manos de grandes terratenientes, tanto nacionales como extranjeros: Roca, Martínez de Hoz, Menéndez Braun, Lewis, Benetton, etc. Un claro ejemplo de aquello que David Harvey denominó “acumulación por desposesión”, remontándose a los análisis de Rosa Luxemburgo respecto al carácter dual que asume la acumulación de capital.
Durante la década de 1880, se impone un bloque histórico que articula intereses de clase de distintas elites porteñas y provinciales, y se establecen las bases materiales e ideológicas para la expropiación en más de los pueblos originarios. Finalmente, el relato así cristalizado tiende a invisibilizar tanto la existencia misma de los pueblos originarios, con posterioridad a 1879, como a las políticas de Estado hacia los mismos, por presuponerlos extintos. Sin embargo, el arrinconamiento de aquellas comunidades que sobrevivieron al genocidio perpetrado por el Estado argentino continuó, siendo el Lof Gallardo Calfu una de ellas. Así, a los antiguos pobladores (crianceros) de origen indígena y criollo, Parques Nacionales les concedió las tierras como «ocupantes con título precario y permisos de ocupación y pastaje provisorio», mientras que aquellos que estaban asentados de manera precaria, se los consideró “intrusos”, desalojándolos por no convenir a los intereses de la institución. En las últimas décadas, y como producto de la mercantilización extrema de las tierras públicas ligadas al “usufructo privado del paisaje”, el rol “conservacionista” de los parques nacionales de la norpatagonia se ha afianzado. A partir de la reforma de la ley de Parques Nacionales en los ´80, el interés principal se centra en la “conservación de la naturaleza”, prohibiendo toda actividad económica a excepción –oportunamente- del turismo, siendo este, hoy entendido como un componente central en la reestructuración del capital y de circuitos de consumo cultural a nivel mundial.
Arrinconamientos y respuesta del pueblo mapuche
En el caso de Bariloche, este arrinconamiento de las comunidades condujo a su “reubicación” en la zona del “Alto”, en la periferia de la ciudad. A uno de estos barrios pertenecía Rafael Nahuel, quien había comenzado a realizar un proceso de recuperación identitaria con el Lof Lafken Winkul Mapu, que a su vez, se encontraba llevando adelante una recuperación ancestral de territorio en Villa Mascardi. En este marco, se desarrolló una brutal cacería, orquestada por el poder judicial y ejecutada por varios elementos de las fuerzas represivas argentinas, que culminó con el asesinato de “Rafita”, como lo llamaban sus seres queridos. La represión que involucró a cinco fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de Río Negro. Estas últimas, convocadas por el poder judicial y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, cercana al Frente de Todos, para desalojar la ocupación de la comunidad Gallardo Calfu.
La represión sostenida que tiene lugar en el territorio de lagos y montaña de la Patagonia se da en un contexto de preocupante estigmatización y demonización de la pobreza y el pueblo mapuche, que responden a razones de índole históricas y geográficas. Estas razones inspiradas en ideas nacionalistas surgidas al calor de la expansión capitalista, promueven la movilización de un sector de la población de estas ciudades patagónicas en “defensa a la propiedad privada” y en contra de la justa y legitima recuperación de territorio de las comunidades mapuche.
Alentamos que el proceso de resignificación identitaria avance en el camino de recuperación territorial y llamamos a toda la población a solidarizarse con la lucha del pueblo mapuche.
Repudiamos el uso de las fuerzas represivas que el Estado provincial y nacional utiliza a favor de la extranjerización, la concentración de las tierras patagónicas y la expulsión de sus ocupantes legítimos. Reconocimiento y reparación de los derechos de los pueblos originarios.
