Así como la tristeza, la crisis que atraviesa el sistema político brasilero parece no tener fin y ahora alcanzó a uno de los hombres con mayor popularidad y legitimidad del gobierno de Bolsonaro: el ministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro. Moro que ha ganado la fama de héroe nacional contra la corrupción, se vio recientemente involucrado en un escándalo en relación a la mega operación lidera por él, el Lava-Jato.
En el mes de junio, la página The Intercept Brasil, dirigida por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, ha hecho distintas “entregas” difundiendo conversaciones de Telegram del entonces juez con el fiscal encargado de dicha operación, Deltan Dallagnol. Esos diálogos revelan el intercambio de información entre ambos en relación a una de las causas más significativas de la historia de Brasil, la detención y condena del expresidente Lula Da Silva por corrupción.
Los mensajes incluyen orientaciones sobre los pasos a seguir en la causa, sugerencia de posibles colaboradores y testigos, consultas entre los involucrados y la elaboración de una estrategia para impedir que Lula pudiese dar una entrevista antes de las elecciones, además de alientos y promesas de apoyo incondicional. Todas estas prácticas violan la legislación jurídica brasilera y, según muchos especialistas, podrían conducir a la nulidad de la causa ya que pone en jaque la supuesta imparcialidad de Moro en relación a la investigación de Lula y confirma la hipótesis de que su accionar fue conspirativo hacia el expresidente. Quien luego de condenado, terminó excluido de la carrera presidencial en 2018. Por lo tanto, este escenario lleva no solo al cuestionamiento de la operación Lava Jato, sino también de los resultados de las últimas elecciones.
Luego de difundidas las conversaciones entre Moro y Dallagnol, los abogados de Lula entraron con un pedido de Habes Corpus en el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que los magistrados incluyesen los mensajes como evidencia del accionar de Moro. El pedido finalmente fue denegado el 25 de junio, mientras que decidieron postergar para el próximo semestre el juicio sobre la conducta de Moro.
A pesar de que parte de la sociedad haya salido a pedir la renuncia de Moro luego de las filtraciones, Bolsonaro – que en lo que va de su gobierno, ya ha cambiado tres de sus ministros – ha realizado un fuerte apoyo al exjuez, que es la figura que cuenta con mayor popularidad y legitimidad en su gobierno. Además, la solidez de Moro en el gobierno es garantizada por su rol de representante directo de los intereses del capital yankee en Brasil. Vale recordar que, fruto también de otra filtración, en 2016, la agencia Wikileaks difundió un documento interno del gobierno de los EEUU que revelaba como una comisión estadunidense “entrenó” en 2009 a distintos integrantes del sistema judicial brasilero, incluyendo a Sergio Moro. El llamado proyecto “Puente” buscaba “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.” También fueron temas del encuentro la investigación y condena por casos de lavados de dinero, métodos para la extracción de pruebas, confiscación de bienes y negociación de las delaciones.
Paradójicamente, el que se define como “especializado en crímenes financieros” y el paladín de la anticorrupción, hoy es parte de un gobierno, que en sus pocos meses de existencia se encuentra cubierto de escándalos, denuncias de corrupción y de lavado de dinero, relación con las milicias y con el narcotráfico.
La filtración de los mensajes, sumado a la falta de pruebas sólidas que comprueben la culpabilidad de Lula en la causa del triplex de Guarujá y la coronación de Moro como ministro de Justicia luego de la victoria electoral de Bolsonaro, son elementos que evidencian como la vía judicial viene siendo un método cada vez más empleado para perseguir políticamente a candidatos opositores. Ese es un claro ejemplo del llamado Lawfare, término utilizado para situaciones en las que se utilizan los aparatos judiciales con finalidades políticas. Este método además es comúnmente combinado con una intensa cobertura de los medios, transforma el conflicto en un gigante espectáculo mediático. Sin embargo, esta situación no es una particularidad de Brasil, y lamentablemente se puede observar como en muchos países de América Latina la guerra judicial viene avanzando como elementos desestabilizadores de las ya frágiles democracias que vivimos.
La llamada guerra jurídica también está relacionada íntimamente con los golpes parlamentarios que hace diez años vienen dando muestras de su poder en el continente, como el golpe en Honduras (2009), en Paraguay (2012) y también en Brasil (2016) con la destitución de Dilma Rousseff, fundamentales para garantizar la consolidación del giro a la derecha y neoliberal de esos países. Hoy, además de Lula, otros exmandatarios como Rafael Correa en Ecuador y Cristina Kirchner en Argentina atraviesan investigaciones judiciales que no son explicadas exclusivamente por la veracidad de determinados hechos, ya que las denuncias son selectivas, sino que son un signo más de la profundización de la penetración imperialista de la región, que utilizando como base al Poder Judicial, busca avanzar en sus planes neoliberales para América Latina.
Además de las consecuencias políticas, la operación conducida por Moro generó fuertes impactos en la economía brasilera, ya que las cinco empresas más grandes de construcción en Brasil, así como Petrobras, vieron caer sus acciones en la bolsa. En octubre de 2017, las empresas investigadas ya habían vendido más R$ 100 mil millones en activos, lo que abrió el camino para una mayor entrada de capitales extranjeros. La desestabilización y crisis generadas por el Lava Jato específicamente en relación a Petrobras, tuvo consecuencias extremamente beneficiosas para el imperialismo. La posibilidad de apertura de la explotación de los campos del pre-sal, una de las mayores reservas petroleras del mundo, para empresas extranjeras, que luego de su descubrimiento, el monopolio de Petrobras sobre la reserva configuraba un gran obstáculo para las transnacionales petroleras.
Moro que actualmente busca que el parlamento apruebe su proyecto de ley “Anticrimen”, demuestra que su pelea en contra los y las trabajadoras es permanente e involucra diversos aspectos de la vida de los sectores populares. Su proyecto que propone la modificación de leyes en los códigos penal, procesal y electoral, supone “fortalecer” el combate a la corrupción, a los crímenes violentos y al crimen organizado. Uno de los puntos más polémicos busca efectivamente legalizar la doctrina “Chocobar” versión brasilera y va en sintonía con las promesas de campaña de Bolsonaro. Él propone que, además de todas las brechas legales hoy existentes que permiten a la policía asesinar de forma impune, el juez responsable de analizar el caso reduzca o incluso no aplique ninguna condena si el “exceso” fue generado por miedo, sorpresa o emoción violenta. Moro manifiesta que de esa manera busca disminuir la sensación de inseguridad por parte de la policía durante su accionar.
En momentos en que la institucionalidad no está condenada, la actual cruzada judicial en contra el expresidente Lula da Silva es solo una muestra de lo que el imperialismo es capaz de hacer contra los progresismos que no quisieron construir un verdadero freno para su penetración en el continente. Solo el pueblo organizado es capaz de dar una lucha a fondo frente a la injerencia yankee al sur del Río Bravo.
