De cara al pico de contagios, que nadie sabe a ciencia cierta qué estatura tendrá ni por cuánto tiempo se extenderá, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof anunciaron el viernes la ampliación de la cuarentena hasta el 17 de julio, con condiciones más rígidas en el AMBA.
Esta vez, el anuncio fue grabado previamente, lo que da cuenta de los recaudos tomados por la Casa Rosada en la planificación y comunicación de las características de esta nueva fase, el actual cuadro crítico del desarrollo de la pandemia en la actualidad y, ligado a esto, el temor de las autoridades de Nación, CABA y Buenos Aires frente a un posible colapso del sistema sanitario en el área metropolitana, preocupación que crece en la misma medida que se abultan las cifras de contagiados en el parte que presenta cotidianamente el Ministerio de Salud de la Nación (desde hace días, holgadamente por arriba de los 2000 casos diarios).
A casi 100 días de iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ingresa a la fase más crítica con la principal medida sanitaria desgastada por la fatiga psicológica ante el encierro prolongado y una crisis económica y social cada vez más dramática. Según las cifras del propio INDEC, la desocupación llegó al 10,4% en el primer trimestre del año (con apenas diez días de cuarentena), lo que constituye prácticamente una foto del estado de situación al inicio de la cuarentena en nuestro país.
De ahí en más, todo fue para peor, por lo que no hay dudas que en la actualidad la cifra de desocupación se ubica significativamente arriba de ese guarismo, consecuencia de los cientos de miles de despidos desde el inicio de la ASPO y de la quiebra de miles de pequeños comercios a raíz del desplome de la actividad económica. Como suele ocurrir, junto a la desocupación se multiplica también la precariedad del mercado laboral, resultado de la proliferación de innumerables actividades económicas de subsistencia sin ninguna regulación formal.
La crisis en Argentina se inscribe en un escenario de similar carácter en toda Nuestra América (caracterizada por una enorme desigualdad social), que sufrirá con especial dureza las consecuencias económicas y sociales de la pandemia (que va más allá de la extensión y finalización de las cuarentenas). Según un trabajo de la CEPAL-OIT, las previsiones de contracción del PBI de la región superan el 5%, en tanto se espera la destrucción de más de 30 millones de puestos de trabajo y un crecimiento inmediato de la pobreza, que en 2020 alcanzará a más de 210 millones de personas en nuestro continente (un 35% de la población latinoamericana).
En este escenario, Argentina se encamina hacia una crisis que será superior a la vivida en 2001-2002 y que planteará inexorablemente fuertes convulsiones sociales.
Aguinaldo en cuotas para laburantes, mejor oferta para los bonistas
La decisión del gobierno nacional de fraccionar el pago del aguinaldo en tres cuotas para los salarios superiores a los $80.000 (hasta $40.000 brutos se paga en julio y el remanente en dos cuotas en agosto y septiembre) constituye un claro mensaje hacia el conjunto de gobernadores e intendentes para que repliquen la medida en sus respectivas jurisdicciones, en peores condiciones que la original, lógicamente.
Sin duda, el quebranto financiero de los estados provinciales, con el caso emblemático de Chubut que lleva meses de atraso en el pago de los salarios de estatales, docentes y judiciales de la provincia, impuso en agenda esta medida de claro ataque a las y los trabajadores, que el gobierno nacional decidió liderar y orientar.
El hecho que la gran mayoría de las y los estatales nacionales no se vean afectados directamente por la cuotificación del SAC, no hace otra cosa que evidenciar, por un lado, la enorme caída del poder adquisitivo de las y los estatales nacionales, cuyos salarios se ubican muy por debajo en su gran mayoría del tope de $80.000; y, por el otro, la motivación fundamental de esta decisión presidencial, cuyo mensaje opera también sobre las patronales privadas, habilitándolas a que hagan lo mismo con les trabajadores de sus sectores, ya sea por la vía de los hechos o con previo acuerdo de las conducciones sindicales entreguistas.
La contracara de este ataque directo a un derecho históricamente conquistado por la clase trabajadora en nuestro país como lo es el aguinaldo, se encuentra en la mejora de la oferta realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los fondos privados tenedores de deuda pública.
Con el objetivo de arribar a un acuerdo que saque a la Argentina del default en el que se encuentra desde hace semanas, la propuesta argentina se estiró -con algunas concesiones complementarias- hasta el 52% del valor presente de los bonos, con lo que estaría prácticamente cerrado en este punto el entendimiento con los fondos privados. Sin embargo, resta aún arribar a consensos sobre aspectos técnicos de las cláusulas de renegociación y otros puntos específicos de los distintos tipos de bonos, que se dirimirán en un cuarto capítulo de negociaciones entre Guzmán y los acreedores, que transcurrirán durante julio.
De esta manera, sin voluntad política soberana para abordar una negociación crucial para nuestro pueblo, el gobierno nacional avanza en el reconocimiento y legitimación de una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, que hipotecará el presente y futuro de las mayorías populares en nuestro país. Entre los jubilados y jubiladas (que cobrarán menos que con la reforma previsional macrista) y el capital financiero, el gobierno optó por los segundos, a contramano de las promesas de campaña.
