Vaca Muerta: la puja entre los recursos y el cuidado de nuestro ambiente y nuestras vidas

La explotación de los recursos de Vaca muerta es presentada como el pilar para el crecimiento de la economía argentina. Los anuncios rimbombantes auguran un futuro prometedor, pero no se corresponden con lo que sucede realmente. Mientras el gobierno disminuye en un 4% las retenciones que deberán pagar los exportadores de petroleo y gas, los pueblos que habitan el territorio neuquino denuncian los desastres naturales y humanos que conlleva la explotación hidrocarburífera.

El eje central en la política económica del nuevo gobierno de Alberto Fernández está sostenido en la idea de cumplir con los compromisos externos y salir de la crisis mediante los recursos de Vaca Muerta, el agronegocio y la minería. La matriz productiva extractivista y primarizadora de la economía no postula cambios a pesar de la alternancia de gobiernos. Vaca muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén constituye la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda en gas pizarra. La visita a Vaca Muerta del nuevo presidente del directorio de YPF, Guillermo Nielsen, a pocos días de asumir da cuenta del importante lugar que ocupa en la estrategia del Frente de Todos. Según estimaciones privadas las expectativas de inversión se calculan a nivel local e internacional prevén un desembolso de 8 mil millones de dólares en lo inmediato y 120.000 millones de dólares como número total de los próximos años¹.

Pero si hay algo que en estos años nos ha demostrado el desarrollo de Vaca Muerta es que tener el crudo no es garantía para que nuestro pueblo viva mejor. El “éxito” del desarrollo de Vaca Muerta depende de circunstancias externas a escala mundial, en los que nuestro país poco puede intervenir. A la ansiedad extractivista del nuevo gobierno, recientemente golpeada por la resistencia popular que consiguió la derogación de la Ley 9209 en Mendoza, se le suma un complejo contexto internacional donde el petróleo y el gas juegan su propio capítulo con una sobreproducción hidrocarburífera, los conflictos armados en Medio Oriente y la guerra comercial entre EE.UU y China.

Las expectativas sobre las bondades de Vaca Muerta no tienen en cuenta la dependencia económica a la que nos enfrenta ni las graves consecuencias socio-ambientales que advierte la expansión de este tipo de actividades a diferentes escalas. Las que se observan de forma directa en el territorio de enclave a partir de los derrames y despidos, ni las que advierte el creciente movimiento internacional que reclama por la desfosilización de la matriz energética para revertir el acelerado ritmo del cambio climático.

Los anuncios vs la realidad

Según los informes oficiales el desarrollo de Vaca Muerta viene aportando una tendencia alcista en la producción de gas y petróleo. Colocando a la provincia de Neuquén en un puesto líder en volumen de hidrocarburos después de 10 años². Según estos informes Vaca Muerta produce el 20% del petróleo y el 40% del gas de la Argentina y hay quienes calculan que sus operaciones actuales abarcan solo 3% de la superficie explotable. La formación geológica de Vaca Muerta abarca cuatro provincias: Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

La explotación no convencional de hidrocarburos medida en cantidad de pozos y de fracturas se triplicó en los últimos 5 años, y el gobierno neuquino estima llegar a 1.500 mensuales. Para lxs más optimistas, las inversiones en Vaca Muerta podrían convertir a la Argentina en un proveedor global de energía, así como sucedió en EE.UU., que a partir de la explotación no convencional se perfila como el principal exportador mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, su explotación requiere un permanente y altísimo nivel de inversión (calculada en más de 20.000 millones de dólares al año). Para lo que requiere la llegada de grandes inversiones de capitales extranjeros, un rol activo del Estado en la inyección de subsidios e infraestructura que permita sacar el preciado combustible fósil a la superficie y colocarlo en el mercado internacional, en el cual compite con países con una estructura de costos mucho más baja (EEUU, Canadá, Rusia, Australia, Trinidad y Tobago) y un colchón más grande para hacer frente a las fluctuaciones internacionales de precios.

La respuesta del gobierno frente a las presiones de las petroleras

El territorio neuquino esta entregado por completo a empresas extranjeras para exploración y extracción a través de licitaciones³. Sin embargo YPF, la principal productora argentina, es la única empresa que está apostando fuertemente a los no convencionales, abarcando solo el 15% de su producción total. Las grandes empresas no tienen un peso significativo en la inversión y permanentemente amenazan con despidos para obtener beneficios que les garanticen mayor previsibilidad, confianza, y certezas. Es decir grandes márgenes de ganancia asegurada.

Los distintos representantes de las multinacionales condicionan sus inversiones a la estabilización macroeconómica, el mantenimiento de determinadas políticas sectoriales, y el desarrollo de la infraestructura necesaria para exportar. Dicho de otro modo, piden estabilidad y mejoras impositivas, precios en dólares, eliminación de las restricciones cambiarias y la posibilidad de repatriación de las ganancias o beneficios. Garantías que nadie asegura a los más de 1800 trabajadorxs petrolerxs cesanteados y despedidos. Entre ellos se encuentran 600 familias que recibieron las fiestas con el telegrama de despido en vísperas del año nuevo y que aún esperan por una resolución favorable de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno.

