Entrevistamos a Leonor Cruz, técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) del Departamento Granero, delegación Tucumán (zona Sudeste) , una de las referentes en la lucha de los técnicos contra el ataque del gobierno nacional a los productores regionales en la región más empobrecida del noroeste argentino.
Venceremos: ¿A qué se dedican en la SAF?
Leonor Cruz: La SAF es la encargada de asistir técnicamente a los pequeños productores y a sus familias. Pero además los asiste en la elaboración, producción, proyectos, la búsqueda de recursos financieros, capacitación, articulación con otros organismos como el SENASA, el INTA. El fin es ir mejorando lo que producen.
V: ¿Desde cuándo existe la Secretaría?
LC: El programa de agricultura familiar tiene unos 20 años, y se transforma en Secretaría tras una lucha de los agricultores con los técnicos. Ahí los productores, que tienen no más de diez hectáreas, producen y viven. Solo lo que les queda luego de guardarse lo que va a consumir es lo que vende. Eso, cuando llega al mercado, pasó por tantos intermediarios que llega con precios enormes para lo que fue realmente el valor al que esa familia lo vendió.
La SAF, el único sector desde el Estado que atiende a este sector, es lo que hoy se está desguazando. Nosotros estamos por eso en medidas de fuerza desde hace más de tres semanas.
V: ¿A qué cantidad de familias acompaña la SAF en la provincia?
LC: Hay aproximadamente unas 12 mil familias, de las cuales podemos acompañar a entre 3 y 5 mil, distribuidas en asociaciones, cooperativas, etc. Estas son las familias que en Tucumán producen toda la otra variedad que no está comprendida por el circuito cañero-citrícola-arándano. Aun con los pocos recursos que tenemos estábamos en toda la provincia. Imagínate ahora con técnicos despedidos y con menos recursos… Sin embargo, nosotros seguimos atendiendo a una gran cantidad de grupos por la provincia. Entendemos que una cooperativa, una asociación, son sueños hechos realidad. Han conseguido muchas cosas que no podían individualmente.
V: ¿Cuándo comienza el conflicto en la SAF?
LC: En 2015, aunque ya veníamos desfinanciados y luchando por mayores recursos. Ese año se promulga la ley de reparación histórica, aunque sin presupuesto y Tucumán ni siquiera adhirió. La nueva gestión nacional atacó a la SAF duramente, acusándonos de “chorros”, “kirchneristas”, y echó a más de mil técnicos en todo el país, y 26 en la provincia, de un total de 88. A esos números hay que agregarle trabajadores que renunciaron porque no aguantaron más, y otros que se jubilaron y no fueron reemplazados. Hemos dejado zonas sin asistir por la ausencia de compañeros. En estas condiciones, tendemos a desaparecer. En Santiago del Estero, por ejemplo, de 90 quedaron aproximadamente 30, con el territorio enorme que tiene; en Salta, de 40 quedaron 14. En el sur incluso hay provincias con solo un técnico.
Nosotros trabajamos las ocho horas que nos corresponden y a veces más para asistir a las familias. Incluso hay compañeros que se van semanas enteras para estar con los productores. Muchas veces tuvimos que gestionar recursos más elementales porque esa gente no tenía agua siquiera. Lo que defendemos es una forma de producir. no queremos que esas familias tengan que dejar sus tierras y vengan a engrosar las villas. Quiero recalcar que estos productores generan más del 80% de lo que se consume en el país en alimentos frescos. No son ellos los que especulan con la suba del dólar. Los productores viven de esto, y con nuestros despidos están dejando sin ninguna política a uno de los sectores más vulnerables.
V: ¿Cuál es la respuesta del gobierno?
LC: Los que están despedidos, van a quedar así. No hay un lineamiento claro para quienes permanecemos trabajando. El trabajo que antes realizábamos es imposible hacerlo en estas condiciones. Están condenando a miles de familias quitándoles el derecho al financiamiento, a la asistencia, a vivir y producir en las condiciones en que lo vienen haciendo, aun con las dificultades que tienen.
