Según el Monitor de Deuda Global del Instituto de Finanzas Internacionales, en 2018 Argentina cerró el año como el país que más deuda contrajo en el mundo. Cuatro veces más que Brasil, segundo en la lista, y 5 veces la cifra de Pakistán, que quedó en un cómodo tercer puesto. A éste ritmo, nuestro país no podría enfrentar el primer vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional y la ortodoxia económica ya comienza a reclamar un plan de ajuste que garantice la rentabilidad de los especuladores financieros. El FMI empieza a sondear a la oposición dejando en claro los signos que va dejando la crisis económica en el mapa político.
Tras dos acuerdos con el Fondo Monetario y con la palabra default sobrevolando la cabeza de varios economistas, el país tuvo un incremento de más de 23 puntos porcentuales en la relación deuda/PBI, pasando de lindar el 60% en los primeros meses del 2018 a 83% a fin de año. Sin embargo, aún estos números podrían ser conservadores, ya que, según manifiestan algunas consultoras privadas que asisten al sector financiero, luego del último desembolso de ayuda usurera del FMI, en diciembre la deuda argentina habría alcanzado la cifra récord de 97,7% del PBI.
Ya en el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual no tenía en cuenta los giros que en julio y diciembre realizó el Fondo, Argentina era el país más endeudado de la región con, prácticamente, el doble de la media latinoamericana, cercana al 40%. Para poder afrontar esta deuda descomunal, la hoja de ruta trazada por el FMI indica que en 2019 nuestro país debe llegar, a fuerza de ajuste, al equilibrio fiscal y comenzar a crecer al 1% desde el 2020 y por 4 años consecutivos.
Sin embargo, algunos economistas de la city estiman que, aún cumpliendo las metas fiscales que se impuso el Ministerio de Hacienda, harían falta 53.200 millones de dólares más y que el Fondo acepte postergar los pagos hasta el 2024. Según esta lectura, el Gobierno que asuma el 10 de diciembre debería hacer un ajuste fiscal extra de 5% del PBI, es por ello que ya comienzan a darle vuelta a la oposición en busca de un resguardo para ese ajuste. En ese marco fue que representantes del FMI se reunieron en las últimas semanas con Axel Kicillof, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y, cómo no, con la CGT. Pero, si la situación económica y social ya es terrible, con ese plan de ajuste ¿qué margen hay de llevar adelante una política educativa que recomponga el salario docente y mejore las condiciones de infraestructura? ¿qué posibilidad hay de pensar un política científica a largo plazo? ¿qué horizonte tiene la federalización de los recursos? ¿de desarrollo social? ¿de acceso a la vivienda? ¿de promoción de la cultura? ¿de trabajo?
En este sentido, es necesario aclarar que nada de los fondos girados por el FMI son para el desarrollo productivo u otro tipo de política tendiente a mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. Sino que, muy por el contrario, todo préstamo que se adquieren con esta entidad son para sostener la rentabilidad de los tenedores de bonos y de los especuladores financieros, quienes , dicho sea de paso han tenido interlocutores directos en la gestión de Gobierno, como es el caso de Luis Caputo, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y hasta el propio Dujovne.
Endeudamiento externo: complicidad de todo un régimen político
El 15 de noviembre pasado el Senado convirtió en Ley el presupuesto nacional 2019, consagrando como política de Estado el endeudamiento. Esto significa que la deuda no se va con Cambiemos, sino que es una carga impuesta sobre las generaciones futuras, sobre la posibilidad de pensar políticas económicas independientes y soberanas, y sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras.
Históricamente, las corrientes políticas de izquierda anticapitalista nos hemos pronunciado en contra del pago de la deuda , debido, entre otros argumentos, a lo ilegítimo de la misma. Para entender esta posición sólo hace falta recordar que el karma del endeudamiento sobrevuela nuestra economía, fundamentalmente, desde la dictadura militar. Cuando el régimen de Videla y la embajada de los EEUU impusieron al país una serie de préstamos en el exterior y la nacionalización de la deuda de importantes grupos económicos, como el Grupo Techint y la Sociedad Macri, gracias a las medidas impulsadas por el entonces titular del Banco Central, Domingo Cavallo.
Ahora bien ¿qué hacer cuando la deuda, como fue expresado más arriba, no fue adquirida en un estado de excepción, en el marco de una dictadura? ¿qué hacer con una deuda que fue adquirida respetando los márgenes de institucionalidad nacionales e internacionales?
El economista Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Kicillof, propone que hay que ir a renegociar los plazos con el Fondo Monetario. Esto sería que, en base a un “gran acuerdo entre el capital y el trabajo”, podríamos refinanciar nuestra deuda. Así, paulatinamente se podría ir hacia un esquema de desendeudamiento, en el cual los trabajadores y trabajadoras resignemos parte de nuestras expectativas de recomposición salarial, mientras (voluntariamente) los capitalistas cederían parte de su ganancia…
Por su parte, el propio Axel Kicillof, de forma quizás un poco menos específica (por lo menos en público), también expresó señales en ese sentido y, ya en la nota que dió para Forbes en noviembre pasado, daba cuenta de esta propuesta de “renegociación”. Aminorar el aumento de tarifas, quizás hasta retrotraerlas, pero dejar el dólar en libre flotación, serían algunas de las medidas a discutir con la entidad financiera internacional, ya que, según el ex ministro “el FMI es menos dogmático que Macri”.
En contraposición, el macrismo es mucho más directo en términos de dónde sacar los fondos para garantizar el pago de la deuda. Si los economistas de la ortodoxia piden un ajuste más importante, el objetivo son los fondos previsionales. Es por ello que, tanto funcionarios como periodistas afines, vienen insistiendo en la necesidad de una inminente reforma jubilatoria. Los más optimistas proponen esta reforma como una reducción de haberes y extensión de la edad, mientras que los más radicales ven en el ejemplo de Brasil y Chile la posibilidad de avanzar en el retorno de la AFJP.
En este marco, las fuerzas de izquierda tenemos que reafirmar nuestra determinación de que la deuda no puede ser pagada, que no podemos ser otra vez las trabajadoras y trabajadores quienes paguemos las cuentas de la especulación financiera y los negociados de poder. Ahora bien, todo debate económico se traduce en tensiones políticas. Es por ello que en el buró electoral de Cambiemos comienza a construir un campaña con el eje en el populismo, la xenofobia, el grietismo de Estado y la instrumentalización para la política interior de la crisis en Venezuela. El objetivo es poder replicar los logros alcanzados por la derecha a nivel internacional, especialmente apalancados por el triunfo de Jair Bolsorano.
Por todo esto, es indispensable entender que la pelea que tenemos por delante tiene una triple dimensión. Es económica, en términos de rechazar cualquier tipo de política de ajuste y de pago de la deuda externa que empeore aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es política, ya que implica la construcción de una fuerza social capaz de discutir con todo el régimen político , que a costa de sostener sus beneficios no dudara hacer uso de las más ruines medidas para garantizar nuestra explotación económica; y, finalmente, social y cultural, debido a que la estrategia que viene desarrollando un sector de la derecha, en franco crecimiento a nivel mundial, es la promoción del odio, la agitación de las consignas más retrógradas, macartistas, misóginas, transodiantes y xenófobas , buscando construir “los culpables” o “chivos expiatorios” necesarios para correr el eje de las verdaderas causas de la situación económica que atravesamos: sus políticas de saqueo y miseria.
