Una nota del diario Clarín1 publicada el 1 de octubre de este año fue la punta del ovillo. Se informaba del inicio del proceso de licitación para retirar asbesto en 12 establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraban el Instituto Bernasconi en Parque Patricios, el Lenguas Vivas en Retiro y la Escuela Primera Junta en el barrio de Caballito. De esta manera las comunidades educativas se enteraron de la presencia de este material extremadamente peligroso en las escuelas a las que asisten cotidianamente miles de niñes y adolescentes.

El asbesto es un mineral usado antiguamente en la construcción por sus propiedades de aislante. Sin embargo desde el año 2001 el uso de este material está prohibido en Argentina por sus graves efectos a la salud, que se pueden generar al estar en contacto mediante la inhalación de pequeñas partículas suspendidas en el aire. Se trata de un material altamente peligroso cuyo tratamiento está absolutamente regulado por normas internacionales, nacionales y locales.

A partir de esta nota del 1 de octubre y sin ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Educación de CABA, algunas comunidades educativas comenzaron a organizarse para averiguar en dónde se encontraba el material, cómo se extraería y si los establecimientos estaban en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento. Rápidamente las contradicciones del propio gobierno comenzaron a generar mayores preguntas, inseguridades y preocupaciones. Las certificaciones y documentos presentados por el Gobierno de la Ciudad muestran el manejo irracional de los materiales peligrosos, sin respetar los procedimientos de acción recomendados ni las medidas de seguridad básicas.

Al igual que en la contaminación de alumnos con monóxido de carbono en el Lenguas Vivas este año2, la invasión de ratas en el Normal 4 y en otras instituciones públicas3 y los problemas edilicios denunciados por los estudiantes de la Técnica 154, entre otros conflictos vinculados a la infraestructura escolar, el gobierno de Larreta fue incapaz de dar soluciones efectivas que garanticen las condiciones de trabajo y de cursada. Por el contrario lo que propuso el Gobierno de la CABA mediante el Ministerio de Educación fue la persecución a docentes y estudiantes, el intento por sostener las clases a toda costa, incluso poniendo en riesgo la salud de los docentes y la negativa a dar cuenta de los pasos efectuados. Sin embargo el intento de la ministra Soledad Acuña por transformar un problema de salud pública en un conflicto sindical no surtió efecto.

Es importante señalar que se trata de la misma estrategia desarrollada frente a la denuncia de los propios trabajadores del subte porteños sobre la presencia de asbesto en las formaciones compradas al ayuntamiento de Madrid. Luego de las mediciones correspondientes el gobierno debió reconocer la presencia del material y se transformó en demandante al gobierno madrileño por vender formaciones con asbesto, lo cual está prohibido por las normas de comercio internacionales.

Lo que ponen de manifiesto estos casos es que la preocupación del gobierno de la ciudad está lejos de generar las condiciones adecuadas de trabajo y cursada. Por el contrario la prioridad implica el sostener las clases a cualquier precio y el avance sobre reformas educativas que profundizan la precarización laboral y la destrucción de la educación. Incluso un reclamo tan básico como que se garantice que el aire de nuestras escuelas no está contaminado es desoído por un gobierno que sólo piensa en números.

Por el contrario las comunidades se organizan en la defensa de las escuelas, mediante asambleas, semaforazos y cartelazos. Exigen que especialistas realicen las mediciones de aire para garantizar que no haya asbesto, que se presenten los planes de actuación adecuados a las normas nacionales e internacionales y que se conformen comisiones de seguimiento que incluyan a todas las partes (docentes, estudiantes y familias). En una de las escuelas afectadas, el Lenguas Vivas, las asambleas de docentes y estudiantes lograron levantar las clases por cuatro días demostrando que es organizándonos y luchando la forma en que podemos volver a poner en primer plano nuestras condiciones de cursada y trabajo.

¡Continuemos la organización de las comunidades educativas por la defensa de las condiciones edilicias de las escuelas!

¡Fuera Acuña!

Por Facundo Foray

Compañero de Venceremos – Partido de Trabajadorxs

Delegado de Ademys en el Lenguas Vivas

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