Las primeras semanas de gobierno del Frente de Todos marcan el perfil de inicio de la coalición que lidera Alberto Fernández, que dedicó los esfuerzos iniciales de su mandato a implementar un paquete de medidas económicas que combinaron ajuste fiscal, devaluación, incrementos leves de algunos impuestos y redistribución de recursos al interior de la propia clase trabajadora (suspensión regresiva de la movilidad jubilatoria), focalizando sobre las franjas inferiores de desocupados y jubilados, con la intención de reactivar el consumo popular desde ese vector.
Por su parte, bancos, petroleras, mineras y privatizadas fueron mayormente exceptuadas del esfuerzo “solidario”, en tanto se reincorporó el IVA a productos de la canasta básica y el “incremento solidario” de $4000 en dos cuotas para el sector privado (que se extenderá a estatales nacionales) a cuenta de futuros aumentos, queda muy por debajo de la evolución del costo de vida y de las necesidades urgentes de las y los trabajadores.
Si una eventual continuidad del gobierno de la alianza Cambiemos hubiera significado la profundización del ajuste neoliberal “en el mismo sentido pero más rápido”, en palabras del propio Macri, la gestión de Alberto Fernández (AF) puso en marcha una administración dosificada y combinada del ajuste -como era de prever en un gobierno de extracción peronista con otras bases de sustentación-, en la que busca conciliar los intereses antagónicos en pugna admitiendo como eje ordenador del cuadro económico-social el reconocimiento y pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, que no es puesta en cuestión.
Más allá de su dualidad, el paquete de medidas apunta en lo fundamental a ese objetivo central y en estas semanas quedó en claro que sólo el peronismo puede llevar adelante con éxito esa tarea, que tiene como premisa ineludible la vigencia de una “paz social” efectiva que asegure gobernabilidad.
En este sentido, ya comprometieron sus servicios al cumplimiento de ese propósito todas las centrales y fracciones sindicales (CGT, CTA-A y CTA-T) y los movimientos sociales que se integraron a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (CTEP, CCC, Barrios de Pie), que bajo la tutela del Poder Ejecutivo firmaron una declaración de intenciones contra el hambre, junto a cámaras empresariales, que refleja un alto volumen de consenso político institucional y sienta las bases de un futuro Consejo Económico-Social como instancia superior del “diálogo social”.
La profundidad de la crisis económica y su impacto social determinarán si el Pacto Social que postula el nuevo gobierno como “paragüas” político no resulta agujereado, con el paso de los meses, por una conflictividad social que se filtre pese a todos los esfuerzos en contrario, como ya ocurrió en Santa Fe, donde el flamante gobernador pejotista Omar Perotti retrasó el pago de salarios y dio lugar a inmediatas marchas de protestas de estatales y docentes.
Las administraciones provinciales con sus finanzas en rojo son otro de los flancos débiles del escenario político general, que el Poder Ejecutivo Nacional intentará ir morigerando con auxilio del tesoro nacional a medida que lo demande la temperatura de la conflictividad social de las distintas provincias con sus cuentas en crisis (Chubut del massista Arcioni viene siendo el ejemplo paradigmático de esta bancarrota de las finanzas públicas provinciales y una ebullición social sostenida).
Un gabinete de “todos” y una política internacional con idas y vueltas
La conformación del gabinete de AF denota el carácter de coalición de su propio gobierno, con funcionarios provenientes del amplio marco de alianzas del Frente de Todos, con centro de gravedad en el peronismo y el PJ, obviamente.
Una mirada general del gabinete destaca equipos propios del albertismo en Economía, Producción, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social para el Frente Renovador y el “triunvirato piquetero” y Transporte también para el massismo, en su componente radical; Defensa, Interior y Cultura para el kirchnerismo; el Ministerio de Agricultura para un hombre del formoseño Insfrán afín al agronegocio y la Secretaría de Minería para un lobbista de la Barrick Gold proveniente del PJ sanjuanino; perfiles progresistas en las carteras de Seguridad y en el nuevo Ministerio de Mujeres, Equidad y Diversidad (Frente Patria Grande), que junto con Salud a cargo de Ginés González García, serán las carteras impulsoras de un proyecto de legalización del aborto para su tratamiento y sanción parlamentaria en la primera etapa del año.
Párrafo aparte merece la política internacional del nuevo gobierno y la Cancillería a cargo de Felipe Solá, responsable político del asesinato de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, para quien exigimos juicio y cárcel efectiva. En este terreno, el gobierno viene intentando una política regional propia, con el México de Andrés Manuel López Obrador como principal aliado, que contrapese la derechización del mapa continental con Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Lenin Moreno en Ecuador, el golpismo racista en Bolivia, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, la continuidad de Piñera en Chile pese a la persistencia de una rebelión popular histórica y a quien Alberto Fernández elogió para sorpresas de muchos, señalando -en contraste con Nicolás Maduro- que no tiene los mismos rasgos “autoritarios” que el presidente venezolano.
