El viernes 31 de julio, finalmente el gobierno nacional dio marcha atrás con el decreto de intervención estatal en Vicentin, empresa que tiene deudas millonarias con el Estado, con productores agrarios y con lxs trabajadores. Enarbolada como una nueva “YPF”, el gobierno había anunciado el 8 de junio su expropiación para avanzar hacia la soberanía alimentaria y poder realizar a través de esta el control del mercado exportador de granos. Sin embargo, menos de dos meses después del anuncio, presionado por integrantes del Frente de Todos y de sectores patronales, la medida acusada de “comunista” por la derecha, volvió a su punto de inicio, donde los antiguos gerentes se harán cargo de los pasos a seguir para resolver la situación de una empresa que se declaró en quiebra.
Desde una perspectiva diferente, como Venceremos – Partido de Trabajadorxs, creemos que se debería haber avanzado en la expropiación sin pago, y poner la empresa bajo control de sus trabajadores. Esa medida junta a otras, como la estatización del comercio exterior y la nacionalización de la banca, hubiesen sido medidas realmente concretas que permitieran a nuestro pueblo, contar con herramientas para no quedar sometidos a los antojos especulativos de un empresariado que sólo piensa en llevarse sus ganancias al exterior, y que las deudas las paguemos todes.
Para tener más elementos de análisis sobre la decisión del gobierno de retirar la intervención de Vicentin, consultamos a Gabriel Bober, Carlos Direni y Pablo Anino, compañeros con quienes realizamos una charla sobre este tema el 1 de julio pasado.
– Gabriel Bober. Sociólogo Rural. ATE CONICET.
Venceremos – PT: ¿Qué análisis haces de la marcha atrás con el decreto de intervención de Vicentin por parte del gobierno?
GB: El decreto del gobierno retirando la intención previa de expropiar Vicentín o intervenir en el concurso de la empresa ratifica por un lado la falta de planificación con que se anunció la medida, pero sobre todo, en el plano político, la imposibilidad de imponer la decisión del poder ejecutivo por sobre la resistencia de los empresarios vaciadores y del frente opositor liderado por las entidades empresarias del sector agropecuario que cuestionaron la intervención. De tal manera, se consagra la estafa de los actuales controlantes que deja un tendal de deudores, la liquidación de la empresa, la fuga de activos y la protección de sus bienes personales para cubrirse de consecuencias judiciales. Sin embargo, es importante visualizar el contexto macroeconómico y la orientación de la política económica para comprender la escasa insistencia del gobierno para sostener el intento de intervención. Esto tiene que ver con no profundizar el enfrentamiento con las patronales agrarias cuando se está buscando el relanzamiento de la estrategia exportadora, apalancada en el sector agroindustrial y el sector energético, relacionada con la crisis generada por la escasez de dólares en el Banco Central producto de la fuga de capitales y los compromisos de deuda asumidos. Las reuniones que se están sucediendo con las cámaras empresarias agrarias y el gobierno y la posibilidad de firmar el acuerdo con China para la instalación de mega emprendimientos de producción porcina para exportación ratifican esta orientación que predomina sobre cualquier interés relacionado a la soberanía alimentaria, la protección de los deudos de Vicentín, o los impactos socio ambientales del modelo de producción agrario vigente.
V-PT: ¿Cuál es la perspectiva que ves para la resolución de la situación de la empresa?
GB: La situación de la empresa va a ingresar en una telaraña judicial que va a terminar de liquidar la unidad productiva y volver sumamente engorroso el cobro por parte de los acreedores, entre ellos pequeños productores, cooperativas de producción, y mayoritariamente el Banco Nación. Es probable que distintos grupos empresarios multinacionales pujen por repartirse partes de esta empresa con el resultado de una mayor concentración y extranjerización del control del comercio agroexportador. Así, el Estado no asumirá el riesgo de invertir capital propio y absorber parte de las deudas de la empresa y se limitará a reclamar judicialmente el cobro de sus acreencias y a lo sumo intentar involucrar penalmente a los accionistas controlantes. Pero abandonará cualquier intento de intervención en el control de Vicentín y sus desmembramientos, dejando a la deriva a pequeños acreedores y a trabajadores y olvidando la posibilidad de establecer un rol testigo para la empresa en el mercado o de generar un modelo productivo alternativo orientado a la soberanía alimentaria como se barajó en un primer momento.
