Readaptando el título de la obra clásica de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, podemos inscribir en el presente, la continuidad de la sangría que padecen nuestros pueblos, bajo la forma de las deudas externas que se llevan nuestras riquezas. Esto no significa por supuesto, que la extracción de minerales y productos surgidos de la agricultura haya dejado de ser el principal producto comercial a través del cual, nuestro continente se inserta en el mercado mundial (durante la conquista fueron el oro y la plata, hoy sigue siendo el oro- aunque no principalmente -, junto a otros minerales en los que destaca el litio, y la producción de alimentos), y el modo en que las empresas transnacionales de aprovechan de nuestros bienes comunes para abastecer las demandas del capitalismo avanzado. Pero las deudas externas se han constituido desde hace ya varias décadas, fundamentalmente desde el inicio de la etapa neoliberal, en un elemento central de la modalidad bajo la cual se perpetúa nuestra dependencia, manteniéndose el saqueo de las arcas públicas, y su correlato en la imposición de políticas económicas basadas en el ajuste y la precarización de la vida. Efectivamente, Galeano podría haber incluido un nuevo capítulo a su libro, en el que describiese largamente cómo las deudas externas han sido un caballo de Troya para una nueva invasión, conquista y destrucción de las economías de los países del tercer mundo.
Durante la conquista y también después
Como sabemos, la incorporación de América Latina a la economía mundial se dio a partir de su rol de proveedora de minerales para Europa occidental. Desde la conquista de Abya Yala por los europeos, los pueblos de estas tierras han sufrido el saqueo por parte de las grandes ambiciones capitalistas. El robo de los minerales como el oro y la plata fue a enriquecer las arcas de las potencias colonialistas.
El rol asignado a América Latina por parte de las potencias mundiales desde tiempos de la colonización no ha variado significativamente a lo largo de los siglos. La apropiación de las tierras y de los cuerpos, la extracción de metales preciosos y de todo tipo de recursos naturales con trabajo esclavo, semi esclavo o precarizado por parte de Europa a partir del siglo XVI (y que aportó en gran medida a la acumulación de riquezas necesaria para que el viejo continente pueda dar el salto del feudalismo al capitalismo) se mantiene en gran medida hasta el día de hoy. Durante el siglo XIX, los procesos independentistas pudieron significar un avance económico y social para la región, pero frustrado el proyecto de la «Patria Grande», la fragmentación del territorio nos valió mantener nuestro papel subordinado de productores primarios. El período de industrialización dependiente, vinculado con estrategias de transnacionalización de empresas de países imperialistas, vivido en las décadas del ´50 y ´60 del siglo pasado durante la época de post guerra, se vio interrumpido en los ´70 en el marco de una crisis internacional sobre la cual se desplegaron dictaduras militares en todo el continente. Sobre la base de la derrota de los movimientos revolucionarios, se impusieron a sangre y fuego los proyectos neoliberales, que significaron el regreso al rol de productores de materias primas como principal resorte económico de la región.
La etapa neoliberal
Pero es centralmente en ese momento donde se da el salto en el incremento de las deudas de los países latinoamericanos. La denominada “crisis de los petrodólares” de 1973, marcada por el aumento del precio del crudo determinado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevó a la generación de una masa de dinero que, debido a la sobreproducción y caída de rentabilidad de las empresas no se reinvirtió en áreas productivas, se depositó en bancos internacionales quienes a su vez los pusieron a disposición de los gobiernos de América Latina bajo la forma de préstamos. La mayoría de estos, principalmente gobiernos de factos encabezados por sectores militares en coalición con las burguesías locales, las iglesias y el impulso y amparo del imperialismo norteamericano. Numerosas empresas accedieron al crédito privado que luego fue estatizado, y en muchos casos gran parte de esas deudas era generado por préstamos interbancarios entre las sucursales locales y las casas matrices.
