Crisis e insurrección en Haití

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Desde mediados de septiembre el pueblo haitiano ha tomado casi a diario las calles del país, pidiendo un cambio de sistema que permita sacar de la pobreza al 80% de la población. Las manifestaciones que se han radicalizado demandan una redistribución de los recursos nacionales, así como mayor acceso al empleo, educación, salud y otros servicios. Las protestas se agudizaron en el último mes, exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, que reiteró que se mantendrá en su puesto. Cifras de organizaciones de derechos humanos indican que al menos 70 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del estado desde mediados de septiembre y varios centenares resultaron heridos.

Se abre la séptima semana de protestas en Haití y los sectores opositores al gobierno anunciaron  un nuevo calendario de movilizaciones populares que continuarán reclamando la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse. La recién creada Alternativa Consensual para la Reconstrucción de Haití -una coordinadora de organizaciones de oposición- anunció la radicalización de las protestas que tendrán lugar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. “El juego de niños ha terminado, todo el país se levantará”, dijo su portavoz André Michel, y añadió que “serán siete días de intensos combates. Siete días de encierro”, recalcó, en una operación denominada Bloqueo General. Las manifestaciones ya incluyen saqueos, incendios a edificios estatales y privados, bloqueos a las vías con barricadas en algunas arterias de la capital, negocios y escuelas cerradas.

Recientemente, un centenar de organizaciones políticas, sociales, económicas, agrícolas, juveniles y otras pidieron la dimisión del mandatario. Se unen también al reclamo los sectores estudiantiles, docentes, religiosos, artistas y partidos de la oposición que rubricaron un documento que insta a instalar un gobierno nacional de rescate y a una transición exitosa, después de más de dos años de inestable gestión del mandatario. En el comunicado subrayan que el país se encuentra en una “situación caótica que anuncia un desastre humanitario inminente” y denuncian que el Gobierno perdió el control del aparato estatal. En síntesis reclaman un “cambio de sistema” y un nuevo gobierno para atender a las necesidades urgentes de la población más vulnerable, que vive bajo la línea de la pobreza. Además, critican el apoyo de la comunidad internacional al mandatario, y denuncian la injerencia del imperialismo norteamericano.

A la situación crítica, además, podría sumarse esta semana el colapso del suministro de energía eléctrica por la escasez de combustible dada la disputa que se ha abierto entre las compañías privadas de electricidad y el Gobierno, que aprobó la suspensión del pago de todos los valores relacionados con la ejecución de los contratos de electricidad.

Moïse llegó al poder el febrero de 2017, tras unas controvertidas elecciones que tuvieron que ser repetidas, y con solo medio millón de votos a favor. A mediados de 2018, se desató una fuerte crisis social por el aumento de los precios del combustible, medida sugerida por el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que ser revocada 24 horas después. Desde entonces el país vive recurrentes estallidos sociopolíticos, atizados por sectores opositores, pero que en el fondo critican las profundas desigualdades sociales, y el acceso casi nulo de la mayoría a servicios universales como la salud, educación, así como el empleo.

La reciente ola de protestas se inició el pasado 16 de septiembre, contra la escasez de combustible y ha devenido en una amplia protesta contra el actual gobierno y su apego a políticas neoliberales en detrimento de millones de personas.

La nación de casi 12 millones de habitantes tiene una tasa de desempleo que supera al 70 por ciento de la población activa, además de mantener uno de los más bajos indicadores de desarrollo económico y social de la región. Más de la mitad de la población esté sobreviviendo con menos de 2.40 dólares al mes y enfrenta escasez en el servicio de agua potable, alimentos y combustible.

A este cuadro general se sumaron las denuncias de corrupción gubernamental, que generaron la furia popular.  El gobierno de Moïse ha sido salpicado por las investigaciones que apuntan a que su administración también malversó fondos del programa PetroCaribe para desarrollar infraestructura. Haití recibió más de US$ 2.000 millones que ahora tiene de deuda. Puntualmente se denuncia que el mandatario, quien era jefe de por lo menos una compañía que habría recibido dinero usó los recursos para proyectos falsos.  Además, el pueblo también exige información sobre el dinero del exterior que recibió el país tras el terremoto que sufrió en 2010, pues los servicios públicos y la infraestructura continúan siendo precarios pese a la supuesta inyección de recursos.

Si bien el presidente Jovenel Moïse hizo varios cambios administrativos, esto no logró apaciguar las protestas, que reclaman su renuncia. Además de la empobrecidísima clase trabajadora y  desocupada, los manifestantes provienen de diversos campos profesionales. Desde artistas hasta profesores universitarios sumándose tanto la clase media como la élite intelectual del país.

