(fotografía: Prensa FOL)
Si algo puso en evidencia la cuarentena obligatoria producto de la pandemia del coronavirus en el mundo en general, y en Argentina, en particular, es la desigualdad estructural en la que viven millones de personas. Desde aquel 20 de marzo en que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, cada día aumenta más y más las necesidades de una parte creciente de nuestra clase que se sostiene del trabajo informal y con altos niveles de precarización del trabajo y de la vida. En 2 meses de cuarentena los ingresos de aquelles que se ganan el peso diario cayeron notablemente. Para quienes viven de la changa, de la venta, del trabajo cuentapropista, de la prestación de servicios varios; la cuarentena representó un golpe durísimo en la economía familiar. A esto se suma la imposibilidad de realizar una cuarentena de acuerdo a los protocolos dictados desde las oficinas gubernamentales.
El impacto de la cuarentena no nos afecta a todes por igual (a propósito, recomendamos la lectura de la nota: http://venceremos-arg.org/2020/05/08/el-codiv-19-no-nos-pega-a-todos-por-igual/) ¿Cómo puede respetar el aislamiento una familia que comparte baño y cocina con otras cuatro, cinco o más familias? ¿Cómo cumplir el lavado de manos sin acceso al agua corriente? ¿Qué opción tienen aquelles que tienen que romper la cuarentena presionades por sus patrones para presentarse bajo amenaza de perder el trabajo? ¿Con qué recursos pagan el alquiler los miles de inquilinos informales de los barrios populares? Y si hablamos de la educación ¿Qué posibilidades de continuidad pedagógica tienen les hijes de los pobres que no cuentan con computadora, celular o acceso a internet? ¿A dónde pueden ir las mujeres que sufren violencia machista durante el encierro en casa? Muchos interrogantes para tan pocas respuestas que muestren un camino distinto al de la precariedad de la vida en la que viven millones de familias y que se profundiza en épocas de pandemia.
En medio de la angustia y la necesidad, se encuentran las organizaciones sociales que, en momentos de crisis, demuestran nuevamente el rol fundamental como herramienta organizativa para dar contención y asistencia a aquelles que les resulta imposible cumplir con la cuarentena que se nos pide. Porque si no nos mata el coronavirus nos mata la pobreza. Los números son alarmantes y la proyección es aún peor: se espera que un 50% del país caiga en esa condición. Es decir, 1 de cada 2 personas que no cumplirá con las condiciones mínimas para vivir una vida digna. Cifras (que son vidas humanas) que nos llevan a la memoria de la crisis del 2001.
La ayuda que no alcanza y el alimento que no llega
Desde iniciada la cuarentena, las y los trabajadores que sostienen los comedores y meredenderos populares, mujeres principalmente, pasaron a ser parte de la primera linea de la emergencia sanitaria; a pesar de que no cuenten con el reconocimiento público merecido. Ante la imposibilidad de trabajar para decenas de miles de familias de todo el país el comedor del barrio es la única garantía de alimentación. El gobierno nacional tiene clara esa situación y anunció un refuerzo de la asistencia alimentaria a las organizaciones sociales y un incremento por única vez en la tarjeta alimentaria. Sin embargo, el atraso en la entrega a comedores es preocupante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación aducen demoras por el cambio en el sistema de compras luego de la salida de 15 funcionaries vinculades al escándalo de la compra con sobreprecios. Sin embargo, se conoció que las licitaciones no llegan a cubrir el total de la demanda ya que los empresarios no están dispuestos a pagar los precios máximos dispuestos por el gobierno. La burguesia empresaria que presiona para levantar la cuarentena, despedir y reducir salarios también presiona para aumentar los precios aunque eso impleque el hambre de quienes menos tienen.
Otro anuncio destacado fue el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que representa el cobro de $ 10 mil pesos por única vez para aquellos que tienen un empleo no registrado siempre que en su grupo familiar nadie cobre una jubilación, pensión o programa de empleo. Entre 3 y 4 millones de personas estimaba el gobierno que se anotarían. Finalmente, casi 12 millones de personas completaron el formulario de ANSES de las cuales fueron aprobadas 7.800.000 y un poco menos de la mitad, hasta el 14 de mayo, aun no cobraron. Es decir que una persona que no puede trabajar desde hace 2 meses aun no puede acceder a una ayuda que apenas representa ¼ de la canasta familiar. Una conclusión de caracter estructural que podemos sacar es la evidencia de millones de trabajadores informales que se inscribieron carecen de cualquier derecho laboral básico como obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones, ART, etc; sin mencionar a quienes están plenamente desocupades.
Mientras tanto, la CGT con aprobación del Gobierno habilita una reducción salarial del 25% como moneda de cambio para que los empresarios no despidan, promesa que de movida incumplieron, y el Estado destina recursos para pagar el 50% de los sueldos. Con lo cual, la patronal termina abonando apenas ¼ del salario, lo mismo que pone el trabajador. Una equivalencia que claramente resulta desigual e injusta.
La riqueza de pocos es la pobreza de muchos
En un contexto de pandemia y emergencia, todos los recursos disponibles deben estar puestos al servicio de nuestro pueblo. Debe reforzarse la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, reconocer el trabajo que allí realizan las organizaciones sociales, un aumento en los programas de empleo que hoy se encuentran en $ 8500, la permanencia de la IFE durante los meses que dure la cuarentena, asistencia integral en termino de salud e higiene para las familias de los barrios populares, como medidas urgentes, y la construcción de un plan de trabajo genuino para todo el sector precarizado una vez que pase la pandemia.
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs – entendemos que estas reivindicaciones urgentes deben ser tomadas por el conjunto de las organizaciones sociales que nuclean a gran parte del sector precarizado en nuestro país. En momentos de una crisis sanitaria y recesión económica, cuando el hambre avanza sobre les más humildes, debemos señalar con claridad quienes son los pequeños grupos que concentran fortunas a quienes el Estado debe afectar sus riquezas para destinar recursos a las y los trabajadores. Exigir con todas nuestras fuerzas y en las calles, que en definitiva será donde podamos lograr nuestras conquistas, que se apruebe un impuesto a las riquezas para afrontar la crisis. En lugar de pagar una deuda ilegitima y odiosa, esos recursos deben destinarse a afrontar la pandemia. Reivindicamos la presencia en las calles del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos y otras organizaciones poniendo en agenda las medidas más urgente y la discusión sobre la riqueza en nuestro país.
Mientras tanto, debemos seguir construyendo una salida de fondo para nuestro pueblo. Un proyecto de país donde les trabajadores y humildes vivamos una vida digna con todos los derechos garantizados, sin depender de las migajas de unos pocos que se han enriquecido a costa de la precarización, la explotación y la pobreza de las grande mayorías.
¡Por una cuarentena sin hambre!
¡Su riqueza es nuestra pobreza!
¡La deuda es con los pueblos!
Para enfrentar la pandemia ¡Impuesto a la riqueza, YA!
