Como herramienta defensiva, la cuarentena permite que tratemos de preservar nuestra salud mediante la distancia física. Pero la enorme desigualdad social impide que millones de hogares trabajadores atravesemos este período en condiciones dignas. En esta etapa de aislamiento obligatorio, esas desigualdades se han agravado. La pobreza creciente, junto con la propagación del coronavirus en la zona del AMBA, atentan contra la salud y la existencia de miles. Es necesario que la clase trabajadora no siga siendo la que pague los costos de la crisis económica y sanitaria. Por una vez, quienes deben pagar son los millonarios y el empresariado.
Lxs que rascamos la olla
Las ollas populares se multiplican. Son la respuesta solidaria y muchas veces combativa de miles para afrontar la subsistencia. Allí, se comparte lo que haya para que muchas familias puedan tener al menos una comida caliente al día. Desde allí, en muchas ocasiones, se denuncia al estado y los patrones. En las barriadas, los comedores están desbordados. El sector precarizado mayormente organizado en movimientos sociales y territoriales se encuentra cobrando ingresos de $8.500 mensuales. Es decir, menos de la mitad de lo que el INDEC definió en mayo de este año que valía la canasta de indigencia, ubicada en $17.800. A su vez, el salario mínimo en Argentina sigue inexplicablemente estancado en $16.875, y la jubilación mínima en $15.890.
La realidad de millones es, en esta cuarentena, la de un deterioro acelerado en sus condiciones de vida: por la pérdida total de ingresos (trabajadorxs informales, de changas, de venta callejera, etc.) que se ven impedidxs de salir a laburar; por la disminución abrupta de los sueldos mediante suspensiones o rebajas, que gracias al acuerdo firmado por la burocracia de la CGT y la UIA, refrendado por el Ejecutivo mediante su Ministro de Trabajo, avala recortes de una cuarta parte en los sueldos; o mediante los despidos, que pese al decreto 329/2020 que los prohíbe, se registraron entre los días previos e incluso posteriores, cerca de 6.000… ante este panorama, el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, que pese a su extensión ha dejado a muchas familias afuera, resulta totalmente insuficiente. De igual manera, los llamados ATP, se han constituido en un subsidio para el “rescate” al empresariado más que en un aporte a los y las trabajadores, ya que no implican devolución por parte de las patronales y lo han usufructuado hasta empresas multinacionales como Coca-Cola, u otras que lo utilizaron para pagar a personal gerencial. A su vez, trabajadorxs encuadrados como monotributistas o pertenecientes a empresas recuperadas, han quedado por fuera de una ayuda equivalente.
Para miles de trabajadorxs estatales que apenas superan la canasta familiar, ubicada en $67.323 para una familia tipo en AMBA (cálculo de lxs trabajadorxs de ATE INDEC) los gobiernos bonaerense y porteño prevén pagar el aguinaldo en cuotas, tal como ya anunció la provincia de Mendoza. Lejos de haber una compensación en esta medida, lxs verdaderxs beneficiadxs de este sistema, banqueros y grandes empresarios, miran desde arriba cómo sus intereses siguen a salvo.
Lxs privilegiadxs de siempre
Pese a las lamentaciones de una burguesía llorona, que se queja por una expropiación de la que aún poco se sabe como la de Vicentín, un oligopolio que mediante un desfalco debe al estado más de 1.300 millones de dólares, el costo de esta crisis lo seguimos pagando lxs de abajo. Mientras el gobierno perfecciona los amagues, y habla del impuesto a las grandes fortunas o llama “miserables” a los empresarios que despiden en cuarentena, ni aplica lo primero ni evita lo segundo. La anunciada expropiación de Vicentín, siempre prevista por Alberto Fernández como un “rescate”, indemnización mediante, viene siendo relativizada por voceros del propio gobierno, dispuestos a negociar una salida en manos de otros grupos empresarios y para dar lugar a sociedades mixtas.
Desde una perspectiva de clase, no podemos pensar que el debate sea el que entablan desde el diario La Nación y el poder ejecutivo, entre mantener impunes a los yuppies saqueadores o indemnizarlos a cambio de sus acciones. Como trabajadoras y trabajadores nosotrxs vamos más allá: no sólo es necesario expropiar esa empresa, y pensar en que sea explotada con utilidad social, en manos del estado, sin indemnización y con participación en su gestión de sus obreros. Creemos que en una crisis de escala mundial y de magnitudes aún indeterminadas, es momento de debatir la propiedad de la tierra, las viviendas ociosas, las ganancias de los bancos.
Empezando por este último sector, en nuestro país, en 2019, el Grupo Galicia declaró ganancias netas por $42.515 millones, casi un 200% más que en 2018. A su vez el Banco Macro obtuvo beneficios por $40.800 millones en ese mismo período. Esos márgenes de ganancias obscenos fueron una constante en el sector, que durante 2019 obtuvo utilidades que rondaron entre el 40% (Grupo Supervielle, más de 4.000 millones) y el 225% (Banco Patagonia, $18.211 millones) [ver diario BAE, 21-2-2020]. ¿No es hora de que los banqueros devuelvan lo que obtienen de manera tan escandalosa?
Siguiendo por el latifundio, en Argentina, poco más de 1.200 familias son dueñas de un tercio de las tierras cultivables. Es decir, el 0,1% de los propietarios poseen cerca del 35% de la superficie productiva… Más de 16.000.000 de esas Ha. están en manos de magnates y empresas extranjeras, como Benetton, entre otras. Mientras tanto, 15 millones de personas en nuestro país no tienen tierra alguna o vivienda propia, muchxs de ellxs se hacinan en hogares precarios en AMBA, hoy azotados por la pandemia, y son sus principales víctimas…
Sin tocar estos intereses, mediante una decidida movilización popular, la salida de esta crisis será –una vez más- a expensas del sacrificio de nuestra clase. Para salir de la miseria en que millones se verán empujadxs, es indispensable romper con el FMI y no pagar más una deuda fraudulenta que se utilizó para financiar la fuga de capitales; es preciso nacionalizar la banca y el comercio exterior, y afectar las fortunas y ganancias de los grandes grupos económicos.
Basta de sacrificio de lxs trabajadorxs. Ahora les toca pagar a los ricos.
