La última dictadura cívico-militar (1976-1983) no solo dejó consecuencias en el tejido social con la sistemática violación a los derechos humanos efectuada con su plan sistemático de exterminio de una generación de revolucionaries, sino que sus políticas económicas condicionaron el desarrollo económico posterior de nuestro país. El objetivo, tanto del imperialismo como de las clases dominantes locales, de derrotar estratégicamente a las organizaciones revolucionarias iba de la mano de garantizar condiciones de valorización del capital acordes a la nueva etapa neoliberal.

 

Las políticas económicas de la última dictadura, fueron aplicadas en primer término por José Alfredo Martínez de Hoz, que asumió como Ministro de Economía. Hasta entonces, Martínez de Hoz había sido presidente de Acindar y desde allí dispuso junto con María Estela Martínez de Perón, durante su presidencia, el operativo “Serpiente Roja del Paraná”, un feroz accionar represivo desatado contra los trabajadores combativos de Villa Constitución en 1975, que el año anterior había desbancado de la conducción de la UOM local a la burocracia de Lorenzo Miguel. En aquella oportunidad fueron detenidos más de 300 trabajadores, resultando 20 de ellos desaparecidos. La complicidad entre poder económico, poder político, fuerzas armadas y burocracia se gestaba desde hacía tiempo.

El ministro de economía había sido además designado con el aval del banquero norteamericano David Rockefeller, vocero del imperialismo, quien enfatizó la necesidad de las privatizaciones de las empresas estatales más productivas.

A comienzos de 1976, consumado el golpe de estado, se comenzó a implementar una feroz ofensiva contra la clase obrera y en favor de los intereses de los grandes capitales. Se congelaron los salarios,  y se derogó la legislación laboral sancionada a lo largo de medio siglo de luchas obreras, eliminándose el derecho de huelga. Se privatizaron las empresas estatales, se eliminaron los sistemas de control de precios y se incrementó el tipo de cambio. Esto produjo un rápido deterioro del 30% del salario real. A su vez, se sancionó una nueva ley de entidades financieras que permitía la libre movilidad de los capitales y la libre repatriación de ganancias; se abrió la economía a la libre importación y se bajaron aranceles, con el pretexto de controlar la inflación. Martínez de Hoz anunció derogaciones múltiples: de la nacionalización de los depósitos bancarios, de la ley de inversiones extranjeras y del monopolio estatal de las juntas nacionales de Carnes y Granos.

El papel del F.M.I.

Durante la dictadura cívico militar el Fondo Monetario Internacional dio un claro apoyo tanto a las políticas represivas como a las medidas económicas. En los primeros meses de gobierno el FMI otorgó a nuestro país un crédito con facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el monto, de 110 millones de dólares, fue acordado por el Gobierno previo pero se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se ampliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares. Esto respondía también a una necesidad de los centros financieros internacionales: derivar los “petrodólares” excedentes de Europa hacia los países periféricos, convertidos en capitales de corto plazo y hacer grandes negocios a costa del endeudamiento de los países del “tercer mundo”.

El FMI había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas un plan de despidos de agentes estatales que crearía casi un millón de nuevos desocupados sobre una población laboral activa de poco más de seis millones, elevando además en cinco años la edad jubilatoria y reduciendo los haberes.

Se solicitó además la eliminación de aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero, la unificación de la moneda y la liberación del control de movimiento de capitales – lo que fue llevado a cabo punto por punto, como describimos más arriba-. Con la excusa de acumular divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descomunal endeudamiento y en 1978 se incrementó sustancialmente la inflación.

Esta política expresaba a los sectores de capitales más concentrados que disponían del acceso al crédito internacional y se volcaron a la “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva. La “bicicleta financiera” consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés – en relación a la tasa internacional -, reconvertir dichos créditos nuevamente a dólares y retirarlos del país.

Crisis y estatización de la deuda

En 1980 estalló una crisis bancaria cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. El dólar barato, junto con la baja de aranceles, produjo una estampida de importaciones que destruyó la industria local y el crack bancario fue resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros. En 1981 finalmente la moneda fue devaluada  y en medio de una profunda crisis económica y una corrida bancaria, Videla y Martínez de Hoz renunciaron, asumiendo Viola. El 29 de marzo asumió Lorenzo Sigaut, que dispuso una nueva devaluación del 35%, mientras el PBI caía un 6% inter-anual. Tras estas medidas iniciales desdobló el mercado cambiario en financiero y comercial, mientras que los precios aumentaron un 155%, el resultado de estas medidas fue profundizar la recesión con alta inflación.

Ante esta situación, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, en la práctica, la estatización de la deuda privada por más de 5000 millones de dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron (en orden, empezando por la que adicionó más deudas): Acindar, Alpargatas, Autopistas Urbanas, Banco de Italia, Celulosa, COGASCO, Pérez Companc, entre otras.

El nuevo presidente del BCRA, que sucedió a Cavallo determinó la directa estatización de unos 17.000 millones de dólares de deuda externa privada que pasó a ser deuda pública. La deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco Galicia, Bunge y Born S.A., Grafa S.A., Molinos Rio de la Plata, Loma Negra S.A, Ledesma, Pérez Companc S.A., ACINDAR S.A., Ingenio Ledesma, fue transferida al Estado liberando de este modo a las empresas deudoras.

La deuda externa se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982. La deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. La mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas.

Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la dictadura y dictaminó el carácter ilegal, ilegítimo y fraudulento de la misma, evidenciando su uso para fines especulativos, para gastos descomunales y de obras faraónicas como la infraestructura para el Mundial 78 y para desplegar el enorme aparato represivo, además de garantizar cuantiosas ganancias a las grandes empresas nacionales y trasnacionales.

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