– Carlos Direni. Militante de Venceremos –PT e integrante de la Asamblea Fuera Porta
Venceremos – PT: ¿Qué análisis haces de la marcha atrás con el decreto de intervención de Vicentin por parte del gobierno?
CD: La medida adoptada por el Gobierno de Fernández de volver atrás con la expropiación de Vicentín deja en evidencia una acción sin plan político. La frase del Presidente sorprendido ante la falta de reacción «del pueblo» ante el anuncio en el caso Vicentín deja claro el desconcierto.
Un tema que se reitera y se hace presente en la política de nuestro país, es nuevamente el poder de un sector estratégico de la economía Argentina que se apoya, cuando es pertinente a sus intereses, en la justicia y sus contubernios. No es una excepción ni tampoco es casual. El modelo de sistema productivo Argentino tiene garantías de desarrollo gracias a las irregularidades y acciones ilegales sobre las que se asientan. Son muchos casos donde Justicia y Cámaras empresariales tienen nexos políticos.
En este caso particular, el titular del Juzgado Nº 2 de Reconquista, tiene relaciones con la empresa que datan de varios años, aunque Lorenzini lleva menos de dos años como magistrado, desde el 99´ hasta 2018 se desempeñó como empleado del Banco Nación en la misma ciudad santafesina y estuvo involucrado directamente con acuerdos vinculados a empresas del grupo.
Una organización que estafa, que según informó el concurso preventivo le debe plata a 2.638 personas en todo el mundo por casi $ 99.000 millones, que recibió préstamos del Banco Nación y acumula una deuda de $18.182 millones; que le debe al Banco Provincia $1.814 millones, al Hipotecario $760 millones, que tiene acreedores en Brasil por $770 millones y una deuda con el Estado argentino por unos $9.000 millones, ahora depende de un Juez del cual antes era cliente.
Sin dudas, que en estos momentos, la situación más grave y preocupante es la de trabajadorxs de la empresa; una empresa que tiene casi 2.200 trabajadores de la aceitera (esto sin contar las contratistas) del sector frigoríficos unos 4.000 trabajadorxs de Reconquista, la hilandería de Avellaneda, en Mendoza los viñedos, la envasadora de jugos ENAV en San Juan, hablamos de alrededor de 6000 empleos directos y cerca de 20000 de modo indirecto que viven en la desesperación de la incertidumbre.
De parte del Gobierno no solo se deja de lado la voz de lxs obrerxs sino que por el contrario no reconoce el carácter de «urgencia» para resolver este tema dejando impunidad al accionar de la Policía de Santa Fe que utiliza el amedrentamiento y hostigamiento a lxs laburantxs para acallarlxs. Es el caso de lo ocurrido en la Algodonera -del Grupo Vicentín- donde delegadxs de la empresa son llamados a la comisaría, interrogadxs y perseguidxs.
Sin la participación de lxs obrerxs no hay garantías de ganar una contienda en esta situación, para esto es necesario involucrar a los sectores primordiales, de trabajadorxs, pequeños productores y cooperativas del sector, al menos para iniciar un paso a favor de garantizar conquistas reales. En definitiva, sin un programa que reúna una perspectiva de carácter anticapitalista, capaz de articular una fuerza social para modificar el modelo del agronegocio, del extractivismo, de dependencia, que este y los gobiernos anteriores se encargaron de construir, queda claro que con una medida como esa quedará en la nada.
– Pablo Anino. Economista. La Izquierda Diario
Venceremos – Partido de Trabajadorxs: ¿Qué análisis haces de la marcha atrás con el decreto de intervención de Vicentin por parte del gobierno?
