La crisis social, económica y sanitaria está en su momento más crítico. Mientras el sistema sanitario se encamina al colapso, el deterioro de la situación económica y la decisión política de que el costo de la crisis la pague el pueblo trabajador muestran sus consecuencias más crudas: crecen el desempleo, la pobreza, la indigencia y la precariedad de la vida de millones.
La respuesta del gobierno de Fernández -de la mano de la burocracia sindical que conduce la CGT y las CTA- no va más allá de un intento de parches asistenciales que no buscan más que descomprimir y neutralizar la conflictividad social. Quedaron en el camino los discursos que prometían tener a raya a las patronales y la falacia de un “capitalismo en el que ganen todes”.
La situación desesperante a la que empujan al pueblo trabajador castiga con mayor rigor a sus sectores más empobrecidos, a las mujeres y disidencias, y a les jóvenes. Crecen las luchas, la solidaridad y la organización popular; y múltiples estrategias de supervivencia, entre ellas el delito.
En el marco de una puja con la derecha opositora, y con la persistencia de contradicciones internas de origen, la política de Fernandez y el FdT se resuelve por derecha y fortalece su política represiva. En línea con las campañas mediáticas que agitan el fantasma de la inseguridad y que fogonean un clima de “guerra contra la delincuencia y el narcotráfico”.
La situación represiva se agravó desde la implementación del ASPO con la saturación del espacio público con policías, fuerzas federales y el ejército en algunas localidades. Redundó en el recrudecimiento de todas sus modalidades: hostigamientos, detenciones arbitrarias, golpizas, torturas, desapariciones forzadas, gatillo fácil en las calles y asesinatos de personas en condiciones de detención. Así como ciber patrullaje y el uso de policías infiltrados en las luchas populares. El nuevo avance represivo acelera el proceso de creciente militarización de la sociedad, y multiplicará los casos y situaciones represivas.
El primer paso de esta nueva arremetida fue en el conurbano bonaerense: a fines de julio destinaron 1200 gendarmes distribuidos –en una primera etapa- en Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús, que se sumaron a los 6800 efectivos de gendarmería que ya cumplían funciones en el GBA.
El segundo movimiento del ministerio de Seguridad de la Nación fue la creación de la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) una división especial de la Policía Federal Argentina (PFA) cuyo primer destino será el conurbano bonaerense y que estará a disposición de las provincias. En la provincia de Buenos Aires, su fascistoide ministro de Seguridad Sergio Berni, apura un plan de seguridad junto a intendentes bonaerenses.
Como si esto fuera poco, el presidente Fernández anuncia la remodelación de cárceles y la construcción de hospitales penitenciarios porque “necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”. Una admisión involuntaria del fracaso de su política social, de su incapacidad para enfrentar a la derecha opositora, y que adelanta las consecuencias de esta ofensiva represiva que incluye la compra de móviles, video vigilancia y drones.
Desde el 10 de diciembre de 2019, la represión estatal asesinó más de 150 personas y castiga a las barriadas con hostigamientos, detenciones arbitrarias y gatillo fácil; golpizas, torturas y asesinatos de personas en situación de detención. Las nuevas medidas y anuncios del gobierno nacional en acuerdo con gobernadores e intendentes, amenazan con profundizarla aún más.
Se pone a prueba la capacidad del pueblo y sus organizaciones para enfrentar la represión del estado burgués y el capital. La organización, la unidad y la lucha en las calles, sin concesiones ni expectativas en los gobiernos y partidos que sustentan este orden criminal, es una práctica esencial para la conquista colectiva de una vida digna, sin hambre, explotación ni represión.
Basta de gatillo fácil
No a la militarización de nuestros territorios
Unidad y organización popular frente a la represión estatal