El casi seguro próximo gobierno de los Fernandez-Fernandez se encontrará con una verdadera “pesada herencia” a administrar. En este marco, las declaraciones realizadas por Alberto Fernández en los últimos meses así como la plataforma de gobierno del Frente de Todos, donde se vislumbran las medidas que se pretenden implementar, y el dialogo abierto con distintos sectores del establishment local y fondos de inversiones extranjeros, plantean un escenario de continuación del ajuste en curso.
Uno de los aspectos fundamentales es la relación a mantener con el FMI y pago de la deuda externa. El planteo de Alberto Fernández de llevar una refinanciación de los plazos sin quita para tener “aire” para la implementación de un programa redistributivo tendrá como moneda de cambio la exigencia por parte del fondo de avanzar en medidas de estructurales como la reforma laboral, previsional e impositiva, así como mantener el ajuste en materia fiscal.
En cuanto a los ingresos hay que decir que está vedado ya el financiamiento externo (o a tasas altísimas), que los precios internacionales de los commodities como la soja son bajos y que, de no modificarse el régimen actual de retenciones y los plazos de liquidación, el margen de ingresos de dólares para compensar la caída en el ingreso de las y los trabajadores y la reactivación del sector industrial se encontrará restringido y direccionado principalmente al pago de la deuda.
En 2020 habrá vencimientos de capital e intereses de alrededor de U$S 30.000 millones, mientras que el peso en los gastos en el pago de servicios de deuda presupuestados en el por el Ministro de Hacienda Lacunza para el año, de aprobarse, representaría un 20% del total. La salida de este cuello de botella para Fernández, junto con la refinanciación de la deuda, sería la generación de “saldos exportables”, asentada sobre un modelo extractivista minero-energético, con Vaca Muerta como ejemplo, y un aumento de la “competitividad” en el mercado mundial, lo cual supone un aumento en la productividad del trabajo (mayor explotación) a partir de la negociación de los convenios colectivos por rama y una caída en los salarios en dólares a través de la devaluación del peso.
En este contexto, el plan de un Pacto Social por 180 días entre las burocracias sindicales, sectores de los movimientos sociales, las cámaras empresarias y el estado plantearía la condición necesaria y la garantía para la llevar a cabo el plan económico trazado. El apoyo de la UIA hacia Fernández, así como la posible unificación de la CGT y CTA yaskista, alineadas abiertamente con el futuro gobierno, con una política de desmovilización frente a los conflictos actuales y con la perspectiva de garantizarle paz social, van dándole el marco propicio.
Frente a un escenario donde la caída salarial, los despidos, y el avance sobre las condiciones laborales seguirán estando a la orden del día, las y los trabajadores/as deberemos seguir en las calles, único lugar donde hemos sabido defender nuestros derechos a lo largo de la historia, en la pelea por nuestras reivindicaciones, tal como lo demuestra la lucha de estatales y docentes que se desarrolla en Chubut y las respuesta con ocupación y autogestión obrera de las fabricas que cierran, en coordinación y unidad con los sectores que salgan a luchar.