La respuesta del nuevo gobierno no tardó en llegar. Algunas de las medidas que el sector reclama fueron consideradas en el proyecto de ley propuesto por el FdT y aprobado tras la asunción de Alberto Fernández. Con la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que sancionó el Congreso, los hidrocarburos deberán pagar un 4% menos de retenciones en un claro guiño del Gobierno al sector, que las bajó del 12% al 8%. Lo que fue acompañado posteriormente del veto a la formulación propuesta por un diputado de Tierra del Fuego. El agregado que pretendía compensar la pérdida que implica el sistema de retenciones en las arcas provinciales fue vetado debido a las quejas que las petroleras hicieron llegar frente a lo que implicaba el aumento en el monto de regalías para las provincias hidrocarburíferas.

Hasta el congelamiento de mediados de 2019, estas compañías disfrutaron de las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: la liberalización del precio del crudo y la dolarización de las tarifas del gas, que en cuatro años subieron más de 2.400% y debieron pagar las familias trabajadoras y ahogaron a las pequeñas industrias. Ahora, las petroleras aumentan las presiones sobre una actualización del precio de los combustibles, que calculan estaría atrasado un 17% en relación al precio internacional en alza. Sin aumentos, sin reforma, las empresas no van a levantar equipos ni a sostener las cesantías de cientos de trabajadorxs, lo que significa que también sean las provincias, las que se sumen a presionar al gobierno nacional para evitar el desastre.

¿Sobre quiénes se sostiene Vaca Muerta?

Las expectativas nacionales sobre Vaca Muerta recaen sobre las espaldas de lxs trabajadores y sectores más postergados de la sociedad, que son lxs que tienen que vivir con trabajos cada vez más precarios para sostener las ganancias de las empresas. La intensificación de los ritmos de producción combinados con la flexilización en las condiciones laborales que demanda Vaca Muerta se traducen en el deterioro de la condiciones de vida de la población. Además, las propias cifras oficiales dan cuenta del desastre ambiental y social que viene asociado a la actividad: contaminación de napas de agua, movimientos sísmicos, eliminación de tierras productivas y de pequeñas producciones de alimentos. Daños que no son reversibles en pocos años y que afectarán a todas las generaciones futuras.

Según la propia Subsecretaría de Ambiente de Neuquén se producen dos derrames de petróleo por día. Desde el 2015 al 2019 se registraron 3368 “incidentes ambientales” producidos por la industria. Entre los de mayor magnitud se encuentran el derrame ocurrido en 2018 en el yacimiento de petróleo no convencional Bandurria Sur que afectó entre 40 y 80 hectáreas y el incendio de un poso en septiembre del año pasado, que se mantuvo durante 40 días prendido a tan solo dos km del lago Barreales. Sin embargo, las autoridades del gobierno ocultan la evidencia, la mayoría de los “incidentes” trasciende cuando los mismos trabajadores y lxs integrantes de comunidades mapuches que habitan el territorio perforado los hacen públicos mediante denuncias en la justicia y las redes sociales. Es por este motivo que las comunidades mapuches son uno de los principales blancos de la persecución política y legal ejercida por el estado. La deslegitimación social, la represión y las causas judiciales están a la orden del día para las comunidades mapuches, que se presentan como uno de los obstáculos más importantes para la expansión de la frontera hidrocarburífera.

En temas de seguridad para lxs trabajadorxs, también las estadísticas son alarmantes. En los últimos 15 meses ocho operarios fallecieron en la cuenca neuquina como consecuencia de las extenuantes jornadas de trabajo lejos del hogar, que consisten en 14 días de trabajo por siete de descanso. El accidente más reciente ocurrió en Fortín de Piedra, de Tecpetrol, donde dos operarios de la empresa subcontratista Pecom fallecieron al caer en una pileta de la planta de gas.

Con el cambio de gobierno las presiones para sostener los niveles de ganancias por parte de las empresas petroleras está en aumento, el gobierno del FdT parece estar dispuesto a ceder a ellas y dar una continuidad a las condiciones ventajosas de una industria dolarizada. En el otro polo, la pelea de la clase trabajadora por sostener nuestras condiciones de vida y que la escalada de la moneda estadounidense no genere mayor pobreza y exclusión social. De parte del gobierno todavía no se conoce una estrategia para Vaca Muerta a largo plazo, las marchas y contramarchas en materia de hidrocarburos por momentos parece dilucidar una puja interna dentro del PJ. Lo que queda claro es que no aparece por el momento de la mano del nuevo gobierno una política energética y productiva que beneficie a los sectores populares frente a uno de los lobbys más importantes del mundo.

Nuestro ambiente y las necesidades de nuestra clase están primero. Debe revertirse la lógica de obtener recursos para el pago de la deuda externa y para “sacar adelante” al país a costa de nuestras vidas y nuestros recursos naturales. La debacle a la que nos lleva esa lógica del capitalismo solo podrá evitarse si los pueblos organizados luchamos por otra sociedad que privilegie los intereses de la clase trabajadora y de la humanidad toda.

¡No al fracking y la megaminería!

¡Nuestras vidas y nuestro ambiente NO se negocian!