Con la participación de más de 80 personas, el pasado sábado 30/05, la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda realizó una Asamblea abierta virtual con el objetivo de generar un espacio de intercambio y debate político sobre la situación actual de la deuda pública, balancear la campaña y proyectar propuestas.
Compañeres de Rosario, Chubut, Córdoba, La Pampa, Bahía Blanca, Buenos Aires; militantes y activistas de las distintas organizaciones sociales y políticas que integran la campaña tales como Movimiento de los Pueblos, ATTAC, Serpaj, Diálogo200, CPI, Democracia Socialista, Partido Liberación, Opinión Socialista, Poder Popular Corriente de Izquierda, PRML, MPL, Emancipación Sur, Liga internacional de la lucha de los pueblos, Economistas de Izquierda (EDI), entre otros, pero también compañeres sin pertenencia orgánica, junto a referentes sociales y económicos de variadas tradiciones políticas como Norita Cortiñas, Claudio Lozano, Julio Gambina, Eduardo Lucita, se auto- convocaron en Asamblea para seguir ampliando y fortaleciendo esta campaña nacional de movilización popular y cuestionamiento del carácter ilegitimo, fraudulento y odioso de las deuda pública.
En las distintas intervenciones se compartía una mirada crítica sobre la propuesta de reestructuración de la deuda que el gobierno negocia por estos días con los bonistas privados por un monto de U$S 66.000 millones. Los tenedores de estos títulos son variados fondos de inversión e individuos. A diferencia de los 80’ que pocos bancos eran tenedores de deuda el panorama actual es de mayor dispersión. Los bonistas privados se agrupan en tres comités que reúnen el 40% del monto total a reestructurar, liderados por Larry Fink CEO de BlackRock, el más grande administrador de Fondos del mundo: su cartera de fondos administra entre 6,5 y 7 billones de U$S, unas 18 veces el PBI de la Argentina.
Desde que el 21/04 el gobierno presentara una propuesta de canje bastante moderada, que obtuvo la aceptación solo del 15%, se han puesto sobre la mesa tres nuevas propuestas presentadas por los bonistas, con una composición variada de quitas de interés, capital, plazos, reconocimientos de intereses devengados, etc. El punto actual de la negociación es un “default blando” porque hay un acuerdo entre las partes para acercar posiciones. Los bonistas habrían bajado sus pretensiones iniciales de un valor residual de U$S 57 a U$S 53 por cada lámina de U$S 100, mientras que el gobierno subió su oferta de los U$S 40 iniciales a U$S 46, con altas probabilidades de que se cierre un acuerdo en un fifty fifty.
En el contexto de una crisis económica mundial que aceleró la pandemia del covid-19, con el particular impacto en la debilitada situación económica y socio-sanitaria de nuestro país, la legitimación de esta deuda sin haber mediado si quiera una investigación, resulta un acto de subordinación inaceptable. Por otro lado, aun cuando se extiendan los plazos del pago, esta deuda bajo legislación extranjera representa un 20% del porcentaje total, así que este año el gobierno va a seguir destinando millones y millones de dólares en concepto de servicios de deuda ya sea con organismos, bancos, y titulares de deuda bajo legislación nacional. Así, mientras se honra las deudas con los usureros y especuladores financieros, nuestro sistema de salud sigue desfinanciado, el hambre se multiplica, aumenta la precariedad del trabajo y de la vida.
Además de intercambiar sobre la situación actual de la deuda, en la Asamblea se realizaron algunas propuestas para seguir fortaleciendo la campaña por la investigación y suspensión de los pagos. Se mencionó la necesidad de que se haga público el anexo documental del informe de BCRA que, a pesar de restringirse al período macrista, evidencia que la fuga de capitales fue superior a los montos prestados por el FMI. Además, la necesidad de extender la investigación al conjunto de la deuda y hacer publicidad del listado de beneficiarios.
Por otro lado, ante el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Deuda Externa se propuso una reunión para que la voz de la Autoconvocatoria pueda ser escuchada.
En otro orden de cosas, se alentó a la territorialización de la Campaña conformando comités locales. Se planteó continuar con el Juicio Público a la deuda cuyo lanzamiento se realizó en febrero frente las oficinas del FMI. Además de continuar con los videos de difusión y demás actividades de propaganda, se propuso organizar un Conversatorio de debate regional con la participación de distintos países de Nuestra América con quienes compartimos situaciones similares de sometimiento y dominación por las deudas de fondos buitres, bancos, FMI y demás organismos internacionales de crédito.
¡La deuda es con los pueblos, no con el FMI!
¡No al pago de la deuda ilegitima, ilegal y fraudulenta!