(De Convergencia Medios -Chile-)
Marzo fue un mes que inició con fuertes protestas, retomando las brasas mantenidas por la Primera Línea durante los meses de verano de enero y febrero. El SuperLunes (2 de marzo), Superviernes (6 de marzo), la histórica Huelga General Feminista del 8 y 9 de marzo que movilizó a millones de personas a lo largo del país, manifestaciones por los dos años del gobierno de Piñera el 11 de marzo y los anuncios de una Huelga General símil a las del 12 de noviembre instalaban con nuevas fuerzas la Revuelta Popular, próxima a cumplir cinco meses.
Pero el ritmo de las movilizaciones cambió por la pandemia del Covid-19 a nivel global. El 3 de marzo teníamos el primer caso de un chileno contagiado por el Coronavirus en territorio nacional. El sábado 14 el Ministerio de Salud anunciaba que entrábamos en fase 3 (imposible determinar trazabilidad de todos los casos) y en solo dos días, el lunes 16, anunciaban que entrábamos en fase 4 (contagios se comienzan a producir también por contagiados internos sin contacto con personas del extranjero).
De a poco fuimos dimensionando la gravedad del asunto. No se trataba de un invento del gobierno criminal de Sebastián Piñera (aun cuando lo quisieron utilizar a su favor los primeros días de marzo), sino una pandemia que estaba afectando a todo el mundo y que ya ha sido designado como el principal desafío de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Viendo la experiencia en otros países y conociendo la situación de precariedad de nuestro sistema público de salud, desmantelado por gobiernos neoliberales durante más de 46 años, sabíamos que el virus lo traían los ricos, pero los muertos los ponía el pueblo.
Y así ha sido. Las zonas con más contagios en un primer momento estaban concentradas en las comunas del sector oriente de Santiago, pero los primeros muertos fueron de comunas populares de la capital. La región que registra más muertos a un mes del primer caso es La Araucanía, la más pobre del país. En el año 2018 fallecieron más de 14.000 personas en lista de espera, por lo cual sabemos que al ritmo de crecimiento de la pandemia la pregunta no es si el sistema soportará tantos casos, sino cuando colapsará. Pérez-Acle, biólogo computacional encargado de las proyecciones de contagios por el Covid-19 en Chile, comentaba hace dos semanas que dado nuestro precario sistema de salud la situación de Italia “nos parecerá un edén”. Italia ya lleva más de 100.000 contagiados y más de 14.000 muertos.
Para el fin de semana del 14 y 15 de marzo, las prioridades de la Revuelta cambiaron. La lucha pasó de la salida masiva a las calles a quedarnos en nuestras casas y exigir una Cuarentena General que permitiera “mitigar la curva”. Una lucha por la vida y la salud de nuestras familias. Pero tomarse en serio el desafío de mitigar la curva va en contra del sistema económico que necesita de nuestros cuerpos para producir y producir. Por ello el empresariado y el Gobierno, que estaban contentos con el Covid-19, pues cambiaba el foco de atención que estaba en las movilizaciones contra el gobierno de Piñera, comenzaron a preocuparse, dado que no querían paralizar la economía.
Desde un principio hasta ahora el gobierno ha mostrado una incapacidad en tomar decisiones oportunas que protejan a la población de la pandemia. Sin embargo, se han visto obligados a ir decretando determinadas medidas de forma progresiva: suspensión de clases (domingo 15); teletrabajo para el sector público y recomendación de teletrabajo para sector privado (a partir del lunes 16); declaración de estado de excepción de emergencia constitucional en todo el territorio nacional (18 de marzo); toque de queda nocturno, como si el virus solo contagiara durante la noche (domingo 22); cuarentena total para 7 comunas de las Región Metropolitana (jueves 26), a la cual se ha sumado la cuarentena total para comunas de Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Chillán y Punta Arenas. A un mes de iniciada la pandemia, se encuentran con cuarentena total 11 de 346 comunas, a pesar de que se ha exigido la cuarentena para todo el país, manteniendo el funcionamiento de los servicios esenciales para garantizar necesidades básicas de la población.
En este mes de pandemia el Gobierno de Piñera ha demostrado una voluntad absoluta para que esta crisis la pague la clase trabajadora y no los empresarios. Asimismo, ha realizado una ofensiva para aprobar proyectos de ley que eran parte de su programa de gobierno y que habían quedado sin viabilidad política después de la Revuelta Popular. En estos momentos hay que ser claros: el Gobierno, aún cuando está deslegitimado y no cuenta con apoyo popular, ha ido aprobando distintos proyectos en el Congreso – con apoyo de la oposición institucional – que precarizan aún más nuestras vidas.
