Disculpen la molestia Policías
(Ilustración: Juan Paz)

El lunes 7 de septiembre se inició una “protesta” policial llevada adelante por sectores de la bonaerense, que tuvo expresión en al menos 27 municipios de la provincia. De hecho, llegó a las puertas del domicilio del gobernador Axel Kicillof y a la Quinta de Olivos. Los reclamos de diferente tipo se reúnen en un pliego de 14 puntos e incluyen, centralmente, aumento salarial y pago de horas extras, entre otros. Se dan en un contexto de crisis económica y social general que afectan principalmente a los sectores más humildes de nuestro pueblo. Pero por más que se utilicen palabras como pliego de reivindicaciones, reclamo salarial, se hable de paro o se corten calles, no hay que confundirse: las fuerzas de represión no son trabajadorxs.

Desde el inicio de la medida de ASPO, se encomendó a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales el control social provocado por la crisis sanitaria. Así se vio en el caso de Villa Azul, dónde en un pico de contagios en un barrio popular, se lo cercó cómo si fuera un ghetto. La misma acción se reprodujo en otros lugares del conurbano bonaerense. A un problema de salud, la respuesta fue más policía.

Hace pocos días se confirmó que el cuerpo hallado en Teniente Origone era el de Facundo Castro. No hay dudas de la responsabilidad policial en la desaparición seguida de muerte de Facundo. Frente a nuestra bronca acumulada y el dolor reciente por este asesinato, no existe ninguna reacción del gobierno provincial ante a la impunidad de la policía, incluso continúan sosteniendo a Sergio Berni al frente de su Ministerio de Seguridad. Así como exigimos que Berni se haga cargo del asesinato de Facundo, exigimos que Axel Kiciloff se haga cargo de su ministro.

Mientras todo esto sucede, la misma fuerza es reforzada con numerosos recursos. En acuerdo entre el gobierno nacional y el gobernador Kicillof, se destinarán 38.000 millones de pesos a la compra de 2.200 nuevos móviles policiales, el reclutamiento de 10.000 nuevos policías, el envío de 4.000 efectivos federales al conurbano, la construcción de 12 nuevas unidades carcelarias, la refacción de 300 comisarías, la colocación de 2.200 paradas seguras, a los cuáles se destinarán 10.000 millones para la compra de chalecos antibalas, armamento, municiones, y tecnología. Toda una definición de política pública, que no hace más que reforzar el plano represivo de la grave situación social que se vive.

La acción de la bonaerense y su carácter represivo se evidencia en las 42 personas asesinadas en la provincia de Buenos Aires; mientras que en todo el país llega a 102 desde el inicio de la ASPO por parte de las fuerzas de seguridad (fuente: CORREPI).

Esta inversión en pertrechos, que le da el gusto a los que reclaman mayor seguridad para la propiedad privada, contrasta con los recursos que se destinan a la atención de lxs trabajadorxs de la salud que están en la primera línea frente a la pandemia. Ninguna mejora salarial para los que han estado al frente de la atención de los contagios del coronavirus, salvo un mísero bono entregado por única vez. No se ha abierto ninguna paritaria para el personal estatal y la pérdida de poder adquisitivo es abrumadora. Ninguna paritaria ni mejora salarial para lxs trabajadorxs del Estado, entre los que se encuentran lxs docentes, administrativos que hace meses vienen salvando vidas y arriesgando la propia. Tampoco se declara trabajadorxs esenciales a miles de compañerxs de los barrios populares que sostienen comedores.

Sin embargo, la mayor indignación se produce cuando uno de los pedidos de lxs amotinadxs es el de planes de vivienda. Descaro total, cuando son quienes llevan adelante los desalojos de las tomas de tierras; mientras se amenaza con un desalojo inminente en Guernica, donde miles de familias que no tienen nada y que necesitan un pedazo de tierra para vivir.

Luego de esta disputa entre la policía y la gobernación por supuestas “mejoras laborales”, el resultado será sin dudas un corrimiento mayor hacia políticas represivas para paliar la crisis. Cualquier mejora para las fuerzas represivas, es un ataque a lxs trabajadorxs. Sea en forma de aumentos salariales o equipamiento. No hay reclamo que valga: no son trabajadorxs. La policía no nos cuida.

Juicio y castigo para todos los responsables de la desaparición y muerte de Facundo Castro.
Basta de gatillo fácil. Fuera Berni. Terminemos con la mafia de la bonaerense.
No a la sindicalización de la policía.
(Ilustración de portada: Juan Paz)

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