No solo se está librando una lucha política hoy, sino la manifestación de una crisis sistémica. Haití se enfrenta a un amplio rechazo de un sistema político y económico que en 30 años no ha logrado resultados para la mayoría de la población. Existe una desconfianza general hacia los políticos y las elecciones. Y las promesas de desarrollo económico después del terremoto claramente no se han cumplido”, sostiene el investigador Jake Johnston.

Las protestas crecen con el pasar de los días y, mientras en las calles del país el pueblo se enfrenta con las autoridades, el presidente se niega a renunciar y recibe el apoyo de los Estados Unidos para formar un Comité de Diálogo. En este contexto, las Naciones Unidas anunciaron el cierre de la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), heredera de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que operó en el país entre los años 2004 y 2017 en lo que constituyó en la práctica una ocupación militar al mando de Estados Unidos. La Minujusth será reemplazada por una misión de carácter “político”, llamada Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) con un mandato inicial de 12 meses que podría ser prorrogado con el objetivo de “promover y reforzar la estabilidad y la gobernanza, así como el cumplimiento del estado de derecho”.

Pero la BINUH es apenas el nuevo nombre de la injerencia internacional. Por detrás del organismo se encuentra el mucho más visible y proactivo Core Group, la entidad que nuclea a representantes de las propias Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y las embajadas de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España y Brasil, quienes se disputan en la práctica el reparto del botín de un país que ofrece enormes recursos naturales, sobre todo minerales, y los salarios más depreciados de la región.

El Core Group, en medio de la presente crisis, continúa expresando su respaldo a la continuidad del objetado presidente Jovenel Moïse, mientras sostiene una ronda de reuniones de contenido confidencial con el gobierno, partidos aliados y la oposición moderada y conservadora.  Todo ello bajo la tutela del Departamento de Estado norteamericano.

Los intereses imperialistas en Haití

Desde el momento mismo de la independencia los países imperialistas lucharon constantemente por obtener el predominio y control de Haití. Los acuerdos comerciales se firmaban al calor de la amenaza armada. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia participaron de complots, alentaron revueltas, colaboraron en el derrocamiento de presidentes, bombardearon las costas y hasta ocuparon militarmente el territorio de Haití.

En los últimos estertores del siglo XIX la incesante expansión norteamericana bajo el signo de la Doctrina Monroe, empujaría al país a la estratégica región del Mar Caribe. Tras la anexión de más de la mitad del territorio mexicano tras la guerra de 1846-1848 la Guerra Hispanoamericana los dejaría en control de Cuba y Puerto Rico, a que lo seguiría la secesión inducida de Panamá que, desgajada del territorio colombiano, les daría a los yankis las llaves del estratégico paso bioceánico. El siguiente paso sería la ocupación casi simultánea de las dos naciones que comparten la isla La Española (Haití en 1915 y República Dominicana en 1916). Los invasores no dejarían la isla hasta reformar completamente las estructuras sociales, políticas, económicas y demográficas, orientándolas hacia las necesidades de acumulación del capital norteamericano, garantizando así la continuidad de sus intereses y la permanencia del derecho de tutela.

En la segunda mitad del siglo XX, la brutal dictadura vitalicia de François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier contaría con el más decidido apoyo estadounidense, dado que en sus 29 años de gobierno oficiarían como un baluarte en las luchas globales contra el comunismo.

Tras la caída de la dictadura en el año 1986 producto de una fenomenal resistencia popular, se daría una inconclusa transición democrática usurpada por juntas militares. En el marco de la temprana implementación de las políticas neoliberales orientadas por Departamento de Estado y el FMI, comenzaría el despliegue de las temporalmente eternas misiones internacionales. Además, dos golpes militares, secundados o promovidos por los Estados Unidos, Francia y Canadá, removieron del poder por dos veces consecutivas al cura salesiano y carismático ex presidente Jean-Bertrand Aristide en los años 1991 y 2004.

Desde 1993, nueve misiones civiles o cívico-militares han desembarcado en territorio haitiano. A saber: la Micivih, Unmih, Unsmih, Untmih, Miponuh, Micah, Minustah y ahora la BINUH.

Lejos de ayudar a reconstruir el país, la presencia de esta nueva fuerza militar, constituida por un conjunto de naciones y con un presupuesto de 520 millones de dólares anuales, se usó para bloquear las posibilidades de reorganización popular y asegurar el sometimiento y la superexplotación de los haitianos.

Estas son las causas profundas de la crisis actual. Tras décadas de ocupación y saqueo por parte del imperialismo capitalista, el pueblo de Haití continúa luchando por su emancipación.

Como sostiene la reconocida intelectual haitiana Susy Castor, “desde el siglo XX jamás hubo tanta conciencia de que ya llegamos al momento en que las cosas tienen que cambiar, y hay un pueblo inmenso, a nivel de todos los sectores, con una fuerza del rechazo muy grande”.

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