Agencia Federal de Inteligencia - AFI
En los primeros días de junio trascendieron los informes realizados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se conocieron registros digitales y fichas que muestran el espionaje a organizaciones políticas, sociales, gremiales, a trabajadorxs de prensa como también a funcionarios de la oposición y hasta a integrantes de CAMBIEMOS como Horacio Rodriguez Larreta, Emilio Monzó o Nicolas Massot.
Tan solo un ejemplo de esto es cómo los servicios de inteligencia realizaron un informe sobre una reunión en el Hotel Bauen, el 24 de septiembre de 2017. Donde se menciona como objeto a la organización de izquierda Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) apareciendo varios de sus militantes como es el caso Raúl Godoy y Claudio Dellecarbonara, entre otros. Y además entre sus vínculos también se menciona al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que tenían como objetivo la organización insurgencia OMC 2017. También fueron victimas del espionaje estatal Laura Espeche secretaria de Acción Social del Sute de Mendoza, integrantes del Ni Una Menos entre otras organizaciones.
El espionaje fue algo que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri: basta recordar que sólo a unas semanas de asumir fue sobreseído en la causa por las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires protagonizadas por Fino Palacios y Ciro James. O el espionaje que llevó adelante la Gendarmería Nacional sobre la familia de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos. Sin embargo, no lo podemos ver como si fueran casos aislados, sino que responden a una práctica sistemática del Estado, gobierne quien gobierne.
Ya en los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín trascendieron tareas de inteligencia sobre militantes realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Judicial) de la Policía Federal, luego durante el gobierno de Menem seria reconvertido en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado, que fue el principal protagonista de espionaje sobre militantes de izquierda.
También en el año 2001 se realizó espionaje a organizaciones que movilizaron a la casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos trabajadorxs desocupadxs en un corte de la ruta 34, tampoco podemos olvidar el rol que jugaron los servicios de inteligencia en la Masacre del puente Pueyrredón donde Carlos Soria fue el encargado de instalar un clima de represión, y trató de convertir el plan de lucha de las organizaciones de desocupadxs en un plan de lucha armada, tal como declaró Aníbal Fernández.
Durante “el gobierno de los derechos humanos”, más allá del intento de maquillar estas prácticas cambiándole el nombre al aparato estatal de inteligencia, se continuó con las prácticas de infiltración y espionaje a organizaciones populares como fue la que sufrió la agencia Rodolfo Walsh o el conocido proyecto X de Gendarmería en noviembre de 2011 que tenia como objetivo escuchar y espiar a activistas obreros de la zona norte como fueron lxs trabajadorxs de Paty, Kraft y el Frigorífico Rioplatense.
Mientras el gobierno del Frente De Todos usa estas denuncias para diferenciarse del gobierno anterior, estas prácticas se mantienen con Sabina Frederic que reconoce el uso del ciberpatrullaje, y el espionaje que realizó la Gendarmería a los mineros de Andacollo, pero también el Ministerio de Seguridad de la Nación firmó la resolución 144/2020 que es un protocolo que regula la vigilancia en redes sociales, y de internet en general mientras dure la emergencia sanitaria.
Que estas prácticas salgan a la luz tiene como objetivo el disciplinamiento del pueblo trabajador y sus organizaciones. Porque no se trata de los sótanos de la democracia, ni el problema está en su ilegalidad, sino que las prácticas de vigilancia, infiltración y espionaje son una práctica sistemática del Estado y sus gobiernos. Si nos vigilan es porque molestamos y por eso no podemos esperar ninguna solución de quienes mantienen vigente estas prácticas.
Desde Venceremos – Partidos de Trabajadorxs repudiamos y denunciamos estas prácticas, y exigimos juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e intelectuales. Y por nuestra parte, seguiremos apostando a la lucha organizada contra toda forma de persecución.

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