Como detalle no menor para agregar a este cuadro, el famoso impuesto a las grandes fortunas sigue sin aparecer. Desde aquella oportunidad en la que se mencionó por parte del oficialismo, enmarcado en que el esfuerzo tenía que ser de “Todos”, aún no hay avances en la presentación de un proyecto de ley al respecto, y que de por sí ya se presentaba como limitado por ser a cobrar por “única vez”. Junto a esto, el anuncio de una tercera cuota del IFE, aplicada ahora a la zona del AMBA, Chaco y alguna población específica, restringe la ayuda estatal a los sectores más golpeados por la crisis. Teniendo en cuenta además que cada cuota se terminó cobrando cada 2 meses, la suma fue de apenas $ 5000 por mes. Donde no se reduce en cambio la erogación estatal, es en la ayuda al empresariado, siendo que la ATP se pagará por 2 meses más a nivel nacional.
Vicentín: expropiar, estatizar, transformar el paradigma productivo y comercial
La intervención estatal en la cerealera Vicentín ingresó en un impasse, luego que desde el anuncio inicial del Poder Ejecutivo fueron abriéndose paso las instancias de interlocución y negociación con los ejecutivos de la empresa, resultado de la presión de las cámaras empresariales, los medios masivos de comunicación, la oposición de derecha y de la influencia de sectores del propio Frente de Todos que temen tanto a la expropiación como la Sociedad Rural a la reforma agraria.
En la coyuntura actual, la iniciativa oficial, sin voluntad política clara, oscila entre avanzar hacia alguna variante de empresa mixta estatal-privada de la mano del gobernador santafesino Perotti o instrumentar un rescate liso y llano, donde el Estado contribuye a la socialización de la pérdidas y reflota las finanzas de la empresa para que siga en manos de los mismos que la quebraron.
Por el contrario, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs nos pronunciamos por la expropiación y estatización plena de Vicentín sin resarcimiento económico, con participación obrera y de pequeños productores en su gestión; a su vez, reclamamos la investigación y enjuiciamiento de los directivos que quebraron la compañía, estafaron al Estado y fugaron millones de dólares obtenidos de fraudulentos préstamos de la banca pública.
A su vez, para que pueda marcar un quiebre decisivo, la estatización de Vicentín debe ser acompañada por medidas tendientes a lograr el control estatal del comercio exterior y de la banca pública, mediante la nacionalización de esos resortes estratégicos, claves para la captación de divisas y la consolidación del ahorro nacional. De lo contrario, continuará consolidándose el modelo primarizador y envenenador del agro-negocio y los recursos que se generan de las exportaciones continuarán alimentando las cuentas bancarias de los conglomerados multinacionales y locales que especulan con la liquidación de divisas, trabajan para la devaluación del peso y pulverizan el consumo popular.
Nos pronunciamos por una política de soberanía alimentaria que mediante la expropiación y utilización pública de las principales tierras productivas (hoy en manos de un puñado de terratenientes y pooles de soja), genere las condiciones estructurales necesarias para un modelo ecológico y sustentable de producción de alimentos, que privilegie las necesidades y requerimientos alimenticios de nuestros pueblos, que favorezca el desarrollo de las economías regionales con el protagonismo de las organizaciones campesinas, dignificando las condiciones de vida y de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras de la tierra.
Desde esta perspectiva, llamamos a aunar fuerzas para fortalecer las iniciativas que se orienten hacia la expropiación efectiva de Vicentín y su reconversión pública bajo estas coordenadas, en defensa de los intereses populares y de los más de 5000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que dependen actualmente de la empresa.
En la huella de Darío y Maxi, siempre
Este 26 de junio se cumplieron 18 años de la Masacre de Avellaneda, en el que el entonces presidente interino Eduardo Duhalde ordenó una represión ejemplificadora para domesticar al movimiento piquetero, actor principal en aquel momento de la incesante movilización popular, que en Diciembre de 2001 había sacudido hasta los cimientos el régimen político e institucional con la rebelión popular que puso fin en las calles al gobierno de Fernando De la Rúa.
Casi dos décadas de impunidad que abarcaron los tres períodos kirchneristas, el mandato macrista y que se reafirmó más recientemente en el ciclo de Alberto Fernández, en el que Duhalde es consejero presidencial, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá ocupa el cargo de canciller y Aníbal Fernández preside Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). La impunidad también es pandemia.
En la actualidad, las tareas políticas de la coyuntura plantean nuevos desafíos y complejidades si las contrastamos con las de aquel período. Sin embargo, una huella de dignidad y rebeldía une aquel momento con el hoy, donde vuelve a hacerse presente la necesidad de una salida política de la clase trabajadora y el pueblo pobre frente a una crisis capitalista que una vez más arrasa con las condiciones de vida de las mayorías populares.
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs seguiremos aportando nuestros esfuerzos militantes a esa perspectiva, buscando coincidir en las luchas con todos aquellos que desde distintas identidades y miradas comparten el horizonte de seguir construyendo una opción política de profunda transformación social, que para ser posible deberá ser capaz de masificar una propuesta política anticapitalista, antiimperialista y feminista que en su vocación de apertura no resigne su contenido revulsivo y vaya más allá de la aceptación de lo posible.