Se trata de la mayor apuesta del presidente brasileño para avanzar en el plan del imperialismo y la burguesía para reestructurar las relaciones sociales con una transferencia de riqueza del pueblo trabajador a los sectores más concentrados de la economía. Sin embargo, no será una batalla fácil.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Jair Bolsonaro ha tenido en claro cuál es el principal reclamo de la burguesía: la reforma previsional. De acuerdo a sus dichos, de no hacer esa reforma, «el país quebraría en 2022 o 2023». El déficit previsional actual se ubica en casi 300 millones de reales, casi un 5% del PBI en el marco de una de las peores crisis económicas que arrastra el país con una caída continuada del PBI y un aumento del desempleo que trepa arriba de los dos dígitos.
Tal es la presión por avanzar en ese sentido, que los capitales han salido a presionar para que el mandatario demuestre un apoyo claro al proyecto de cambio en el sistema de pensiones. A la cabeza del plan se encuentra el sector ultra-neoliberal del gobierno del ministro Guedes.
El régimen general de Previdencia Social (RGPS) que rige para lxs trabajadorxs privadxs no pone un piso en la edad para jubilarse, sino que establece el beneficio a partir de los 35 años de aportes para hombres y 30 años para mujeres. De esa forma, la edad media de jubilaciones se ubica en torno a los 56 años de edad. Actualmente el sistema atiende a 30 millones de brasilerxs con un beneficio medio de 350 dólares.
Sin embargo, también existen los regímenes propios de previdencia social (RPPS) que rigen para empleados públicos y militares. Este sistema cuenta con 4 millones de beneficiarxs que obtienen un beneficio medio 3.600 dólares en el caso de los militares, es decir, diez veces más que la jubilación media de unx trabajadorx. Este es uno de los principales escollos que encuentra Bolsonaro que, en caso de avanzar sobre este sector, deberá chocar con una de las patas de apoyo de su gobierno como son las Fuerzas Armadas. Todo indica que estos beneficios serán los menos afectados.
El proyecto de Guedes plantea una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, que además deberán contar con 40 años de aportes al sistema, y una transición de diez años para su aplicación. Se creará también un sistema de capitalización como las viejas AFJP.
Para su aprobación, el gobierno necesita 3/5 de los votos en ambas cámaras, una mayoría que excede el apoyo parlamentario con el que cuenta el presidente. Pero no solo eso. La detención del exmandatario Temer fue leída negativamente por los mercados ya que pueden quitarle los votos de su partido a la reforma. Y los capitalistas son conscientes que requerirán de numerosos sobornos para hacerla pasar.
Mientras tanto, las centrales sindicales y organizaciones de izquierda han convocado a medidas y jornadas de lucha contra el proyecto de reforma pero todavía no se ha convocado a una medida general como un paro o huelga que pueda hacer sentir verdaderamente el peso de la clase trabajadora brasileña. De la capacidad de movilización que logre el pueblo en las calles dependerá en gran medida si puede o no avanzar la burguesía con sus planes. Y el futuro de Bolsonaro depende de esta reforma.
