Por estos tiempos mucho se habla de la “primera línea” que integran distintos sectores de trabajadoras y trabajadores al momento de garantizar tareas en plena pandemia. Desde trabajadorxs de la salud, choferes de transporte, farmacias, comercios, e, incluso, se suele incluir en esa lista a las fuerzas represivas estatales. Sin embargo, poco se habla en los grandes medios y menos se reconoce desde los distintos niveles de gobierno la tarea desarrollada por la primera línea en los barrios populares: quienes cocinan en los comedores comunitarios, promotoras de salud, consejerías de género; etc. Una primera línea organizada en los movimientos sociales. Una primera línea que fruto de dedicación y solidaridad nos recuerda a aquella primera línea integrada por la juventud que ayudaba a organizar al pueblo pobre en los barrios luego de la devastación neoliberal de la década del noventa. Aquella primera línea del 26 de junio del 2002 en el puente Pueyrredón que se identificaba por el pelo largo, pañuelo, capucha y palo, que encabezaba los piquetes y que tienen a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki como protagonistas.
Se cumplen 18 años de la masacre de Avellaneda, cuando las fuerzas represivas del Estado, a la orden del gobierno de Eduardo Duhalde y con la venia del FMI, desataron una brutal represión sobre los movimientos de trabajadorxs desocupadxs, masacre que culminó con el asesinato de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó más de 30 heridxs de bala. El escenario represivo fue planificado desde el poder político con responsabilidades en todos los niveles y ejecutado por la policía bonaerense. El objetivo era preciso: aleccionar al pueblo que por entonces crecía en niveles organizativos y de acción directa ante un marco donde se profundizaba la pobreza y la crisis económica dejaba a uno de cada dos argentinxs en la total exclusión. Por aquellos años el Peronismo había retomado nuevamente las riendas del Poder Ejecutivo a través del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde y se disponía a cumplir su rol histórico: reestablecer el orden (burgués) y cerrar un ciclo de rebelión popular que tuvo su máxima expresión los días 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el por aquel entonces presidente Fernándo De La Rua tuvo que renunciar huyendo en helicóptero de la Casa Rosada.
Darío y Maxi eran jóvenes protagonistas de un movimiento piquetero que crecía al compás de la falta de trabajo, de la precarización y del hambre. Jóvenes militantes que decidieron construir y caminar desde abajo, desde las barriadas más olvidadas del conurbano bonaerense. Y fue por esa fuerza organizativa, de unidad y de acción que la represión tuvo el nivel de brutalidad que tuvo aquel 26 de junio. Además de los asesinatos a sangre fría de Darío y Maxi hubo 30 heridxs de bala plomo y la persecución policial se extendió a varias cuadras de la concentración.
Juicio y Castigo para los responsables políticos
Por los asesinatos fueron condenados a cadena perpetua el ex comisario Alfredo Franchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta. Otros siete efectivos recibieron penas mínimas y fueron liberados al poco tiempo. Los responsables políticos no solo continúan gozando de total impunidad si no que siguieron y siguen ocupando cargos públicos. En el caso de Duhalde, lo vemos desfilar en la actualidad por las pantallas de los noticieros dando recomendaciones sobre cómo gobernar e incluso sosteniendo un discurso contra los movimientos sociales. Felipe Solá, por entonces gobernador de Buenos Aires, se las arregló siempre para ocupar algún sillón del poder político. Se proyectó como candidato a la presidencia en el 2019 con el lamentable apoyo de organizaciones como el Movimiento Evita y la CCC, para terminar acordando en el Frente de Todos su lugar como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Los otros ex funcionarios por quienes continuamos exigiendo juicio y castigo son Aníbal Fernández (ex Secretario General de la Presidencia), Oscar Rodríguez (ex vice jefe de la Side), Luis Genoud (ex ministro de seguridad de la provincia), Alfredo Atanasoff (ex jefe de Gabinete), Jorge Vanossi, (ex ministro de Justicia), Juan José Álvarez (ex secretario de Seguridad Interior), Carlos Ruckauf (ex gobernador de la provincia) y Jorge Matzkin (ex ministro del Interior).
A 18 años de la masacre de Avellaneda, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs – continuamos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables políticos y levantando las banderas de lucha de Darío y Maxi. Aquellas banderas de trabajo, dignidad y cambio social hoy están más presentes que nunca representadas en el trabajo de la primera línea de los movimientos sociales que enfrentan la emergencia sanitaria en los barrios populares. En la juventud que dedica su vida a la construcción de un proyecto colectivo, de una sociedad sin opresiones ni desigualdades de ningún tipo. Una sociedad que termine con este sistema de explotación que condena a la mayoría de nuestra clase a vivir en una situación de pobreza y precarización, que hoy es estructural a cualquier gobierno. Debemos tomar el ejemplo de Darío y Maxi, su vocación de lucha y de amor a la humanidad para construir una salida política con un horizonte feminista y socialista.
