Si estos 4 años de macrismo significaron aumento del desempleo, precarización y expulsión para lxs laburantes, la actual coyuntura es aún más adversa para la población migrante en Argentina; resultado de las políticas antimigratorias impulsadas por el poder ejecutivo nacional desde la asunción de Mauricio Macri. Primero, fue el anuncio de la cárcel de migrantes en el 2016, luego frenada mediante un amparo judicial. Posteriormente, en enero de 2017, Macri firma el DNU N° 70 que modifica la Ley Nacional de Migraciones, cambiando radicalmente el paradigma sobre la migración instalando una visión expulsiva y restrictiva.
El DNU 70 significó una medida disciplinadora, un antes y un después. Fue el sello para precarizar la política pública migrante, desarticulando todos los programas de regularización, excluyendo del acceso a derechos, dando lugar a la irregularidad. Acto seguido, aumentaron un 1000 por ciento las tarifas migratorias, pasando de $300 a $3000 para personas del Mercosur y de $600 a$6000 para quienes son Extra-Mercosur, cifras totalmente excluyentes que obstaculizaron, una vez más, la regularización de la población recién llegada al país. Finalmente, se lanzó un nuevo y “moderno” sistema de radicación a distancia por internet, el poco conocido RADEX, lanzado recientemente a principios de 2019, que tiene a más de 50 mil personas sin resolver sus trámites de residencia.
En este escenario administrativo y judicial desde ya adverso, comenzaron a aumentar paulatinamente las expulsiones bajo el argumento del combate al narcotráfico, y del mismo modo, se diseñaron desde el ejecutivo instrumentos jurídicos y administrativos para “agilizar” las expulsiones. En resumen, reducir los tiempos y la capacidad de defensa jurídica de quien sea acusado, dando “superpoderes” a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para expulsar sin la necesidad de un proceso judicial. Es decir, el DNU N° 70, priva a los y las migrantes del derecho de inocencia, quedando la población migrante vulnerable a acusaciones, sin derecho a defensa efectiva, sin mediar diálogo jurídico que evite por ejemplo una expulsión.
El panorama empeora
Recientemente el gobierno de Mauricio Macri, junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el director de la DNM Horacio García, anunciaron la incorporación de la policía de la ciudad de Buenos Aires a la Policía Migratoria Auxiliar. Según la Ley Nacional de Migraciones (2003), la policía migratoria controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros y extranjeras en todo el territorio. Agrega, además, que la DNM “Podrá delegar el ejercicio de sus funciones y facultades de la DNM en las instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar”. Quienes cumplen el rol de Policía Migratoria Auxiliar son la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional, la Policía Federal y, ahora, la Policía de la Ciudad, las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la DNM la colaboración que requiera.
Si bien en la Ley Nacional de Migraciones se autoriza al gobierno porteño para colaborar con funciones de Policía Auxiliar Migratoria, hasta ahora la policía de la ciudad no se había integrado oficialmente para cumplir esta función. La preocupación principal es que autoriza a la fuerza policial para detener y hacer controles de identidad, sin previa orden judicial, solo basta la orden de la DNM. Otro dato a tener en cuenta es que siempre la Policía Auxiliar Migratoria cumplió funciones en pasos fronterizos, aeropuertos, por mencionar algunos casos. Lo preocupante es que ahora actuará en plena ciudad.
Como ya sabemos, la polícia en general, pero la de la ciudad en particular, recurre a la detención por “portación de rostro”, las famosas detenciones arbitrarias, y/o montajes para armar causas. Es la policía del gatillo fácil que asesina a una persona cada 21 horas.
La incorporación de la Policía de la Ciudad se puede leer como una nueva medida disciplinadora hacia la numerosa población migrante residente en la ciudad y Provincia de Buenos Aires respectivamente. Desde ahora la ciudad tendrá mayor capacidad para controlar el acceso al espacio público de las y los migrantes. Esta situación expone a muchos comerciantes trabajadores y trabajadoras de la vía pública a detenciones sin justificación, profundizando la estigmatización y represión policial. Por desgracia ya son conocidos los allanamientos, incautaciones y represiones a la población migrante que trabaja en la calle. La Policía de la Ciudad tendrá línea directa con la DNM, la cual viene ejecutando expulsiones arbitrariamente, sin considerar la situación familiar, el derecho de las y los niños, los años de residencia o la condición laboral de las y los migrantes acusados.
Caso testigo de esta falta de criterio, y de la política expulsiva, es lo sucedido con la enfermera peruana Vanesa Gomez. Vanesa fue expulsada junto a su hijo de 2 años (argentino), y no la dejaron despedirse de sus otros dos hijos (también argentinos), una vez notificada, fue llevada a la fuerza al aeropuerto de Ezeiza y desde allí directo a Perú.
El caso de Vanesa es uno entre varios, y muestra la barbarie con la que se maneja la DNM, que deja a niños sin sus padres y madres y expulsa sin considerar el cumplimiento de condena y la reinserción social de los acusados. Resulta que muchos de los casos que terminan en expulsión son hacia migrantes que ya cumplieron condena y que posteriormente formaron familia, consiguieron trabajo y no tienen nada que ver con ningún tipo de delito. El caso de Vanesa, y varios otros, es una muestra de voluntad y superación, la tan deseada reinserción social ni siquiera se considera. Sin embargo, la DNM no considera estos criterios básicos y expulsa arbitrariamente como simple trámite administrativo. Esta cuestión debe ser nuestra mayor preocupación, ya que, a más detenciones (con la policía de la ciudad a la cabeza) aumentarán las expulsiones arbitrarias e injustas, y se continuarán separando a niños, niñas y adolescentes de sus familiares directos.
Vale aclarar que el narcotráfico es un delito internacional en donde se involucran personas de diferentes nacionalidades, pero que nada tiene que ver con la migración. Si bien los gobiernos de turno intentan relacionar la migración con el narcotráfico y la delincuencia, en la práctica no tienen relación directa. La utilización del migrante como chivo expiatorio es una disputa constante, en la cual se deja ver la doble moral del capital; en donde, por un lado, necesita de la mano de obra migrante para la circulación de capital y ganancias extraordinarias, y por otro, lo niega para responsabilizarlo de las sucesivas crisis.
Es necesario que las organizaciones que luchan en favor de los y las trabajadoras también levanten las banderas de las y los migrantes. Las expulsiones arbitrarias y la separación de madres y padres de sus hijos e hijas es intolerable. Consideramos es necesaria la más amplia unidad para exigir que cesen las políticas antimigratorias y se reivindique al migrante como sujetxs políticxs, como trabajadores y trabajadoras con derechos.
Desde Venceremos apoyamos los reclamos del colectivo migrante y nos movilizaremos este 3 de julio a las 10.
Exigimos:
- Basta de separar Familias!
- No a la Policía migratoria
- Migrar No es Delito
- Anulación inmediata del DNU 70/2017
