Crisis, ajuste y aumento de pobreza: hay que seguir en las calles

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El panorama económico que se presenta en la fase final del gobierno macrista es el corolario de lo que ha sido una política constante en favor del gran capital, principalmente financiero, agrario y energético y de ataque a la clase trabajadora.
Los datos recientemente presentados por el INDEC sobre pobreza e indigencia para el primer semestre de 2019 son la muestra más cruda del deterioro de las condiciones de vida de nuestra clase durante estos cuatros años: la pobreza alcanza a un 35,4% de la población, mientras que un 7,7% ha caído en la indigencia, lo que se traduce en 15,9 millones de pobres (4 millones más que en el primer semestre de 2018). Las provincias del noroeste y noreste son las más afectadas. Allí, estos índices superan en algunos casos el 40%, mientras que en los niños y niñas asciende a un 52,6% y a un 13,1% la indigencia.
La devaluación del peso pos PASO en torno a un 25% y el impacto que ya tiene en la suba en los precios en rubros como alimentos y bebidas (10,5% según la consultora Elypsis) y combustibles (4%), proyectándose una inflación en torno al 5-6% en septiembre, presenta un escenario aún peor para nuestro pueblo en los meses que siguen.
Un gobierno en retirada
La respuesta de Cambiemos a esta situación fue presentar un plan de medidas de “alivio” para llegar de la mejor manera posible a las elecciones del 27 de octubre, el cual no logró compensar de ningún modo la escalada en la erosión de los ingresos de las y los trabajadores/as: un bono de $5.000 para algunos sectores del ámbito público; dos pagos extras de la AUH; la financiación en dos meses de hasta $2.000 de los aportes personales en el sector privado, así como el reciente acuerdo entre la CGT, las cámaras empresarias y el Ministerio de Producción y Trabajo con una suma de $5.000 a cuenta de futuros aumentos y con esquemas de pagos que se ajustaran a la negociación de cada sector. Además, medidas de congelamiento de precios en el caso de combustibles y la quita del IVA en los alimentos, que rápidamente han quedado sepultadas al calor de los reajustes en los precios.
En cuanto al curso de la deuda, el gobierno aplicó un “reperfilamiento” en los plazos de cancelación de distintos segmentos del stock para lograr más cierta holgura en los pagos de cara a lo que le queda de mandato. Por su parte, el capital financiero y el imperialismo yankee, a través del FMI, le han quitado el apoyo al trabar el desembolso que había sido pactado para el 15 de septiembre por U$S 5.400 millones, a pesar de haber cumplido al pie de la letra el plan de ajuste fiscal pactado con el organismo, dejándolo de esta manera en un escenario de extrema debilidad de cara a una posible transición de mandato en diciembre. En palabras de David Lipton, Argentina «deberá esperar un tiempo para reanudar una relación financiera». Los desembolsos del FMI a la fecha  (US$44.500 millones) han servido fundamentalmente para garantizar la fuga de capitales, que en la era Macri se calculan en torno a las U$S 80 mil millones.
Lo que viene

El casi seguro próximo gobierno de los Fernandez-Fernandez se encontrará con una verdadera “pesada herencia” a administrar. En este marco, las declaraciones realizadas por Alberto Fernández en los últimos meses así como la plataforma de gobierno del Frente de Todos, donde se vislumbran las medidas que se pretenden implementar, y el dialogo abierto con distintos sectores del establishment local y fondos de inversiones extranjeros, plantean un escenario de continuación del ajuste en curso.

Uno de los aspectos fundamentales es la relación a mantener con el FMI y pago de la deuda externa. El planteo de Alberto Fernández de llevar una refinanciación de los plazos sin quita para tener “aire” para la implementación de un programa redistributivo tendrá como moneda de cambio la exigencia por parte del fondo de avanzar en medidas de estructurales como la reforma laboral, previsional e impositiva, así como mantener el ajuste en materia fiscal.

En cuanto a los ingresos hay que decir que está vedado ya el financiamiento externo (o a tasas altísimas), que los precios internacionales de los commodities como la soja son bajos y que, de no modificarse el régimen actual de retenciones y los plazos de liquidación, el margen de ingresos de dólares para compensar la caída en el ingreso de las y los trabajadores y la reactivación del sector industrial se encontrará restringido y direccionado principalmente al pago de la deuda.

En 2020 habrá vencimientos de capital e intereses de alrededor de U$S 30.000 millones, mientras que el peso en los gastos en el pago de servicios de deuda presupuestados en el por el Ministro de Hacienda Lacunza para el año, de aprobarse, representaría un 20% del total. La salida de este cuello de botella para Fernández, junto con la refinanciación de la deuda, sería la generación de “saldos exportables”, asentada sobre un modelo extractivista minero-energético, con Vaca Muerta como ejemplo, y un aumento de la “competitividad” en el mercado mundial, lo cual supone un aumento en la productividad del trabajo (mayor explotación) a partir de la negociación de los convenios colectivos por rama y una caída en los salarios en dólares a través de la devaluación del peso.

En este contexto, el plan de un Pacto Social por 180 días entre las burocracias sindicales, sectores de los movimientos sociales, las cámaras empresarias y el estado plantearía la condición necesaria y la garantía para la llevar a cabo el plan económico trazado. El apoyo de la UIA hacia Fernández, así como la posible unificación de la CGT y CTA yaskista, alineadas abiertamente con el futuro gobierno, con una política de desmovilización frente a los conflictos actuales y con la perspectiva de garantizarle paz social, van dándole el marco propicio.

Frente a un escenario donde la caída salarial, los despidos, y el avance sobre las condiciones laborales seguirán estando a la orden del día, las y los trabajadores/as deberemos seguir en las calles, único lugar donde hemos sabido defender nuestros derechos a lo largo de la historia, en la pelea por nuestras reivindicaciones, tal como lo demuestra la lucha de estatales y docentes que se desarrolla en Chubut y las respuesta con ocupación y autogestión obrera de las fabricas que cierran, en coordinación y unidad con los sectores que salgan a luchar.

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