La deuda latinoamericana entre 1975 y 1982 se cuadruplicó, pasando de 75 mil millones de dólares a más de 315 mil millones de dólares. Lo que significaba el 50% del producto interno bruto (PIB) de la región, concentrándose la deuda principalmente con bancos extranjeros. A su vez, los servicios de deuda (es decir el pago de intereses) también se cuadruplicaron pasando de 12 mil millones a 66 mil millones de dólares entre los mismos años. A su vez, “En la segunda mitad de la década de 1970, los créditos del FMI apoyaron a las incipientes dictaduras militares latinoamericanas que promovieron reformas neoliberales. El FMI otorgó controvertidos desembolsos a Chile, Uruguay y Argentina, poco después de los golpes de Estado. Entre 1974 y 1975 el FMI aprobó dos sba con el gobierno de Pinochet, por los cuales desembolsó más de 450.000.000 de dólares; en ese periodo también acordó un sba por 73.000.000 de dólares con el presidente de facto uruguayo Juan María Bordaberry. A comienzos de 1976, mientras se instalaba el terrorismo de Estado y se implantaba un plan de liberalización económica, el FMI aprobó un sba para Argentina por 942.000.000 de dólares, por entonces el crédito más grande otorgado a un país latinoamericano” (Nemiña y Larralde, 2018)
La crisis de deuda posterior dio cuenta de que las economías latinoamericanas no podían pagar los compromisos. México fue el primero en declarar la imposibilidad de incumplimiento en 1982. Esto abrió un período de renegociación de las deudas en el que la intervención del FMI fue clave, dado que instaló la lógica de las recetas económicas neoliberales para, supuestamente, generar los recursos necesarios para pagar las deudas. El organismo se presentaba como el bombero que se involucraba para ayudar a apagar el incendio, cuando en realidad sus recomendaciones serían el origen de las nuevas crisis. Se instalaron de esta manera las nociones de Estados ineficientes, excesivamente grandes, gastos sociales innecesarios, abriendo la puerta a reformas que paulatinamente fueron avanzando en una cada vez mayor mercantilización de diferentes aspectos de la vida. En términos de las recetas sugeridas para aplicar, se incluían diferentes medidas de ajuste fiscal, reformas estructurales, privatizaciones, apertura económica, liberalización comercial, desregulación financiera, entre otras, y que provocó una reestructuración regresiva de la industria.
Cabe destacar que el rol del FMI no fue sólo de simple “asesoramiento”, sino que su tarea de supervisión y control de la aplicación de las medidas económicas implicaba la sumisión de la soberanía de los países a los designios de este organismo que respondió a las necesidades de los EEUU. El envío de “misiones” o de equipos técnicos que se vincularan con el personal gubernamental fue recurrente, y en algunos casos, permanente a través de la instalación de oficinas en edificios públicos. Por otro lado, el fondo promovió condiciones favorables a los acreedores entre 1983 y 1990, donde alrededor del 79 % de los acuerdos de renegociación, establecían clausulas que favorecían a los bancos frente a los países.
La denominada década perdida en los 80, que en muchos países coincidió con la “transición democrática”, se caracterizó precisamente por las grandes crisis marcadas por episodios de hiperinflación, recesión, profundización de la desindustrialización, devaluaciones, y planes de reestructuración y “modernización”.
Solo para dar algunos ejemplos, en Argentina, en 1985 Raúl Alfonsín lanzó el “Plan Austral”, diseñado con el asesoramiento del FMI. En 1988 es Venezuela quien a través del gobierno de Carlos Andrés Pérez inicia un proceso de transformaciones económicas liberalizadoras, también enmarcadas en los programas de transformaciones impulsadas por el FMI. La década del 90 iniciará ya con las políticas encuadradas en el “Consenso de Washington”, como orientaciones detalladas de cómo enfrentar las crisis financieras. El plan neoliberal se consumaba bajo los regímenes democráticos ganando el consenso mayoritario de partidos de base popular (como el peronismo). En ese marco se puede mencionar a Carlos Saúl Menem, quien firmó un nuevo acuerdo con el FMI en 1990, abriendo paso a una serie de políticas neoliberales que incluían la masiva privatización de empresas públicas, y la reforma del Estado (figura repudiada por sectores amplios de nuestro pueblo, será recompensado con un busto por el gobierno de Alberto Fernández). En Brasil, Fernando Henrique Cardoso fue el encargado de aplicar las recetas de liberalización, olvidando su pasado de intelectual de la teoría de la dependencia. Chile, con una democracia tutelada surgida en los 90 y condicionada por los 17 años de dictadura pinochetista, fue el modelo emblemático de aplicación del neoliberalismo, donde las innumerables esferas de la vida se volvieron privadas (educación, salud, vivienda pública telecomunicaciones, AFP, etc.).
La resistencia de los pueblos
La etapa neoliberal que inició a mediados de 1970, implicó cambios en el modo de acumulación de capital y fundamentalmente en el papel del capital financiero y transnacional, y tuvo en las deudas externas contraídas por los países latinoamericanos, un mecanismo central para el avance de estas transformaciones. Pero la historia de los pueblos no se detiene. La hegemonía neoliberal durante los 80 y los 90 implicó un lento proceso de acumulación de fuerzas a través de experiencias de resistencia y de lucha frente a la avanzada del capital. Inicialmente esto se expresó bajo diferentes formas de protestas y movilizaciones contra medidas de ajuste. Un breve panorama de algunas de ellas muestra que no hubo tierra arrasada y la lucha de clases se mantuvo presente en nuestro continente para disgusto de los agoreros del fin de la historia.
