Otro ataque transodiante en nuestro país, esta vez en San Miguel de Tucumán. Una radiografía en la que la violencia civil, la policial y la negativa del Estado a reconocer, legislar e implementar el cupo laboral trans son las pistas más que claras de una situación de agudización de la violencia contra la comunidad LGBT y de la responsabilidad del Estado en la negación sistemática de nuestros derechos a ser, trabajar y desear.
Parece una gran metáfora de la violencia. El pasado 1 de mayo, Día Internacional de lxs trabajadorxs, Lucas Mathias Gargiulo, tucumano de 24 años, volvía de festejar con sus amigxs porque había conseguido un trabajo, lo cual ya es difícil en este contexto de crisis económica, pero más aun siendo una persona trans. A pocas cuadras de su casa fue atacado por tres hombres que lo golpearon, violaron e insultaron. El relato de Lucas da cuenta de la especial saña con la que fue agredido desde el momento en que los agresores conocieron su identidad de género (“Te vamos a volver macho”, le dijeron), pero también da cuenta de la violencia policial e institucional que sucede a los ataques en casi todos los casos que se conocen. La agresión en sí misma es solo el comienzo de un recorrido en el que el Estado y sus instituciones son las encargadas de ejecutar la vulneración de los derechos humanos más fundamentales de las personas LGBT. A Lucas no le quisieron tomar la denuncia por violación, lo desprotegieron y le negaron asistencia. Por otra parte, es necesario recordar que recientemente la Legislatura provincial tucumana voto por mayoría en contra de dar tratamiento a un proyecto de ley de cupo laboral trans.
No hay cabos sueltos. La negación de la posibilidad de acceder al trabajo digno para la comunidad trans es parte fundamental del entramado de violencia del cual las salvajes agresiones también son parte.
El Estado es responsable de la violencia. Luchar contra el odio es nuestra urgente oportunidad.
¡Toda nuestra solidaridad con Lucas Gargiulo!
#BastaDeOdio
#OrganicemosLaRabia
#CupoLaboralTransYa!