Compartimos un fragmento de la intervención de nuestra compañera, referente de Correpi y de la Corriente de Izquierda Poder Popular, María del Carmen Verdú, en la comisión del congreso de la Nación que trata el proyecto sobre la baja de la edad de imputabilidad de niñxs y adolescentes. En caso de que sea tratado en sesiones ordinarias, llamamos a movilizar masivamente

Hace 28 años, un pibe de 17 años de Aldo Bonzi agonizaba después de haber sido detenido ilegalmente y torturado por la policía federal. Walter Bulacio moriría al día siguiente, pero lo ocurrido el 19 de abril de 1991 puso en primera plana las razzias, el sistema de detenciones arbitrarias, y, muy especialmente, la utilización de esas herramientas represivas sobre niñxs y adolescentes. En aquel momento, ni esta casa ni el Poder Ejecutivo pudieron dar respuesta a la masivas movilizaciones contra la represión y la persecución a la juventud por parte de las FFAA. Con este proyecto, nos encontramos en similar situación aunque en lo formal proclame el “superior interés” de niñxs y adolescentes su implementación real va dirigida a una mayor criminalización y carcelación de esos pibxs, que son los mismos que se quedan sin poder ir a la escuela, porque las cierran o porque se quedan sin vacantes.  Vemos a diario cómo empeoran las condiciones de vida de la mayoría de lxs niños. Vemos cómo las políticas oficiales lxs arrojan por miles a las calles para buscar el sustento que deberían tener garantizado por el estado, que encima gastan en contenedores inteligentes con cierre electrónico para excluirlos hasta de la basura. Contamos sus cuerpos y sus nombres más que a diario, porque la mayoría de las personas asesinadas con el gatillo fácil en las calles o muertos en lugares de detención eran, a lo sumo, adolescentes.

Pese al muro de silencio y naturalización, tenemos registrados en nuestro Archivo de Casos centenares de casos de niñxs de menos de 17 años muertos en lugares de detención.  Y si no encuentran la muerte, lo seguro es que van a ser violadxs física, psíquica y sexualmente, como lo denuncian cotidianamente lxs trabajadorxs no carcelarios de esos “centros de reeducación”.

Es un proyecto que exige responder la pregunta de por qué la única respuesta que el estado da a lxs pibxs de los barrios es el represivo y criminalizador, con el impresionante aumento de la militarización, el hostigamiento y verdugueo constante,  las detenciones arbitrarias y el crecimiento exponencial de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, que llegaron a ese récord de más de una por día con esta gestión de gobierno.

Es un proyecto que llega al congreso nacional al mismo tiempo que el del código penal. No es casualidad que vengan de la mano un proyecto que busca mayor carcelación y punibilidad de niños, niñas y adolescentes vulnerables y otro que busca la convalidación legislativa de la doctrina Chocobar.

Todo este “debate” sobre la responsabilidad penal de niñxs y adolescentes trata, en realidad, de cómo exterminarlos en mayor número, al menor costo posible. Son chivos expiatorios de la gran crisis: trabajo esclavo, reclutamiento policial, soldaditos narco, consumidores consumidos, muertos vivos de la acumulación financiera. Esta iniciativa forma parte de una campaña electoral en la que el gobierno de Cambiemos, imposibilitado como está de exhibir cualquier otro “logro” redituable en materia proselitista, eligió la demagogia punitivista como su principal herramienta. Ponen todas sus expectativas electorales en el “voto bala” y el “voto cárcel” como eje central de su campaña electoral, y cargan contra niñxs al tiempo que hipotecan su futuro a largo plazo con los acuerdos con el FMI.

 

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