PA: El 19 de junio, el juez Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores, puso nuevamente al frente de la empresa a los Nardelli, Padoan y Vicentin, los propietarios de la empresa que le hicieron un “paga dios” al Banco Nación, que triangularon exportaciones para no pagar retenciones y están sospechados de fugar los dólares de sus estafas a paraísos fiscales a través de un sistema de mamushkas, es decir una empresa dentro de otra, dentro de otra, para ocultar su patrimonio. Lorenzini repuso a los estafadores desconociendo el decreto presidencial, aun cuando el juez dice no tener atribuciones para pronunciarse sobre el contenido del decreto. Los propietarios de Vicentin hicieron todo eso con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri, al que le financiaron la campaña, pero en particular con la complicidad de Javier Gonzáles Fraga, el expresidente del Banco Nación. Pero probablemente también con la complicidad de Lorenzini, quien fue empleado de la sucursal Reconquista del Banco Nación hasta 2018/2019, donde Vicentin tramitó muchos de sus préstamos. Por lo cual, es “juez y parte”.
Desde aquellos días de junio el Gobierno abandonó tempranamente la idea de expropiar a la empresa. Pero a fines de julio abandonó directamente cualquier plan de intervención. El oficialismo enarboló la causa Vicentin casi como si se tratará de la toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa. Exageró diciendo que era para conquistar la soberanía alimentaria, cuando el agro argentino produce commodities, mayormente para alimentar ganado en el sudeste asiático, pero no necesariamente alimentos para consumo humano. Se dijo que era para tener una empresa testigo que evite las maniobras del comercio exterior cuando, aun avanzando con la expropiación, el 60 % del comercio exterior seguiría en manos de un puñado de multinacionales: Cofco (China), ADM, Bunge, Cargill, estas tres todas de los Estados Unidos, y Louis Dreyfus de Francia. Es decir, cuando existe en los hechos un oligopolio privado y extranjero que concentra los dólares tan escasos que necesita la economía para atender necesidades sociales. Se dijo que era una política estratégica para abordar la reconstrucción en la pospandemia con los dólares que genera Vicentin.
Si un deshilachado banderazo y las maniobras judiciales de un “juez y parte”, de una ciudad pequeña, hicieron retroceder tales planes, o los objetivos no eran tan grandilocuentes como se los enunció, o no se tenía la convicción para afectar los intereses que hay que afectar si no se quiere que siga su curso la crisis social. No obstante, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad presentó un proyecto en el Congreso para expropiar sin pago Vicentin para que sea gestionada por sus trabajadores. El oficialismo se niega a tratar el proyecto.
En el tema Vicentin se expresa la misma poca convicción que manifiesta el oficialismo para impulsar la presentación de un proyecto de impuesto a las grandes fortunas o para romper con los extorsionadores de la deuda externa, con los lobos de Wall Street, con los que Martín Guzmán acordó recientemente una hipoteca al pueblo trabajador por más de un cuarto de siglo.
V-PT: ¿Cuál es la perspectiva que ves para la resolución de la situación de la empresa?
PA: Es difícil prever el desenvolvimiento de la situación de la empresa hacia adelante. Lo que sí se puede percibir es que el negocio de Vicentin, si se concreta la quiebra, o aún sin ella, puede caer en manos de capitales multinacionales, que son los que dominan el comercio exterior agrario argentino. Fortalecer la posición de las multinacionales es, justamente, el resultado contrario a lo que se propuso, al menos de palabra, el Gobierno. La lucha obrera y popular podría abrir camino a una alternativa opuesta: la transformación de Vicentin en una empresa estatal bajo gestión de las trabajadoras y trabajadores, en la perspectiva del monopolio estatal del comercio exterior, que administre los dólares de las exportaciones y los desembolsos de importaciones en función de necesidades sociales, que expulse del país a las multinacionales agroexportadoras que especulan con las ventas externas para que suba el dólar (que sabemos lleva a la destrucción progresiva del poder de compra del salario), que hacen tantas o más manobras que Vicentin y remiten los dólares que ganan a sus casas centrales, mayormente en potencias imperialistas o paraísos fiscales.