La explosión de una garrafa -esas que aumentaron un 205% en 3 años- generó el incendio de una vivienda en el Carlos Mugica (Villa 31), algo demasiado frecuente en el barrio con mayor financiamiento para su urbanización en la historia de Argentina. La familia que allí vivía sufrió heridas leves, intoxicación por el humo y perdió TODO lo que tenía. El deterioro de las viviendas, las obras que solo maquillan y esconden un negocio multimillonario para el gobierno de Larreta y sus secuaces, el abandono permanente que sufren sus habitantes por parte del Estado, atropellan contra la dignidad de las y los vecinos del barrio.
El título cita la respuesta de un policía de la ciudad a una compañera de la organización social La Poderosa que reclamaba por la falta de reacción de las fuerzas estatales. Falso, cínico y fascista. Un gobierno que ante las consecuencias de su propia corrupción, responde con agresiones. Una tragedia que no salió en ningún medio de comunicación.
El incendio ocurrió en una vivienda del sector Bajo Autopista, justo el próximo en ser “relocalizado”. Las comillas son porque, bajo la gestión de Larreta, se han realizado desalojos por medio de extorsiones, falsas promesas y, en el caso de las familias que más resistan, la Policía de la Ciudad. Los bomberos y el SAME no podían acceder a ese sector –céntrico del barrio- por las pésimas obras de apertura de calles que realiza sin planificación ni eficiencia alguna la Secretaría de Integración Social y Urbana, a cargo de Diego Fernández, y tiene al barrio en una situación caótica desde hace meses.
Casi 200 millones de dólares consiguió Larreta para la “urbanización” del barrio, es decir, para hacer caja, negociados y comenzar con los desalojos por goteo. Se dieron cuenta que la topadora mecánica no sirve, genera reacción popular, resistencia, organización. Ahora van con la topadora económica. En diciembre, la Legislatura de la Ciudad aprobó la nueva ley de urbanización, realizada a espaldas del barrio, que legaliza la especulación inmobiliaria, los desalojos y la hipocresía, y viene a reemplazar la 3.343 de 2009 realizada con la participación de las y los vecinos del barrio. De a poco, comenzaron a romper el tejido social, a generar zozobra, a maltratar a las y los vecinos, a enfrentarles entre elles. El plan del gobierno va saliendo a la perfección.
Ante esta desidia, las organizaciones sociales que habitan el barrio vienen poniéndose al hombro la situación: organizan ayudas humanitarias y donaciones, contienen la situación crítica desde los comedores y cooperativas, denuncian las políticas del gobierno en los espacios comunitarios, medios alternativos, calles, y defienden los derechos de todas y todos, resistiendo desde la organización popular y la lucha.
¡La vivienda es un derecho, no un negocio!
¡Urbanización real con participación de las y los vecinos!