Durante 15 días, en diez provincias de nuestro país el fuego fue la cara más concreta con la que se mostró el agronegocio y el negocio inmobiliario, destruyendo humedales y bosques nativos que cumplen servicios fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.  En la provincia de Córdoba, una de las principales provincias del “campo argentino” y donde la frontera agropecuaria avanza a pasos agigantados destruyendo suelos, el fuego llegó a dañar grandes cantidades de hectáreas del poco bosque nativo que queda, y todo lo asociado a él. En esta oportunidad los incendios se iniciaron en el departamento de Ischillin, al oeste de la ruta 9, y el fuego se extendió en dirección sudeste hasta llegar a Capilla del Monte.  Luego, varios focos más se encendieron en todo el Valle de Punilla, terminando con una superficie de más de 48 mil hectáreas de bosque nativo quemado. El incendio de estos bosques implica la pérdida de factores naturales de regulación de precipitaciones, temperatura y vientos, así como también del sustento de centenares de productores familiares que viven de la cría de ganado y de los frutos del Mistol, la Algarroba y el Chañar. Parte de estos productores son el pueblo originario olvidado por este Estado colonial.

Al inicio de esta tragedia planificada, el gobernador pretendió nuevamente responsabilizar a la naturaleza, asegurando que los incendios son producto de la sequía y los vientos. A esta altura y luego de las declaraciones del propio director de Defensa Civil de la provincia Diego Concha queda claro que los incendios fueron intencionales, y la constante aparición de nuevos focos en todo el valle en un rango de menos de 10 días deja en evidencia que muchos tomaron la temporada de incendios como un “vale todo”.

Los incendios provocados intencionalmente son cada vez más recurrentes y más grandes y son la principal causa de los siniestros ocurridos en la provincia. Si bien muchos están relacionados con la quema de pasturas controlada que es una práctica muy difundida para el mejoramiento de pastizales en el marco de actividades agropecuarias, la falta de aviso de esas quemas y la cantidad de focos en simultáneo obligan a ver otras intenciones.

 

 Donde hubo fuego, countries se construyen

Desde la aprobación fraudulenta de la Ley 9814, conocida como ley de Bosques, organizaciones sociales vienen denunciando el bajo presupuesto en lo referido a prevención de incendios forestales y mitigación de daños.  La cantidad presupuestada no alcanza y para colmo se jerarquizan las áreas de interface (es decir donde hay peligro de construcciones urbanas) por sobre las áreas forestales. Esta situación es muy conveniente para desarrollistas que lucran con compras de tierras que no sirven para actividades agropecuarias pero sí para sus negocios inmobiliarios o para el agronegocio.

Según explica Guillermo Galliano de la fundación Mil Aves, “si hacemos un análisis exhaustivo y una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales y se saca información de dónde fue cada incendio, en el 2004 acá, en el 2005… y se va haciendo un mapa de esos incendios -digo de un caso concreto: camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita-, veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados. Y hagamos un análisis posterior: ¿cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semana de por medio los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y ahora son todos barrios cerrados”. (https://latinta.com.ar/2020/08/cordoba-incendios-countries/).  Es necesario recordar también que el proyecto de autovía de montaña, resistido por asambleas ambientales y vecinales de todo el valle, sigue vigente, por lo que para el gobierno esas tierras ya son de sacrificio.

Al día de hoy, con 48.000 hectáreas incendiadas, sabemos que llevará años la recuperación de ese suelo, de esa tierra, de esa flora y fauna, la lluvia lamentablemente no repara el daño causado por la mano del hombre dueño de las empresas. Es posible que con diversas acciones que el Estado lleve a cabo se logre recuperar estas hectáreas arrasadas.  Distintos especialistas señalan que debería implementarse toda una serie de medidas, que requieren presupuesto e inversión del gobierno, pero si el mismo gobierno, de la mano de quiénes manejan los negocios inmobiliarios, planifica los incendios, ¿por qué habrían de invertir dinero en su recuperación?  Lo que sí apresuró la legislatura de Córdoba es una ley de emergencia para asistir a pequeños productores de la zona.  Esa asistencia consiste en algunas exenciones impositivas y cubre unas 30.000 hectáreas. Pero la recuperación de las pasturas llevará mucho tiempo y el daño hecho es grandísimo, mucho mayor que el que se recupera con la asistencia provista.  Por su parte, el Ministro de Ambiente Nacional Juan Cabandié, al visitar la zona, aseguró que su preocupación son los daños al capital productivo y dejó claro que no se va a modificar el modelo productivo y de negocios actual, que tiene como resultado la avaricia por la plusvalía y la renta y no el cuidado de la vida y la naturaleza.

