La dirigente de la Tupac fue sentenciada a 13 años de prisión en una causa por el desvío de fondos para obras conocida como “Pibxs Villerxs”. El fallo no puede separarse de toda la campaña de persecución a la cual fue sometida Sala desde el ascenso de Cambiemos a nivel nacional y de Gerardo Morales a nivel provincial.

Sala se encuentra detenida en forma arbitraria e ilegal desde hace casi 3 años inicialmente por un acampe pero ha sufrido desde entonces una ofensiva judicial con varios juicios durante ese periodo, además de vivir un permanente hostigamiento durante su detención en la cárcel del Alto Comedero. Mientras tanto, la familia presidencial y el empresariado argentino está libre y sin ninguna imputación a pesar de haber reconocido públicamente su defraudación al patrimonio público a través del pago de coimas millonarias. Lo mismo ocurre con Vidal y su equipo que falsificaron la identidad de miles de aportantes de campaña.

La abogada de Sala, Eli Gómez Alcorta, denunció que no hay prueba documental del desvío de fondos y que fueron rechazados 57 de los 70 testigos presentados. Por si fuera poco, uno de los acusadores fue detenido por narcotráfico el mismo día de la sentencia y es empleado de la municipalidad de Jujuy.

Al igual que en Brasil, el Poder Judicial operado como un brazo del avance reaccionario de la derecha. En paralelo, se desarrolla una escalada represiva contra el movimiento popular con un arsenal de medidas como las pistolas Taser, la reforma del Código Penal, el programa para restituir policías exonerados, la baja en la edad de imputabilidad, etc.

Condenamos este fallo instrumentado desde los gobiernos de Macri y Morales y reclamamos la libertad inmediata de Milagro Sala. Llamamos a construir la más amplia movilización popular en defensa de las libertades democráticas.

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