Telefé, Página 12 y Canal 9

El viernes por la mañana la multinacional estadounidense Viacom, dueña de Telefé, anunció despidos masivos. Se habló de alrededor de 200 telegramas a trabajadores/as bajo convenio de Televisión (del sindicato SatSaid). Desde que asumió la nueva patronal, luego de la salida del grupo Telefónica, comenzaron los planes de retiros voluntarios y jubilaciones. Sin embargo, es el medio con mayor audiencia de la TV abierta, uno de los que mas pauta privada y pública recibe, y sostiene una programación con contenidos propios -con lo cual no falta trabajo-. En pocas palabras, está lejos de una situación crítica. Rápidamente se movilizó el SatSaid a la puerta de la empresa ubicada en Martínez e inició un paro total de actividades, acompañado de manera solidaria por la Comisión Interna del SiPreBA, que obligó a levantar el programa Morfi e impidió la salida del noticiero del mediodía. Por la tarde, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días. En la audiencia se supo que los despidos no eran 200 como se difundió por la mañana, sino diez. Es raro para una empresa que no se caracteriza por tener una política antisindical y en donde ambos sindicatos tienen una construcción importante, sobre todo el SatSaid ya que de ahí proviene su secretario general y parte de su Comisión Directiva. No fue prolijo y no da la sensación que aún se conozca el fondo de la cuestión.

Hace dos meses fue Canal 9, donde la empresa manejada por Telearte, de capitales mexicanos, presentó un preventivo de crisis con la expectativa de despedir masivamente, reducir salarios y flexibilizar los convenios. En la presentación ante la Secretaría de Trabajo no da cuenta de ninguna situación económica crítica pero apela a los cambios de tecnología y carga contra los convenios colectivos supuestamente obsoletos.

Más burda aun es la presentación del preventivo por parte de Página 12, cuyo dueño es el Grupo Octubre de Víctor Santa María, dirigente del SUTERH, la CGT y presidente del PJ porteño. La empresa emula los argumentos del macrismo (antes enunciados por Triaca y ahora por Dante Sica) para impulsar la reforma laboral contra las leyes que protegen a la clase trabajadora argentina. La Comisión Interna de SiPreBA del diario -donde además trabaja el secretario general y otros miembros de su CD- rechazó el procedimiento y decretó el estado de alerta y movilización. Sin pudor, en una muestra de su profundo desprecio no solo por los derechos laborales sino también por la profesión periodística, el texto presentado por la patronal a la secretaría contiene declaraciones que ni los empresarios más derechosos y anti derechos, como los de Infobae, Perfil o Clarín, llegan a explicitar: “Hoy con un simple teléfono celular en la mano es posible escribir una nota, sacar una foto, tomar un video y subirlo a la página web del diario, operación que lleva breves minutos…”. A su vez, el texto exige que las asambleas se realicen fuera del horario de trabajo y plantea que el promedio de edad de la planta de trabajadorxs es alto y no se adapta a las nuevas tendencias. Sin embargo, la empresa nunca invirtió en capacitación ni en renovación tecnológica de sus equipos, es decir, no le interesa adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. Su concepción es la que tienen todos los empresarios que pretenden avasallar derechos laborales en cualquier actividad: en comercio, con planteos sobre lo innecesario del puesto de cajeros; en el subte, donde aseguran que no se necesitan boleteros; y un largo etcétera. El avance tecnológico es solo un pretexto para maximizar ganancias a costa de lxs trabajadorxs, violentando sus derechos. Una vuelta al Siglo XIX en pos de la posmodernidad.

Medios públicos. El Estado hace el trabajo sucio para los privados

El conflicto de los medios públicos fue la punta de lanza de los empresarios privados del sector. Si el Estado viola el convenio colectivo de trabajo, incumple el derecho de negociación paritaria (como sucede hace dos años en la TV Pública y desde hace uno en Radio Nacional y Télam), qué le queda a los privados. El mensaje lo dio el ex-ministro Hernán Lombardi cuando se paseó por los prime time de los canales privados atacando los supuestos “privilegios” de lxs trabajadorxs de la TV Pública, que no eran otra cosa que los derechos laborales regidos por convenios de actividad (para empresas públicas y privadas). O cuando sostuvo que “ganó el periodismo” mientras despedía 354 periodistas de la agencia Télam, lo que le costó la crítica de periodistas del establishment.

Por eso, el destino de ese conflicto, que tuvo un primer gran triunfo con las reincorporaciones que dispuso la justicia para la Agencia Télam y que volvió a ser noticia por la represión en el CCK el 20 de diciembre y el paro de la semana pasada de 48 horas en Radio Nacional, es central para todos los medios, públicos y privados.

Un objetivo político: menos voces y más concentración

Es necesario tener una mirada general, de toda la actividad y a nivel nacional, para encarar estos conflictos, ya que son expresiones locales de una misma política, en donde los funcionarios del Estado le abren la puerta a los empresarios privados con el pretexto de las nuevas tecnologías para arrasar con los derechos laborales y maximizar sus beneficios.

Víctor Santa María, Víacom y Telearte son los primeros de una larga lista que incluirá a los Magnetto (desde hace años son constantes los planes de retiros voluntarios en Clarín y la persecución al SiPreBA), Fontevecchia, Hadad y Vila, en su cruzada antiderechos. El plan del Gobierno para los medios es económico -maximizar ganancias- pero sobre todo político: un mercado concentrado, con menos voces críticas, menos capacidad de realizar un periodismo serio y que cuestione a los poderosos. Por eso no sólo atacan a los medios públicos sino también a los medios autogestivos, desregulan Papel Prensa -pese al rechazo de gremios de la comunicación como SiPreBA, Gráficos y Canillitas, y de medios como Tiempo Argentino-, utilizan la pauta publicitaria oficial de una forma tan discrecional que ni siquiera se condice con los índices de audiencia o permiten fusiones como la de Cablevisión y Telecom, que hasta en los países más liberales y del “primer mundo” sería cuestionada por su carácter monopólico.

Una salida más allá de la lucha sindical

Este escenario complejo merece articulaciones, unidades y una apuesta a la lucha más allá de los conflictos puntuales y el corto plazo. La lucha sindical es imprescindible y es necesario que sea sostenida en el tiempo, como fue durante 2018 la pelea en los medios públicos y los cuatro meses de paro y ocupación en la agencia Télam. Pero, además de las medidas gremiales, la pelea sindical y la imprescindible unidad de los sindicatos de la comunicación que estén dispuestos a enfrentar de manera consecuente estos ataques, es necesario coordinar acciones y propuestas con todos los sectores de la comunicación, como los medios recuperados por sus trabajadorxs y los medios alternativos, así como los sectores sociales que defiendan esta misma perspectiva. Los conflictos por despidos que promueven los empresarios privados y el Gobierno contra los puestos de trabajo, los salarios y, sobre todo, los derechos laborales no son conflictos sólo sindicales. Por lo tanto, la salida debe superar la lógica estrictamente gremial.

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