Con la política de ajuste fiscal que el gobierno de Alberto Fernández (AF) viene desplegando en sus primeras semanas de gobierno, la situación salarial de estatales y trabajadores/as de la educación –luego de cuatro años de devastación macrista- se presenta sumamente crítica para 2020. Es que para la gestión del Frente de Todos (FdeT), de cara a la renegociación de la deuda externa ilegítima y fraudulenta con los acreedores, la erogación en salarios dependientes de las arcas públicas no deja de ser un rubro clave a controlar estrictamente (junto con las jubilaciones).
En los hechos, esta orientación de austeridad, que ha motivado el reconocimiento público de autoridades del FMI a las medidas económicas adoptadas por AF, se establece como el centro de gravedad de la política salarial de la administración del FdeT hacia trabajadores y trabajadoras de la educación y estatales que, más allá de sus particularidades, tiene fuertes elementos en común en objetivos y metodología de negociación.
Sumas fijas y achatamiento de la pirámide, con acompañamiento de cúpulas sindicales
Para las y los trabajadores de la educación, el gobierno nacional propone la convocatoria a la paritaria nacional a fines de enero con una serie de condicionamientos hacia los gremios, ligados a la situación fiscal. En esta clave, las autoridades de la cartera educativa propondrán un aumento del Fondo de Incentivo Docente, que hoy es de $1.210 por cargo, congelado desde 2016 por Macri. Se trata de un monto básicamente en negro, que cumple la función de suma fija que el gobierno nacional quiere instrumentar como mecanismo general en todo el país.
Los “trascendidos” buscan instalar la inevitabilidad de este esquema. El aumento al Incentivo Docente servirá de argumento para alargar la discusión paritaria, sin discutir porcentajes. Junto a esto, ponen como otro eje central la exclusión en los acuerdos de la “cláusula gatillo” por inflación (que permitió defender en mejores términos los salarios educativos y de estatales durante el macrismo en algunas provincias), reforzando además la posición de negociación de las autoridades ante los sindicatos. Las cláusulas de actualización automática quedaron en el ojo de la tormenta tras las situaciones de provincias que no la cumplieron como Chubut, y ahora Tucumán. A lo que se suma el pago escalonado de salarios en Santa Fe, la amenaza de incumplimiento en Córdoba y las crisis ya conocidas en Chubut y Santa Cruz. Todos gobiernos justicialistas, por lo que se entiende que el propio presidente Fernández se haya puesto a la cabeza de la cruzada contra este aseguro conquistado por los/as trabajadores/as, responsabilizando a los aumentos salariales de la inflación en curso.
En resumen, un enfoque de “pacto social” que inicia con un aumento de emergencia que apunta a mejorar sobre todo los niveles inferiores del escalafón y un congelamiento de la paritaria hasta mediados de año, por la vía de los hechos. Todo esto, en un claro frente transversal de los grandes partidos patronales para garantizar el ajuste fiscal con la pérdida de los salarios frente a la inflación.
Mientras la pérdida salarial durante el macrismo tiende a consolidarse con aumentos insuficientes, el gobierno plantea que el «esfuerzo solidario» para solventar esas sumas fijas lo deben hacer lxs propixs asalariadxs a costa de aplastar su escalafón. Quienes deberían hacer el esfuerzo para que pueda darse una verdadera recomposición salarial son aquellos que ganaron millones durante estos últimos años: el sector financiero, el de los agronegocios y las privatizadas, entre otros.
Por su parte, en el caso de las y los estatales nacionales, se publicó ya el Decreto 56/2020 de aumento salarial -mediante sumas fijas remunerativas no bonificables-, que consiste en $3000 en febrero más $1000 en marzo, para aquellos salarios inferiores a los $60.000 brutos al 31 de enero (en febrero se suma un 5% más de aumento, última cuota de la paritaria 2019 que se dividió ¡en 5 pagos por apenas un 28% total contra una inflación del 55%!).
El efecto de achatamiento de la escala salarial en el conjunto de las y los estatales es similar a la situación de las y los trabajadores de la educación, por lo que el hecho de que una porción mayoritaria de las y los trabajadores del Estado nacional esté comprendida pese a los términos restrictivos del acuerdo, no hace otra cosa que evidenciar el nivel de pauperización salarial que sufren los trabajadores y trabajadoras estatales y que este paliativo no revierte.
Más aún, no se puede olvidar que en el caso de las y los estatales se trata de un universo completamente heterogéneo y fragmentado, que empeora sustancialmente en la medida que se desciende en los distintos niveles de administración del Estado (nacional, provinciales y municipales), siendo los trabajadores y trabajadoras de los municipios los más perjudicados por la pauperización salarial y la precarización laboral.
De más está decir, que para el gobierno nacional con estas sumas –que no alcanzan a provinciales ni municipales- se habrá cerrado la paritaria 2019 (que en marzo debería ser revisada, según lo firmado en paritaria con la gestión macrista), lo que difícilmente sea cuestionado por las conducciones de UPCN y ATE que se han mostrado acompañando sin ninguna objeción las medidas iniciales del gobierno del FdeT. Lo mismo puede esperarse para el caso de CTERA y la mayoría de las conducciones de los sindicatos de base docentes que la integran, conducidos por la Lista Celeste a nivel nacional.
En contrapartida, desde las conducciones educativas de lucha como las del SUTE (Mendoza), Ademys (CABA), seccionales combativas del SUTEBA (Bs. As.), SUTEF (Tierra del Fuego), ADOSAC (Sta. Cruz), entre otras; y las corrientes estatales que en numerosas provincias se construyen con independencia de los dos sectores de conducción de ATE (Verde ANUSATE y Verde-Blanca, hoy alineados ambos con el FdeT), se plantea la necesidad de promover de manera paciente y persistente un trabajo de organización y concientización entre las bases estatales y docentes, acerca de la necesidad de avanzar en una verdadera recomposición salarial a través de la acción independiente de nuestros sindicatos, a contramano de la sumisión pasiva que postula la política del “Pacto Social”.
Para ello, las expectativas que despierta mayormente entre nuestros compañeros y compañeras el gobierno del FdeT, luego de cuatro años de ajuste neoliberal en manos del gobierno de CEO´s, constituyen un elemento de la realidad que no puede soslayarse, para proyectar nuestra tarea político-sindical orientada a que los trabajadores y trabajadoras tomemos en nuestras propias manos, de manera activa, la defensa de nuestros derechos y la pelea por nuestras reivindicaciones.
Para esta tarea, la unidad más amplia del conjunto de los/as estatales, será clave para poder defender las posiciones conquistadas y frenar posibles retrocesos. La historia nos demuestra, sobradamente, que la clase trabajadora conquistó con su propia acción todos sus derechos y que el terreno de esa batalla es siempre la calle, donde los pueblos forjamos nuestro presente y futuro.