Un nuevo acuerdo para la entrega
El 27 de abril, en reunión tripartita entre jerarcas de las burocracias sindicales, empresarios de la UIA y funcionarios del Ministerio de Trabajo, se rubricó un acuerdo que permite suspender trabajadoras/es en el sector privado y rebajar una cuarta parte de sus ingresos. La contraparte: no efectuar despidos. El alcance del acuerdo comprende los meses de abril y mayo, por lo cual los salarios a abonarse en el mes entrante ya pueden contener rebajas. Esta medida se combina con el subsidio para liquidar salarios y la exención impositiva a los empresarios, que suman una transferencia de ingresos muy superior la que reciben los hogares trabajadores. Para los y las laburantes, rebajas de sueldo; para los empresarios, salvataje; para los millonarios, la promesa de un impuesto que no llega.
Un nuevo capítulo de la entrega
El acuerdo firmado este lunes 27 contó con la firma de sindicalistas, empresarios y funcionarios. Por la CGT, firmaron los adjuntos Andrés Rodríguez (estatales-UPCN) y Antonio Caló (metalúrgicos-UOM) y los secretarios generales Héctor Daer (Sanidad-ATSA) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio-SOESGyPE). Por la UIA, Miguel de Acevedo y Daniel Funes de Rioja. Todo ante el auspicio del Ministro de Trabajo Claudio Moroni y el de Producción Matías Kulfas. Su contenido, la posible suspensión con quita del 25% (podría ser más si la necesidad lo amerita, y el MTEySS lo evalúa y avala) en los salarios del sector privado. Quedarían excluidos de esa rebaja la población de riesgo y embarazadas. La contraparte del acuerdo, no despedir personal solamente durante 60 días (abril y mayo). Ante una carestía de la vida que se incrementa por una inflación que no cesa, y la andanada de despidos y suspensiones (muchas incluso a posteriori del decreto que las prohíbe), la burocracia de la CGT avala una quita salarial de una cuarta parte del neto de los ingresos obreros. El impacto sobre las condiciones de vida y salud de nuestra clase de semejante medida es difícil de calcular. Como era de esperar, la central que dejó pasar buena parte de la batería de ataques del macrismo sin dar pelea, hoy se arrodilla ante las patronales en plena crisis.
La cuarentena la seguimos financiando los y las laburantes
Los números hablan: si vemos algunos datos macroeconómicos, podemos precisar quiénes siguen bancando el costo de la crisis. El impacto fiscal por mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para casi 7,8 millones de personas estará por debajo de los $80.000 millones. A su vez, el paquete de subsidios a empresarios para abonar salarios ante la caída en la producción y el consumo, contará con $107.000 millones (ver https://www.pagina12.com.ar/260918-el-detalle-de-las-nuevas-ayudas-economicas-para-empresas-y-t). Las empresas privadas (no sólo las “Pymes”, sino también grandes empresas y multinacionales) contarán con este salvataje para el pago de salarios, además de la reducción de aportes patronales.
Cabe señalar que mientras se les garantiza el pago de uno y hasta dos salarios mínimos en concepto de subsidio a las patronales, a las y los trabajadores del sector privado se nos imponen suspensiones con rebajas de un 25%, a muchas y muchos precarizados que facturan bajo la fraudulenta contratación, se les exige seguir abonando monotributo. Mientras el salario sigue siendo la variable de ajuste, las ganancias de los empresarios (las empresas asistidas serían alrededor del 75% de las existentes, la inmensa mayoría con amplios superávits) reciben un rescate más costoso que varios programas de ayuda social. La misma política que lleva adelante Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires donde se pretende aprobar una ley de emergencia que habilite el congelamiento de salarios y el pago en cuotas de los haberes de las y los trabajadores estatales.
El salario de las y los trabajadores, esa pequeña parte de nuestra fuerza de trabajo remunerada, sufrirá recortes. Para los megamillonarios, que viven del trabajo ajeno, evaden impuestos y vienen disfrutando de ganancias extraordinarias, se habla de un incierto 1% o 2% de impuesto por única vez a sus fortunas. Para los bonistas, especuladores financieros que lucraron con el vaciamiento y endeudamiento externo sufrido por nuestro país, se programa una quita del 5% sobre el capital de una deuda usuraria que no pasaría una mínima auditoría sin ser declarada ilegal.
Una salida de las y los trabajadores
Las medidas para que la crisis sanitaria y económica no la sigamos pagando las y los de abajo, deben afectar necesariamente a quienes vienen amasando fortunas en base a nuestra explotación. Como bien sintetiza la consigna de nuestros compañeros y compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), “su riqueza es nuestra pobreza”. Urge un impuesto progresivo a los grandes millonarios de este país: los Rocca (TECHINT), Urquía (AGD), Bulgheroni (PAE), Pérez Companc (PECOM), Galperín (ML) son quienes deben tributar al fisco de manera urgente para solventar los costos de la pandemia. A su vez, la prohibición de despidos y suspensiones debe ser real, sin rebajas salariales, y las empresas que especulen con quiebras fraudulentas deben ser recuperadas y puestas a producir por sus trabajadores y trabajadoras, tal como hay una larga tradición en nuestro país. La nacionalización de la banca, de las privatizadas y del comercio exterior, y la suspensión de todo pago a acreedores externos por una deuda externa ilegítima, son medidas indispensables que el pueblo movilizado puede levantar como bandera.
A días de un nuevo primero de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, debemos sentirnos hermanados en un reclamo: quienes hacemos funcionar los engranajes de la economía y producimos las riquezas en todo el planeta no podemos ni debemos pagar esta crisis.