La dictadura boliviana, impuesta tras el golpe de estado del 10 de noviembre de 2019, ha cometido (y sigue cometiendo) todo tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al Estado de derecho. Los informes de la CIDH, de la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo de Bolivia y los testimonios en primera persona de hermanos y hermanas bolivianas son incontestables. Por supuesto, la dictadura cuenta con la impunidad del poder imperial que tiene una de sus patas en el control mediático y, en una argumentación característica del terrorismo de Estado, niega el golpe, estigmatiza a quienes difunden la verdad y persigue a quienes se le resisten.

El caso del compañero Facundo Molares Schonfeld, fotorreportero argentino de la Revista Centenario, y militante nuestroamericano, sintetiza el verdadero contenido de esta dictadura que con cinismo reprime, asesina, viola, encierra en nombre de la legalidad.

A Facundo lo detienen el 11 de noviembre, cuando cubría los ataques que el fascismo cruceñista desplegó contra el barrio popular de Cofadena en la localidad de Montero. La férrea censura a todos los medios alternativos fue (y sigue siendo) uno de los pilares del golpe. Ese día fue ingresado al Hospital Japonés con un cuadro grave de salud: politraumatismo, insuficiencia renal aguda, intoxicación plúmbica, infección de hantavirus, choque séptico y otros. Aunque Facundo Molares no tenia ninguna causa pendiente ni pesaba sobre él ninguna orden de captura, la dictadura procedió a su detención, lo trasladaron dos veces sin garantizar las condiciones sanitarias indicadas por los médicos, y para coronar también persiguieron a su padre cuando intentaba visitarlo. Durante su internación construyeron la causa en la que, sin ninguna prueba de ningún tipo, se le imputa responsabilidad por las dos muertes que se produjeron en Montero. El 29 de noviembre, estando en coma inducido, le dictan prisión “preventiva”. No se le garantiza ni derecho a la defensa, ni presunción de inocencia, ni ninguno de los procedimientos que garantiza el Estado de derecho; basta enunciar que Facundo fue combatiente de las FARC para que el poder de facto imponga su encarcelamiento.

Hugo Molares, el papá de Facundo, solicita y exige la libertad y repatriación de su hijo en cada oportunidad: desde el viaje con su esposa al conocer la detención de Facundo, en la que fueron secuestrados y amenazados de muerte durante 25 horas para sólo dejarlos ver a su hijo por 15 minutos; hasta su reciente participación en el Foro por los Derechos Humanos en Chile, pasando por la presentación en el Congreso de la Nación del Informe Final de la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo de Bolivia.

En el mismo sentido trabaja la Coordinadora por la Libertad de Facundo, conformada por una gran cantidad y variedad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, entre las que nos incluimos.

Nos preocupa que el proceso de legalización que pretende llevar adelante el gobierno de facto cuente con la falta de acciones claras y contundentes de países como el nuestro. La presión internacional y el aislamiento diplomático, político y hasta económico de la dictadura boliviana son instrumentos al alcance de los estados. Exigimos a la Cancillería y al gobierno argentino que arbitren los medios para que se respete el derecho a la vida y a la libertad de Facundo y que consigan su repatriación.

¡Abajo la dictadura fascista, racista y patriarcal apoyada por el imperialismo y sus aliados!

¡Libertad y repatriación de Facundo Molares!

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