El Caracazo de 1989 en Venezuela es una de las primeras manifestaciones contra las medidas neoliberales denominadas “el gran viraje”. En febrero de ese año miles de venezolanxs se movilizaron hacia la ciudad de Caracas en oposición al aumento del precio del combustible y del transporte público como parte del paquetazo anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emerge de la selva Lacandona frente a la firma del Tratado de Libre Comercio en México. En Argentina se produce en 1993 el santiagueñazo, levantamiento popular que se manifestó contra la corrupción del gobierno provincial y contra el no pago de los salarios estatales, y que tuvo como resultado la quema de los edificios de los 3 poderes políticos (judicial, legislativo y ejecutivo), siendo este parte del inicio de una serie de puebladas que se desarrollarían en los años siguientes hasta coronar ese proceso con la rebelión popular del 2001 que logró la renuncia de Fernando De La Rua. En Ecuador el movimiento indígena se levantó contra las medidas de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997, y Jamil Mahuad en 2000 teniendo la CONAIE un fuerte protagonismo y que continuaron en años posteriores. En Bolivia se dieron los levantamientos conocidos como la guerra del agua (2000) contra la privatización del agua y la guerra del gas (2003), con fuerte protagonismo indígena y del sector cocalero.
Este pantallazo muestra que la historia no se queda quieta. Que las resistencias se van tejiendo pacientemente, hasta lograr acumular la fuerza suficiente para enfrentar la opresión. La coincidencia entre estas insurrecciones y rebeliones tiene como correlato de fondo la precarización de la vida y la apropiación de los bienes comunes por parte de los grandes capitales.
Un nuevo episodio de endeudamiento en la Argentina bajo el gobierno de la alianza de centroderecha Cambiemos, generó la reacción de diferentes actores sociales y políticos. Fue allí donde se acuño la frase “La deuda es con el pueblo, no con el FMI”. Esta consigna que hace recordar a aquella situada en los años 80 de “la deuda interna” como prioridad, fue posteriormente corregida para hacerla más abarcativa bajo la forma de “La deuda es con los pueblos, no con el FMI”. Esta modificación tuvo su fundamento, en los numerosos estallidos y rebeliones populares que marcaron los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, teniendo sus principales focos en los países de Haití, Ecuador y Chile. La aplicación de medidas de ajuste por designio ya sea, directamente por parte del FMI, o por la necesidad de redireccionar recursos para pagar las deudas de estos países, en ajustes que dejan sin atender las necesidades populares. El pedido de renuncia del presidente de Haití por corrupción y la injerencia imperialista fueron los elementos centrales para una nueva insurrección en el primer país que declaro su independencia. Por su parte el aumento de los combustibles en Ecuador, o el incremento del precio del transporte en Chile, fueron los detonantes de protestas que traían cuestionamientos más profundos. En el caso de Ecuador la capacidad de los pueblos indígenas a través de la acumulación de años de organización por abajo permitió encontrar un actor político que pudiese ser canal de expresión de diferentes actores sociales para enfrentar el “paquetazo” impulsado por Lenin Moreno. En Chile, la ya tan famosa frase “no fueron 30 $, fueron 30 años” da cuenta cabal de que hay mucho más por debajo, que un simple malestar por el aumento del metro en Santiago. La demanda de una reforma constitucional, emerge como primer paso para abrir una etapa de cambios profundos en Chile que hagan desandar años de privilegios y desigualdad de la primer experiencia neoliberal en América Latina.
Efectivamente, tal como iniciamos esta nota, “Las deudas abiertas de América Latina” no se refieren únicamente a las deudas con los acreedores privados o los organismos internacionales. La deuda más importante que hay que resolver es la deuda con los pueblos. Sólo un proyecto alternativo, nuestroamericano, que se nutra de las resistencias y luchas que existen hoy en las entrañas de nuestras tierras será capaz de detener el saqueo que sigue significando el “sistema deuda” (al decir de Eric Toussaint). Un proyecto que sólo puede ser de carácter anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal y por el socialismo. La salida será más difícil si los pueblos enfrentan estos desafíos de manera aislada. Es por eso que se vuelve urgente conformar espacios de coordinación continental que puedan plantear el cuestionamiento a las deudas ilegítimas que pesan sobre los hombros de miles en América Latina. En Argentina estamos en un momento clave, la crítica situación económica depende de la renegociación que el gobierno pueda realizar por el tema de la deuda frente al FMI. En este sentido, es también la oportunidad para dar la batalla de ideas disputando el sentido común, afirmando que la deuda no es impagable, sino que es ilegítima. Debemos terminar definitivamente con el saqueo que a través de nuestra historia ha tomado diferentes formas.
Nemiña, P. y J. Larralde (2018). Etapas históricas de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina (1944-2015). Nodal, Agencia de noticias para América Latina, julio de 2018.