Sobre el final de un año en el que el aparato represivo estatal mató una persona cada 22 horas, el programa Restituir y la decisión de incorporar pistolas Taser al arsenal policial son los últimos dos eslabones en la arremetida represiva del gobierno de Cambiemos, al que no le quedas más récords que los propios para quebrar. Paralelamente, mientras pende la aprobación de la reforma del Código Penal, que completa el endurecimiento del sistema punitivo iniciado con las sucesivas modificaciones de códigos contravencionales y de faltas y procesales penales locales, ya anunciaron un nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil, cuyo principal contenido será la mayor punibilidad y carcelación de niños y niñas a partir de los 15 años.
Por primera vez en varias décadas, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) informó que no pudo terminar el trabajo de sistematización de su ya clásico Archivo de Casos a tiempo para presentarlo en Plaza de Mayo en el mes de diciembre. Desde la organización antirrepresiva explicaron que ello se debió a “la enorme cantidad de datos a procesar, y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos”, y anticiparon que, con todo, hasta el 25 de diciembre de 2018 habían incorporado casi 500 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en las distintas modalidades que registra el Archivo (gatillo fácil, muertes bajo custodia, asesinatos en la represión al conflicto o la protesta social, femicidios de uniforme, desapariciones forzadas, etc.
De esa cifra, menos de una veintena son hechos ocurridos antes de diciembre de 2015, mientras que el abrumador resto corresponde a la gestión macrista, que suma así, con estos números provisorios, la barbaridad de 1.206 muertes en contexto represivo en sus tres años de gobierno. Así, aunque aún no pudieron incorporarse la totalidad de muertes en cárceles federales y provinciales, ya que los informes oficiales de 2017 que CORREPI utiliza como fuente serán publicados por organismos estatales como la Procuración Penitenciaria Nacional o la Comisión Provincial por la Memoria dentro de varios meses, la frecuencia diaria subió a una muerte a manos del aparato represivo estatal cada 22 horas, con un promedio superior a los 400 casos por año.
Quienes seguimos año tras año los informes de CORREPI para tener actualizada la radiografía de la situación represiva, sabemos que nunca, en los 35 años transcurridos desde el fin de la última dictadura, hemos vivido semejante ascenso, sostenido además de forma creciente durante todo el ejercicio de un gobierno. Esta brutal comprobación, aun con datos parciales, muestra los resultados concretos del conjunto del programa represivo desarrollado por el gobierno nacional y sus aliados provinciales, que venimos señalando desde el inicio de su gestión como el necesario acompañamiento de su plan de ajuste, saqueo y entrega. Esos 1.206 asesinatos estatales son el costo de los acuerdos con el FMI, los tarifazos, las fábricas cerradas, los despidos, la precarización, la inflación.
Menos de 24 horas después de que se presentara esta información, el gobierno hizo otro anuncio, que se suma a sus anteriores iniciativas en materia de legitimación y amparo del gatillo fácil. Rodeada de 11 policías y gendarmes imputados por homicidios de civiles desarmados, recientemente desincriminados por el cada vez más colonizado poder judicial, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el “Programa Restituir”, que, como su nombre indica, repone en pleno goce de facultades, armas, haberes caídos y ascensos perdidos a miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron sometidos a procesos penales.
Como si fuera poco, a las pocas horas se conoció la decisión, presentada como hecho consumado, de incorporar al arsenal policial las pistolas eléctricas Taser, que ya habían intentado utilizar para la Policía Metropolitana cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Medida, por cierto, que cuenta con la correspondiente bendición judicial, que silencia los cuestionamientos a estas picanas portátiles hechos desde organismos internacionales nada revolucionarios, como la Comisión contra la Tortura de la ONU, que la califica como instrumento de tortura y prueba con alrededor de 500 muertes ocurridas en EEUU su carácter potencialmente letal.
Finalmente, sobre el cierre de esta nota, desde la presidencia de la Nación se informó el envío al congreso de un nuevo proyecto de reforma al Régimen Penal Juvenil, cuya principal modificación es la vieja aspiración macrista de bajar a 15 años la edad a partir de la cual niños, niñas y adolescentes pueden ser penalmente responsabilizadxs y encarceladxs.
De cara a un año que combinará la disputa en el escenario electoral con la necesidad de profundizar las luchas contra el plan de ajuste, hambre y miseria, Cambiemos pone en lugar prioritario el fortalecimiento de su política represiva, reafirmando el carácter de régimen de excepción bajo el que vienen gobernando. Nuestro camino para enfrentarlo es la lucha organizada de lxs trabajadorxs, con protagonismo popular para derrotar la explotación y la represión.