No estarían pensando lo mismo que AF los miles y miles de chilenos y chilenas reprimidos brutalmente por el Ejército y Carabineros, ni los cientos de manifestantes que perdieron sus ojos por la represión brutal y artera de las fuerzas represivas institucionales, bajo órdenes directas del no tan autoritario presidente Piñera. Como contraparte, el gobierno argentino llamó irrisoriamente a “recuperar” la normalidad democrática en Venezuela, por lo sucedido en la elección de autoridades de la Asamblea Nacional en dicho país, donde Juan Guaidó fue reemplazado por Luis Parra como presidente del legislativo, quedando alineado prácticamente con el golpismo antichavista.
La búsqueda de un delicado equilibrio del gobierno argentino en materia diplomática da lugar a estas formulaciones, que apuntan a tender puentes pese a todo con el bloque regional que se ubica abiertamente alineado con la administración norteamericana, que sigue ordenando políticamente el tablero en virtud de sus intereses imperiales.
Algo de eso ocurrió cuando el propio Solá salió a marcarle la cancha al presidente boliviano destituido por un golpe de Estado, Evo Morales, a quien el canciller le advirtió que no podía efectuar declaraciones políticas (apenas iniciado su refugio político en Argentina), lo que luego fue relativizado y rebatido por el mismo jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
En este terreno, la cancillería también expresó recientemente su “preocupación” por los hechos ocurridos en Medio Oriente por las consecuencias que pueden tener a nivel internacional. Sin embargo, evita señalar la clara responsabilidad del acto de terrorismo realizado por los Estados Unidos en el asesinato ilegal ordenado por Trump de un general iraní en territorio iraquí, que empuja hacia una escalada militar que puede tener consecuencias devastadoras para los pueblos de la región.
Sin duda, Estados Unidos presionará para comprometer a toda América Latina en el apoyo a esta nueva cruzada guerrera promovida por Trump de forma unilateral, por lo que resulta un gesto básico de soberanía que el gobierno argentino pueda desmarcarse de esa orientación y rechazar el método de los asesinatos selectivos, que lejos de ser acciones de legítima defensa constituyen episodios de flagrante terrorismo a escala internacional, ejecutados por la principal potencia mundial.
No abandonar las calles
El gobierno del Frente de Todos genera profundas expectativas en amplios sectores del movimiento obrero y popular y da sus primeros pasos con un consenso a su favor en este terreno. Luego de 4 años de macrismo, es sumamente lógico que esto ocurra, ya que el apoyo al peronismo reunificado canalizó de manera masiva el malestar social provocado por las políticas de ajuste y saqueo del macrismo, consolidándose la fórmula F-F para amplísimos sectores sociales como la única salida posible para desplazar a Macri de la Casa Rosada.
Sin embargo, esa adhesión que por un lado marca un determinado escenario de posibilidades para el desenvolvimiento de la lucha popular en esta etapa inicial, no supone de ninguna manera un cheque en blanco para nadie, como quedó claramente demostrado en los últimos días de 2019, con la histórica pueblada en Mendoza en defensa del agua y contra la megaminería contaminante y saqueadora de nuestros bienes comunes.
La movilización popular se erigió contra la “ley cianuro” promovida por la UCR y el PJ mendocinos, con el auspicio nacional del propio Alberto Fernández, tal como quedó claro, en un traspié imprevisto, cuando el flamante Presidente ante un grupo de empresarios de AEA (entre ellos Héctor Magnetto de Clarín), dio por aprobadas con anticipación las reformas a las leyes mineras en Mendoza y Chubut.
Por el contrario, la imparable movilización popular detrás de la consigna “La 7722 no se toca” barrió con las resistencias de propios y extraños, obligó a recular primero a la bancada peronista y luego al propio gobierno radical y forzó a una histórica derogación de la ley 9201 ¡una semana después de que había sido aprobada por amplia mayoría en el parlamento provincial!
Sin duda, la experiencia mendocina marca un curso de acción que, si bien resulta difícil de replicar en lo inmediato en otros escenarios locales, se inscribe dentro del mapa político continental atravesado por rebeliones y acciones de masas en Chile, Ecuador, Colombia y Haití, por mencionar algunos ejemplos. La enseñanza fundamental que arroja es que el pueblo en las calles es capaz de imponer su agenda, sus reivindicaciones más sentidas y conquistar sus derechos con la movilización independiente, por encima de cualquier obstáculo o impedimento.
En este 2020 que se inicia, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs, como parte de Poder Popular, continuaremos aportando a esas luchas cotidianas por nuestros derechos más inmediatos y forjando los caminos de articulación y coordinación política para avanzar en la construcción de una alternativa política de las y los trabajadores, que no desista de sus objetivos de profunda transformación social para adaptarse a modelos capitalistas con “rostro humano”.
Una alternativa anticapitalista que, en este momento histórico, no puede ser sino además antiimperialista, feminista y socialista, con el convencimiento de que no hay programa efectivamente más “realista” que aquel que ubica al sistema capitalista como responsable fundamental del sufrimiento y las injusticias que padecen nuestros pueblos y que incluso con la destrucción voraz de la naturaleza, compromete la continuidad de la vida en nuestro planeta, al que no para de dañar y agredir.