V: ¿Qué otras cosas les quitaron?
LC: Les quitaron también el monotributo social, quitándoles con ello el derecho a la jubilación y a la obra social. Ese “ahorro” no volvió de ninguna manera a la agricultura familiar, sino que fue a pagar el ajuste. Está claro que este sector no es una de las prioridades de este gobierno, y más con el ministro que tenemos, ex presidente de la Rural y que, por ejemplo, cuando el dólar trepó a 40 pesos, y le avisaron que se les iba a cobrar “algo”, que ni siquiera es un arancel, truchó las exportaciones para no tener que pagar ni eso. Obviamente que con eso se benefició tanto él como el sector de las grandes corporaciones en Argentina. Ese mismo ministro que dijo que nosotros “somos una cueva de chorros”, cuando él mismo tiene una cantidad enorme de causas.
Pero también nos atacan por pedir paritarias justas, por no conformarnos con un 15% de aumento cuando la inflación es de 40; o por querer pasar a planta permanente, cuando nuestro encuadre legal prevé que un estatal luego de tres años pase a esa condición. Nuestra prioridad es la reincorporación de los despedidos, pero son derechos que a nosotros nos recortan.
V: ¿Cómo se fue desarrollando su conflicto?
LC: Cuando se dio de baja el monotributo, el 8 de agosto, comenzó a generarse una deuda para los productores que no estuvieran reempadronados. El día siguiente nosotros recibimos la noticia de que en la SAF se iban a despedir a 1200 compañeros. Ese mismo día nos pusimos en estado de alerta y movilización, y durante tres semanas se dieron informaciones cruzadas para desmoralizarnos. A fines de septiembre, el ministro aparece públicamente y confirma 600 despidos y comienzan a circular listas por correo. Ese mismo día nos estuvimos buscando en las listas. El grado de perversión es terrible, y el desgaste al que fuimos sometidos espantoso. Pero les salió al revés, porque los compañeros comenzaron a organizarse en todo el país para visibilizar el conflicto.
El lunes, confirmamos que ocho compañeros habían sido despedidos en Tucumán, y comenzamos con un paro por tiempo indeterminado, lo que no significó que dejáramos de atender a los productores, que por otro lado nos brindaron toda su solidaridad. Ellos nos acompañan en todas las actividades públicas que realizamos, una vez por semana: ferias, volanteadas, etc.
Hubo compañeros que ya habían sido despedidos hace dos años, y reincorporados con la lucha, que aún no tienen el telegrama, pese a figurar en esa lista. Y aunque no están formalmente despedidos, tampoco pueden trabajar normalmente, ya que no pueden ingresar al sistema, así que está en una nebulosa porque ni siquiera puede iniciar acciones judiciales.
V: ¿Y cómo siguen con el conflicto?
LC: En primer lugar, visibilizando nuestro trabajo, porque parece que no existiéramos, pese a la importancia que comentaba que tenía nuestro trabajo en conjunto con los productores. Y por otro lado, recurriendo a la legislatura provincial porque este desfinanciamiento, estos despidos, repercuten en un desfinanciamiento provincial.
Tenemos compañeros que estaban a tres meses de jubilarse, o que le faltan dos años de aportes… Es una situación perversa para todos: para los 26 despedidos y para los que nos mantenemos adentro. No hay perspectiva tampoco de que se abra una mesa de negociación…
Seguimos en la misma lucha desde hace dos años y medio, sin saber el criterio por el cual se despidió a más de mil compañeros, y absolutamente arbitrarios.
Esta es una política pública clara del gobierno, que tiene que ver con un modelo de país y un plan económico, que implica el desfinanciamiento y el desguace del Estado. Nosotros lo que exigimos son otras políticas, que sean verdaderamente públicas, que beneficien a la agricultura familiar, y que beneficien al Estado.