Las movilizaciones que comenzaron las semanas posteriores a la desaparición de Santiago el 1 de agosto de 2017 y se extendieron durante dos meses, constituyeron sin lugar a dudas uno de los momentos de mayor movilización popular durante el mandato presidencial de Mauricio Macri. En línea directa con el rechazo masivo al intento de aplicar el “2×1” a los genocidas, el caso de Santiago puso en vilo a grandes sectores de la sociedad que identificaron la reemergencia de las prácticas desaparecedoras en el caso del joven militante. La cara de Santiago se expandió por todos lados, el reclamo fue abrazado fuertemente tanto en las comarcas patagónicas donde había sucedido el hecho como en las grandes ciudades de todo el país. La causa de Santiago tuvo a los organismos de Derechos Humanos interviniendo bajo la premisa de la unidad de acción y a Nora Cortiñas en la cabecera de la lucha junto a muchxs referentes, entre quienes se encontraron a la cabeza nuestrxs compañerxs María del Carmen Verdú e Ismael Jallil (militantes de CORREPI). Fue también una lucha donde la juventud se organizó masivamente, donde el tema entró a las aulas de las escuelas de la mano de docentes y estudiantes convirtiendo cada espacio en una trinchera de lucha contra la impunidad.
La desaparición de Santiago tuvo como contracara ser uno de los momentos donde, con más cinismo y virulencia, los sectores más reaccionarios de la sociedad, encabezados por la ministra de seguridad Patricia Bulrrich y por diversos funcionarios de alto rango del ejecutivo, descargaron en cada medio todo su fascismo, justificando a toda costa el accionar de la gendarmería, construyendo del mismo modo que lo hizo la última dictadura, un “enemigo interno” al que se debía combatir (la RAM y su vínculo con Santiago). Pablo Noceti, quién estaba a cargo del operativo en Chubut y era el jefe de gabinete del ministerio, fue incluso ascendido por la ministra, del mismo modo que el único gendarme investigado, Emmanuel Echazú.
La “justicia” merece un párrafo aparte. Lo maniatado de los argumentos, la ineficacia y realentización de los peritajes, entre otra infinidad de procedimientos irregulares llevaron incluso a correr al juez inicial, Guido Otranto, a partir de lo solicitado en reiteradas ocasiones por la familia, acerca de su parcialidad. Quién continúo con la causa, Gustavo Llereal, sin embargo actuó en el mismo sentido, intentando cerrar la causa judicial por la desaparición en noviembre del año pasado, medida que la familia apeló pero de la que aún no se ha conocido fallo.
El aparato mediático también recuperó su acervo “setentista”, acervo de la responsabilidad/complicidad empresarial de los crímenes de la última dictadura, viralizando las hoy llamadas “fake news” acerca del supuesto paradero de Santiago en países extranjeros (tal como lo hicieron con lxs compañerxs desaparecidos otrora, la editorial Atlántida entre otros). Fue contra ese gran conglomerado de intereses que la movilización popular logró imponerse, sosteniendo en agenda la búsqueda de “lechuga”.
La lucha de Santiago anuda múltiples reclamos que van desde el reconocimiento de los territorios mapuche de la Pu Lof Chushamen en manos del multimillonario Benetton (posible de ser extensible a multiplicidades de territorios patagónicos en manos de magnates extranjeros y locales) a la búsqueda de justicia y en contra de la impunidad. En la figura de Santiago se condensa la lucha antirrepresiva contra los constantes atropellos de las fuerzas represivas en cada barriada de nuestro país, contra el gatillo fácil, la doctrina Chocobar y el voto “bala” que propone Cambiemos en las próximas elecciones.
Seguiremos en las calles, por Santiago, por Rafael Nahuel y por todxs lxs pibxs víctimas de la represión.
Hoy en distintos puntos del país volveremos a gritar
¡JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO!
#ElEstadoEsResponsable