La oposición, desde los partidos de lo que fue la Nueva Mayoría hasta el Frente Amplio, están bailando al ritmo del Gobierno, inclusive, apoyando varias de sus iniciativas, como ocurrió con la Ley que Protege al Empleo esta semana. En materia laboral es donde registra la mayor ofensiva del empresariado y el gobierno.
La primera medida fue aprobar un proyecto de teletrabajo que precariza esta modalidad de trabajo, sin contemplar horas extras ni condiciones efectivas para que el trabajador pueda desarrollar bien sus funciones. Este proyecto durmió varios años en el Congreso, pero fue aprobado en pocos días con el apoyo generalizado de las distintas bancadas de parlamentarios. Luego, vendría el conflicto más mediático: la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que permitía al empresario suspender el contrato de trabajo si se decretaba la cuarentena obligatoria, pues estaría ante un “caso fortuito o fuerza mayor”. Esto produjo indignación en grandes sectores populares e inclusive en la oposición institucional al gobierno. Sin embargo, sólo días después, aprobaron en el Congreso una ley que permite al empleador suspender el contrato de trabajo mientras exista cuarentena, obligando al trabajador a pagarse a través del Fondo de Seguro de Cesantía, dinero reservado para hacer frente en momentos de despidos. Este derecho que se concede al empleador para no pagar la remuneración de sus trabajadores no distingue tamaños ni realidades. Una empresa con millones de dólares en utilidades puede no pagar la remuneración de sus trabajadores durante este tiempo.
Esta política contrasta con la adoptada por países como Italia, España, Grecia, Rusia y Argentina, quienes prohibieron los despidos mientras dure la pandemia. Si la intención del gobierno hubiese sido proteger el empleo, como dice el nombre mediático del proyecto, podría haber aprobado una norma que prohibiera el despido. Por el contrario, decidieron proteger a los empresarios y traspasar los costos al trabajador.
Mientras el empresario puede dejar de pagar la remuneración por “caso fortuito o fuerza mayor”, el trabajador no podrá suspender el pago de sus cuentas bancarias ni las deudas universitarias. Tampoco el servicio del agua y luz, respecto a los cuales solo se podrá diferir el pago. Asimismo, todas las medidas anunciadas son un subsidio al empresariado y un apoyo mínimo a las familias del país. Por ejemplo, ayer se aprobó el ingreso mínimo garantizado de $300.000, el cual no será cubierto por la empresa, sino por el Estado.
Lo mismo ocurre con las ISAPRES. Estas anunciaron un alza en sus planes para el mes de julio. En lugar de anunciarse su regulación (o su eliminación, como promovemos nosotros), “negocia” con el sector para que difieran la subida de precios. Para instalar más camas por los miles de contagiados que se esperan, en lugar de habilitar infraestructura pública para ello, decide arrendar un lugar de eventos privado por una millonaria suma. Asimismo, las AFP han demostrado ser pésimos administradores de los fondos de pensiones, llegando a perder hasta un 20% de los ahorros, sin embargo, no se anuncia ninguna medida distinta al proyecto de ley que viene a fortalecer al sistema privatizado de pensiones, generando en futuras crisis efectos mucho más catastróficos que los actuales.
En este escenario nuestra acción se ha reducido principalmente a la denuncia a través de redes sociales, pero también se han ido desarrollando distintas acciones en los territorios, como coordinaciones para facilitar compra a adultos mayores o acciones de “comprando juntos” para acceder a precios más bajos. En el escenario macro se ha levantado la demanda por una Cuarentena General con Dignidad o una Huelga por la Vida, pero no ha sido posible implementarlas.
Las acciones de carácter laboral siguen quedando reducidas a la empresa o faena, aunque algunas de estas han sido exitosas al momento de establecer medidas conforme a las cuales se garantice la salud de las y los trabajadores. Las únicas acciones de carácter más colectivo han sido las de pueblos en zonas aisladas que han impedido que accedan personas provenientes de otras ciudades, como ocurrió con la toma de los accesos a los pueblos en la isla de Chiloé y en la Región de Aysén, en la Patagonia chilena.