 

Detenciones a chivos expiatorios

El entramado está armado para que jamás paguen los verdaderos responsables, la justicia ya nos tiene mal acostumbrades a las mismas maniobras de siempre, la policía guardaespalda del poder político y económico detiene arbitrariamente a personas para acusarlas de este ecocidio que no cometieron. Los gobiernos locales apuran detenidos inventados como Matías Carballo, acusado de prender fuego en la zona de Charbonier, cuando se había acercado con su familia y vecines a ayudar a apagarlo. La investigación está a cargo de la fiscal Klem, quien tiene experiencia en apresar «perejiles» para encubrir al poder político.

 

 Casa Bamba entre la crecida del río y el fuego

La situación de Casa Bamba, localidad ubicada en el departamento Colón, a 7km de La Calera es alarmante y urgente, la gente que vive allí se encuentra encerrada, desde ya casi dos años cuando la empresa “Mogote Cortado”, de Roberto Camarassa, decidió colocar un portón que bloquea el ingreso y salida del pueblo a través de la ruta E-55.

En este contexto todo se agrava, pero les vecines de Casa Bamba hace tiempo que vienen denunciando esta situación: por los privilegios de los empresarios de esta minera, el pueblo sufre a diario las condiciones de vida que le imponen. El domingo 23 de agosto el incendio del Cerro Pan de Azúcar, ubicado en Cosquín, avanzó en dos direcciones, una hacia Bialet Massé y Santa María de Punilla y otra hacia La Calera y Casa Bamba. Así fue que Casa Bamba quedó entre el fuego y el agua, como entre la espada y la pared, porque a la llegada del incendio se le sumó la apertura de las compuertas del dique San Roque que hicieron que el río suquía crezca.

Hace casi dos años-todo este tiempo- les vecines de Casa Bamba vienen denunciando y exigiendo que el municipio coloque un puente para ingresar y salir del pueblo con la seguridad correspondiente, éste ya está construido, pero no lo han colocado por la negativa de la empresa minera Mogote. Entonces les habitantes de esta localidad, tienen como únicos ingreso y salida el río, una zona muy dificultosa- siempre que no esté crecido- y el camino de 2km a pie por las vías del tren-que es inseguro e ilegal-.

Desde el domingo, vecines de Casa Bamba acampan en el único acceso por ruta, además, ésta empresa busca explotar dos cerros de la localidad (zonas rojas de bosque nativo).

 

 El fuego del capitalismo

La deforestación que sufre nuestra provincia producto del avance del agronegocio y del negocio inmobiliario, genera, además de pobreza estructural por la expulsión de pequeños productores, un cambio en la situación normal de temperatura y humedad.  Para que un foco se transforme en un incendio a gran escala tiene que haber tres elementos climáticos: viento, baja humedad y temperaturas más elevadas de lo normal.

Las autoridades ahora sostienen haber controlado todos los focos de incendio, ninguno está activo, y entramos a una etapa de “guardia de cenizas”, sin embargo, el riesgo de incendio se mantiene extremo y, no se trata sólo del suelo sino también del aire y el agua contaminados, además de un mayor riesgo de inundaciones.

Pero el Bosque no muere y el pueblo resiste.  Por eso organizaciones sociales y ambientales de todo el Valle y de Córdoba Capital decimos ¡basta de negociados!  y seguiremos denunciando los incendios intencionales junto con toda una política que destruye a diario la naturaleza y nuestras vidas, hasta terminar con el capitalismo y empezar la hermosa tarea de construir una sociedad socialista, entendiendo la naturaleza como nuestro medio de vida y no como recurso.

 

Por eso exigimos:

  1. Ley de Emergencia Ambiental para que se activen fondos nacionales para la rehabilitación y reconstrucción del bosque nativo y para subsidiar las pérdidas materiales de la población.
  2. Aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial. El fuego no modifica el uso del suelo.
  3. Participación popular en la actualización del Ordenamiento Territorial.
  4. Más presupuesto para el Plan Nacional y Provincial de Manejo de Fuego. Más presupuesto para la protección del Bosque nativo.
  5. Profesionalización de les Bomberes Voluntaries.
  6. Por un nuevo modelo productivo con Soberanía Alimentaria.
  7. No a la urbanización compulsiva. Basta de countries y barrios cerrados para los ricos y exclusión y hacinamiento para les trabajadores y pueblos originarios.

La naturaleza también es sujeto de derecho.

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