La inexistencia de seguridad social en nuestro país pone en una situación de precariedad a millones de familias. Los trabajadores independientes y cuenta propistas son los más afectados, quienes no sabrán como llegar a fin de mes durante el mes de abril y algunos ya están complicados en marzo. En distintas empresas se han registrado despidos masivos, por lo cual se espera que las cifras de desempleo alcancen pronto los dos dígitos. Muchos de estos trabajadores han sido despedidos sin ninguna indemnización, por lo cual tendrán que esperar meses de juicio para obtener algo. La pandemia ha dejado en evidencia la precarización de la clase trabajadora y su fragilidad frente a las déspotas acciones de los empleadores. La lucha de clases se muestra en todo su esplendor: el empresariado quiere transferir todos los costos de la crisis a la clase trabajadora.
Este conflicto abierto entre intereses de clases deja en evidencia la continuidad de las razones que motivaron la Revuelta Popular de octubre. Un sistema neoliberal absolutamente desigual e injusto y un sistema político que excluye a los sectores mayoritarios de la toma de decisiones. Por eso este tiempo ha sido caracterizado como uno de resistencia frente a la ofensiva neoliberal. Un interregno al renacer de la Revuelta Popular, que se mantiene viva con la indignación de millones de familias que ven como el Gobierno y los empresarios siguen riéndose en nuestras caras y gobernando a su placer. Ha sido tal el empoderamiento de estos sectores que han planteado la tramitación de un proyecto de ley que permite la liberación de los violadores de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.
A un mes de la pandemia en nuestro país es importante potenciar acciones que protejan la salud y vida de nuestra clase, pero que también mantengan viva la Revuelta Popular. Debemos avanzar en el desarrollo programático iniciado en la Revuelta; mantener los lazos de articulación entre organizaciones y al interior de las propias comunidades, aunque sea con los límites de los medios digitales; y tener en cuenta que un proceso constituyente de la complejidad iniciada en octubre de 2019 nos impone el desafío de repensar todo, incluyendo la crisis sanitaria provocada por una pandemia.
Hay distintas medidas que se han impulsado desde los sectores populares: (i) paralizar todas las empresas que no brinden servicios esenciales en el contexto de esta pandemia y garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores/as que continúan trabajando; (ii) recursos para enfrentar la pandemia y fortalecer al sistema público de salud, comprando más test, ventiladores mecánicos, camas de cuidado intensivo, elementos de seguridad para los trabajadores/as de la salud y todos los implementos que se requieran; (iii) congelamiento de todos los productos de la canasta básica familiar para evitar especulaciones y requisición, de ser necesario, de todos los productos necesarios para enfrentar el Covid-19, incluyendo el control sin indemnización de las clínicas privadas; (iv) congelar gastos comunes y pago de créditos mientras dure la emergencia sanitaria; (v) protección del salario de la clase trabajadora; ingreso garantizado para todos quienes no tienen empleador y no pueden trabajar y prohibición de salvataje a empresas privadas, salvo que la propiedad y control sea transferido al Estado. Estas medidas son un paracetamol para enfrentar la crisis del capitalismo, pero sin lugar a dudas, aliviarán el dolor actual.
No obstante, nuestra tarea es mayor: nuestro proceso constituyente popular tiene que ser capaz de construir una vacuna contra este sistema capitalista neoliberal que precariza nuestras vidas. Ante tanta incertidumbre sobre el devenir de la pandemia en sí y los efectos económicos y sociales que pueda producir, lo único cierto es la lucha. Esta cuarentena oficial en 11 comunas y auto impuesta en el resto del territorio nacional puede durar varias semanas más, pero en algún momento debe terminar. La cantidad de contagiados aumentará exponencialmente durante este mes, al igual que los muertos. Ya llevamos 3.737 contagiados y 22 muertos. Pero en algún momento debe terminar.
En estos momentos no hay unidad nacional: los de arriba se niegan a perder sus privilegios, mientras los de abajo nos negamos a pagar los costos de la crisis, aunque momentáneamente lo tengamos que hacer. Desde octubre hasta la fecha la oligarquía chilena ha mostrado su desprecio hacia el pueblo, pero debemos tener memoria. El libre mercado, un Estado que subsidia al empresariado, un sistema que discrimina entre pobres y ricos, y el privilegio de unos pocos son expresión de lo que denunciábamos desde octubre. La revuelta popular ha transmutado a otros ritmos, a otras acciones, a otras intensidades, pero no desaparece ni desaparecerá. Hemos entendido que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Hay que prepararse para cobrar la cuenta y poner la vacuna.
Por Javier Pineda, editor Convergencia Medios.